El Economista - Agua y Medioambiente
EL GOBIERNO PREMIARÁ LA CONTRATACIÓN ECOLÓGICA
La Administración General del Estado incorporará criterios ‘verdes’ para comprar bienes y servicios
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere llevar su apuesta por la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático a una nueva dimensión, y lo hará con los mecanismos que tiene desde la Administración General del Estado para impulsar los bienes y servicios ecológicos. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de diciembre el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado 2018-2025, que también afecta a los organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el que se establecen los criterios medioambientales que tienen que seguir estos organismos para las
contrataciones. Se trata de un paso más en el camino hacia la Economía Circular que ya inició el anterior Gobierno y que está marcando Europa.
“Hay múltiples formas de impulsar la economía circular, y ésta es una de las principales”, asegura Nicola Cerantola, profesor asociado de Economía Circular y Emprendimiento Verde de la Escuela de Organización Industrial, EOI, quien continua que “representa un paso más allá del impacto económico en el sector ‘cero’, es una declaración de intenciones que cambia los equilibrios en el mercado. Cuando se habla de Economía Circular y nuevos modelos de producción y consumo más eficientes hacia el residuo cero, a veces caemos en el error de centrarnos en las empresas (y su producción y consumo B2B) e informar al consumidor (y su decisiones de comprar y hábitos de consumo) considerando el sector público simplemente como un articulador de esta situación, una especie de arbitro que tiene que vigilar a los jugadores. Con este tipo de propuestas, el arbitro empieza a jugar y cambiar las reglas del juego a favor de lo que debe ser, una economía más sostenible, justa y competitiva en el tiempo”.
Antecedentes
La Ley de Contratos del Sector Público, aprobado el pasado invierno, ya puso los cimientos para que la administración pública impulsara las compras con criterios medioambientales. En esta norma se introdujeron novedades importantes en la adjudicación de los contratos, como el hecho de que éstas se deben realizar utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, en los que se incluye el coste del ciclo de vida de los productos y servicios, teniendo en cuenta desde la investigación y desarrollo de los mismos, la fabricación o producción, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de materias primas necesarias y la generación de residuos.
Además, se establecen criterios cualitativos en la evaluación de la mejor relación calidad-precio que pueden ser medioambientales, como la reducción del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética o la utilización de energía procedentes de fuentes renovables, entre otros.
Este es un plan que venían demandado desde distintos ámbitos, especialmente desde el sector el reciclaje y los productos y servicios ecológicos, sobre todo aquellos que utilizan materias primas provenientes de materiales reciclados puedan competir en igualdad de condiciones, y hasta con cierta ventaja sobre aquellos materiales más contaminantes. “La
7 Son los años de vigencia del Plan de Contratación Pública Ecológica
administración no solo es importante por el elevado porcentaje que representa sino por el efecto ejemplarizante que puede tener en el sector privado a la hora de incorporar criterios ecológicos para la adquisición de productos y servicios”, apuntan desde uno de los sistemas integrados de gestión de residuos.
“Hasta ahora los productos y servicios de la actual economía lineal compiten de manera desleal con los productos ecológicos. Esto se debe a qué en los últimos 2 siglos hemos estado optimizando este sistema, que ha monopolizado nuestras formas de vivir. Proponer un nuevo modelo más sostenible, supone desafiar el estatus quo viciado por muchas inercias y cuyas empresas aún no entienden del todo los retos que tenemos delante en cuanto a medio ambiente”, indica el profesor de la EOI. “Promover la compra pública verde es claramente un paso clave para que la balanza empiece a moverse hacia poner en valor otros tipos de productos, mucho más responsables dando un fuerte empujón a todo el sector verde que aún sigue luchando mucho para competir con el convencional”, continúa.
Objetivos
El Gobierno destacó tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó este plan que la contratación pública ecológica es una importante herramienta para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio
climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles.
En este sentido, el Plan de Contratación Pública Ecológica, con una vigencia de 7 años, sin perjuicio de que se pueda proceder a su revisión y actualización, incorpora criterios ecológicos en la contratación pública, lo que permitirá a las administraciones públicas, en el desarrollo de su actividad, fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental.
El Plan es un marco de referencia para la contratación de las administraciones públicas, incorpora criterios ecológicos de la Unión Europea y puede servir también como modelo en otros tipos de contratos privados.
Dicho plan, que resulta de aplicación a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, define qué se entiende por contratación pública ecológica y establece una serie de objetivos.
En concreto, se marca como metas promover la adquisición por parte de administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible; servir como instrumento de impulso del plan de acción de la Unión Europea para la economía circular y como apoyo para la transición hacia una economía baja en carbono. Además, pretende apoyar con medidas concretas para conseguir un crecimiento “inteligente, sostenible e integrador”, garantizando al mismo tiempo un uso más racional y económico de los fondos públicos; promover la incorporación de cláusulas medioambientales en la contratación pública y, por último, dar publicidad en el ámbito de la Administración General del Estado, sus organismos autonómicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, de las posibilidades que ofrece el marco jurídico tanto nacional como internacional sobre la contratación pública ecológica.
A nivel más concreto, el plan establece objetivos claros, como la intención de atajar la obsolescencia programada, premiando productos más duraderos, pero “habrá que ver cómo se concreta”, explica Nicola Cerantola. Otro aspecto es el objetivo de que el 100 por cien de la energía contratada por la Administración Central del Estado sea renovable en 2025, o que el 50 por ciento de los contratos licitados en ese año tengan en el proceso de contratación empresas inscritas en el Registro de huella de carbono, compensación y proyecto de absorción de dióxido de carbono o en un esquema similar.
“En términos generales, quizás falte algo más de ambición en cuanto a
ciertos valores como la tasa de reciclabilidad de algunos criterios, la no inclusión de la servitización (pasar de producto a servicio fomentando así una mejor explotación del recurso) como estrategia a adoptar y la elección (que por ahora está bien pero puede quedar corta en breve) de la huella de carbono como indicador cuando se espera que pronto podremos contar la Huella Ambiental de Producto que aún está finalizando su desarrollo a nivel europeo”, explica el experto en economía circular de la EOI.
20 grupos de bienes y servicios
En el plan se determina un grupo de 20 bienes, obras y servicios prioritarios, de acuerdo con los criterios de contratación ecológica de la Unión Europea, entre los que destacan la construcción y gestión de edificios, la construcción y el mantenimiento de carreteras, suministro de electricidad, los equipos de impresión y ordenadores, productos y servicios de limpieza, sistemas de climatización y el transporte.
Asimismo, recoge una serie de criterios medioambientales generales de contratación, de carácter voluntario, que podrán ser incorporados a los pliegos de contratación como criterios de selección, de adjudicación, especificaciones técnicas y condiciones especiales de ejecución.
Otras administraciones
La Administración General del Estado da un impulso a las compras verdes con este plan, pero desde otras administraciones llevan años trabajando en este ámbito. En el Gobierno Vasco, las compras públicas verdes ya suponen aproximadamente el 14% del PIB de la región. Desde el Ihobe (Sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco) se han desarrollado pliegos técnicos que incluyan criterios medioambientales en la mayoría de los productos y servicios contratados por las administraciones habitualmente.
También se han recogido ejemplos reales de pliegos de condiciones de contratación y compras públicas verdes en diferentes ámbitos de la administración regional. . El Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 se fija como objetivo que el 50% de las compras públicas de la región en el año 2020 sean hechas siguiendo criterios ambientales. Entre las medidas incluidas están la puesta en marcha de programas piloto en ámbitos novedosos, la ejecución de pliegos de condiciones que sirvan como ejemplo en la contratación de los productos y servicios prioritarios, apoyo técnico a las administraciones, revisión de contratos públicos existentes, promover la compra pública centralizada, integrar la compra verde en la oferta formativa, implicar a los fabricantes y proveedores en el proceso de diseño de compras verdes, difundir buenas prácticas y monitorizar resultados.
El Ayuntamiento de Madrid fue pionero en la introducción de cláusulas sociales en sus contratos de compra y contratación pública. Son cláusulas que premian políticas de igualdad, la estabilidad en el empleo, las condiciones laborales y la accesibilidad.
Por su parte, Castilla y León, a través del Acuerdo 59/2012, de 26 de julio por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, estableció que los órganos de contratación, en el momento de definir el objeto del contrato, y siempre que su naturaleza lo permita, incluirán de forma expresa el valor social de las obras, los productos o los servicios que necesiten contratar.