El Economista - Agua y Medioambiente
LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO NECESITARÁ 150.000 MILLONES
El proyecto de Ley del Ministerio de Teresa Ribera ha levantado ampollas en varios sectores
El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene un objetivo: descarbonizar la economía española y para ello, hay dos ámbitos básicos en los que quiere actuar: la electrificación de la economía y la movilidad. Los objetivos son “ambiciosos”, según han declarado desde distintos ámbitos socioeconómicos. En concreto, para el año 2030, España deberá reducir las emisiones de dióxido de carbono un 20 por ciento con respecto al año 1900; aumentar la penetración de las energías renovables hasta el 35 por ciento y mejorar la eficiencia energética un 32 por ciento. Y son ambiciosas también desde el punto de vista económico, financiar este cambio no será barato, ya lo declaró la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien explicó que se tendría que dedicar el 20 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado -lo que supone más de 30.000
millones de euros al año-, más movilizar otros 100.000 millones en inversión privada. Los cálculos coinciden, pero podrían quedarse cortos. Según Red Eléctrica de España, solo en la red será necesario invertir 30.000 millones de euros, y según Arcadio Gutiérrez Zapico, director general del Club Español de la Energía, se precisará una inversión de 70.000 millones de euros en renovables. A estos 100.000 millones, habría que sumar alrededor de 48.000 millones para conseguir que el parque de coches sea eléctrico, y el coste de la mejorar la eficiencia energética de los edificios, que supondría rehabilitar 500.000 viviendas al año.
La gran duda es quién se hará cargo de esta inversión. “Nadie sabe el mix energético que habrá en el año 2030 y nadie sabe cuál va a ser el coste, porque va a haber evoluciones tecnológicas, subirán los costes fijos, bajarán los precios de cada energía... Pero lo que está claro es que la descarbonización no va a ser gratis”, explica Jorge Sanz, presidente de la Comisión de Expertos en Transición Energética, que en su informe sobre este proceso ha elaborado distintos escenarios en los que se ha puesto de manifiesto que hoy en día las renovables eléctricas son rentables, pero las no eléctricas aún no lo han conseguido, y que el proceso de electrificación de la economía no será posible sin la energía nuclear.
Financiación
La fiscalidad será una de las herramientas que se tendrá que modificar y la apuesta debería ser hacia “la sustitución de impuestos actuales por impuestos medioambientales, que incluyan las emisiones de CO2, SO2, NOx y partículas”, asegura Sanz, quien también indica que habrá que actuar sobre los precios de las distintas fuentes de energía para financiar las renovables entre todos los consumidores energéticos y lograr los objetivos de penetración. Así, la tarifa eléctrica doméstica debería bajar un 7 por ciento; el gas, subir un 6 por ciento; la gasolina un 2 por ciento, y el gasóleo A un 28 por ciento.
Lo que está claro es que en este proceso habrá ganadores y perdedores. El Gobierno tiene claro que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe garantizar que “no se quede nadie atrás”, según explica José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía.
Esto implicará que varios sectores tendrán que reconvertirse, y uno de los más afectados será el petrolero, por todas las medidas que tomarán para fomentar cambios en la movilidad y el vehículo eléctrico. Actualmente, el 96 por ciento del consumo de los vehículos es fósil, mientras que en 2030 debería haber bajado al 83 por ciento, porcentaje que debería ir cayendo ya que, a partir de ese año, el 60 por ciento de los vehículos que se vendan deberían ser eléctricos o híbridos enchufables.
Y debería ser así, ya que el Gobierno tiene la intención de prohibir la venta de coches híbridos, diésel y gasolina a partir de 2040, una medida que ha sido duramente criticada por el sector petrolero, y que consideran que “no es sensata”, en palabras de Luis Aires, presidente de la Asociación Española de Operadores Petrolíferos, y argumenta que la decisión podría crear una incertidumbre innecesaria y socavar los principios de libertad de las empresas y de los consumidores.
El sector del transporte también ve pegas a esta medida. Rosa Arce, directora del Centro de Investigación del Transporte (Transyt) asegura que “nos plantea muchas dudas que el coche eléctrico vaya a reducir tanto las emisiones. Hay que explorar muchas otras herramientas, ya que no parece que haya estudios suficientes para saber en qué hay que incidir. ¿Está realmente pensado el impacto que puede producir? No sólo desde el punto de vista de la pobreza energética, también un aumento del coste del transporte”.
En el lado contrario, las compañías eléctricas ya se están preparando para estos cambios, y no sólo a través de la inversión en tecnologías renovables, sino que, por ejemplo, Endesa se ha comprometido a instalar 8.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos hasta 2030 (3.300 están contemplados en su plan hasta 2021) y, según declara José Casas, director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, “la empresa está en disposición de hacer las inversiones necesarias en aquellos lugares en los que las gasolineras no quieran”.
La red no será el único problema. Según el profesor de la Universidad Libre de Bruselas, Samuele Furfari, “para que el 10 por ciento del parque automovilístico sea eléctrico se necesitan 7,1 TWh”. No se trataría tanto de un problema de capacidad como de potencia para facilitar la carga rápida a los usuarios, y para ello, “España necesitaría doblar la capacidad eléctrica y eso no es posible solo con renovables”.
De hecho, para alcanzar los objetivos de renovables, el sistema de generación supondrá contar con entre 50.000 y 60.000 MW hasta 2030, lo que supone más de 5.000 MW al año.
Y no solo se trata de sumar megavatios, sino de sustituir las fuentes más contaminantes, como las plantas de carbón. Según el secretario de Estado de Energía, “9 de las 18 plantas de carbón que están en funcionamiento actualmente van a cerrar como muy tarde antes de junio de 2020 porque no han hecho las inversiones necesarias”, y el resto cerrarán progresivamente.
Todo ello con el ambicioso objetivo de reducir los 330 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero que está generando España actualmente. Y todo ello, teniendo en cuenta que España fue uno de los países de Europa donde más crecieron las emisiones en el periodo 2014-2017.
El proceso se puede ver como un problema o como una oportunidad, y como recuerda Mariluz Castilla, del Grupo Español de Crecimiento Verde, “no falta dinero, sino de redirigir con medidas concretas los flujos financieros para acelerar los cambios”.