El Economista - Agua y Medioambiente
Ultimátum de la UE a España por el estado de sus aguas
Inés Oria.
Hasta ahora, urgía a hacerlo, pero la Comisión Europea ha fijado un plazo máximo a España para que actúe de forma “decidida y ambiciosa” ante la que considera insuficiente protección de sus aguas frente a la contaminación derivada de las fuentes difusas agrarias e industriales. El primer aviso llegó al palacio de la Moncloa como una Carta de Emplazamiento en noviembre de 2018, pero la Unión establece ahora un plazo que expira el 1 de octubre para revertir la situación bajo el aviso de que, si no se modifican los protocolos de acción, el caso será remitido al Tribunal Superior de Justicia de la UE, que podrá establecer sanciones millonarias.
El Gobierno tiene apenas dos meses para adaptarse a la Directiva de Nitratos de Bruselas, que amenaza con imponer sanciones si la contaminación no remite.
En concreto, el organismo que preside Ursula von der Layen recuerda la obligatoriedad de cumplir la Directiva de Nitratos de 1991, que tiene por objeto
EP
“proteger la calidad del agua en toda Europa evitando que los nitratos procedentes de fuentes agrícolas contaminen las aguas superficiales y subterráneas” y que, desde hace años, España vulnera de forma reiterada en varias Comunidades Autónomas.
La Directiva establece que una concentración de nitratos por encima de 50 mg/L en el agua puede acarrear consecuencias graves para la salud pública e, incluso, poner en riesgo el abastecimiento. En algunas masas de agua españolas, según WWF, los niveles superan los 100mg/L. La asociación conservacionista apunta a una inadecuada coordinación entre las Administraciones responsables, apuntando al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a los gobiernos autonómicos, a las Confederaciones Hidrográficas y a la Dirección General del Agua, a quienes acusan de desoír las reiteradas advertencias de la Comisión Europea sobre el mal estado de las masas de agua.
Ante estos datos, la UE impone plazos al Gobierno de Pedro Sánchez para que evalúe la eficacia de los programas de actuación hoy en vigor, instando a las autoridades a reforzarlos, y le urge a que reelabore sus protocolos de seguimiento, velando por su cumplimiento en los espacios ya catalogados como Zonas Vulnerables de Nitratos, añadiendo otras nuevas en el caso de detectar niveles inadecuados.
Específicamente, las autoridades europeas piden a las españolas que limiten la aplicación de fertilizantes y que controlen, asimismo, la gestión de los purines procedentes de la ganadería, y que aplique las medidas necesarias para frenar el deterioro de los ríos, los acuíferos y los humedales afectados ya por estos desechos.
El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en un programa de control sobre las zonas afectadas pero, hasta la fecha, aún no ha sido aprobado.
5 AÑOS LIDERANDO LAS INFRACCIONES
Los datos de la Unión Europea certifican que España es el socio comunitario que más sanciones acumula, y que ocupa esta primera posición desde hace un lustro. Nuestro país terminó el año 2019 acumulando 25 expedientes ambientales abiertos por el incumplimiento de normativas comunitarias, la mayoría arrastrados de años anteriores. Aún así, destaca también el esfuerzo para observar debidamente las normas: hasta 11 procesos abiertos han sido clausurados sin sanciones durante el año pasado.
La mayoría de los procesos abiertos se relacionan con la incorrecta gestión del agua y a problemas con la depuración urbana, aunque se suman otros referidos a la contaminación del aire en las grandes capitales (Madrid y Barcelona, por sobrepasarse en ellas los niveles de dióxido de nitrógeno permitidos) y por las deficiencias en la gestión de los residuos.