El Economista - Agua y Medioambiente
El Plan Dsear pretende poner fin a las sanciones europeas
El Miteco tiene previsto destinar 1.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europea a acometer las actuaciones en materia de saneamiento y depuración que permitan zanjar los expedientes y multas que arrastra España por incumplir la Directiva de Agua
España es, junto con Grecia, el país que más expedientes ambientales asociados a sanciones mil millonarias acumula en toda Europa por incumplir las normativas comunitarias. En el ámbito de la gestión hidráulica, estas infracciones ponen de manifiesto la incoherencia que muestra nuestro país a la hora de cumplir con la política europea.
Con cientos de planes de saneamiento y depuración ya diseñados y aprobados, pero todavía pendientes de ejecución, las multas y sanciones continúan acumulándose y la Justicia de la Unión mantiene abiertos varios expedientes y requerimientos contra la gestión de las aguas en docenas de localidades españolas de entre 2.000 y 15.000 habitantes, por sus incorrectos o, en todo caso, deficitarios procesos de depuración.
Una asignatura pendiente
La reutilización y el saneamiento del agua resultan fundamentales para un país como España que, además de contar con acuíferos sobreexplotados, tiene dificultad para atender las demandas y cumplir con los caudales ecológicos. Sin embargo, ambas actividades continúan siendo asignaturas pendientes.
Desde que finalizaron las acciones previstas en el Plan Nacional de Depuración iniciado a finales de los 90, la inversión en esta materia ha sido escasa e irregular, por lo que no resulta extraño que el déficit en depuración para tratamiento secundario alcance un 16% y este porcentaje se eleve hasta el 60% cuando se trata de tratamiento terciario en zonas sensibles.
Teodoro Estrela, director general del Agua, reconocía durante la reciente presentación al público del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan Dsear) que España está por debajo de la media europea en inversión per cápita en cuanto a saneamiento y depuración, y señalaba además que, en estos momentos, hay más de 500 núcleos urbanos que no cumplen con la Directiva comunitaria. Y este es uno de los principales objetivos sobre los que pivota el nuevo plan: poner fin a los expedientes sancionadores que la Unión
Europea ha impuesto a España por incumplir las directrices marcadas por Bruselas.
Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, ha confirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene previsto acometer de forma prioritaria las actuaciones en materia de saneamiento y depuración que permitan zanjar los procedimientos de infracción y multas que arrastra España por incumplir la Directiva de Agua a través de 1.000 millones de euros del Fondo de Recuperación.
Por su parte, Víctor Arqued, subdirector general de Planificación Hidrológica, ha recalcado que se necesitan “nuevas formas de actuar” para evitar que España siga pagando “importantes sanciones” a Europa y, asimismo, ha señalado que el plan previsto es ambicioso, pero realista, para dar los pasos precisos de forma que se pueda lograr que el futuro del agua en España no sea igual que en el pasado.
Un instrumento de gobernanza
El Plan Dsear cuenta con unas 150 páginas y está abierto a consulta pública hasta el próximo 31 de diciembre para que la población y partes interesadas puedan presentar sus comentarios y alegaciones antes de su aprobación definitiva que, según las estimaciones del Ministerio, podría producirse en los primeros meses de 2021. A continuación, su contenido se incorporará a los organismos de cuenca y a la Planificación Hidrológica para el periodo 2021-2027, que deberá estar lista antes de que finalice 2021.
Aunque su finalidad más urgente sea acabar con las sanciones, Estrela ha destacado que el documento ha sido diseñado para convertirse en un instrumento de gobernanza que de soporte a la planificación hidrológica, que recoja las medidas para resolver los problemas actuales y que permita detectar y diagnosticar los problemas y recabar criterios y propuestas de actuación para incorporarlas a la planificación hidrológica, “sobre todo en las actuaciones de la administración central del Estado”.
Más seguridad y un uso eficiente
Las infraestructuras hidráulicas, que han resultado claves durante la gestión de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, contarán en los Presupuestos Generales del Estado con 673,17 millones de euros, a los que se sumarán 93,30 millones que se invertirán a través de los entes públicos y las sociedades estatales. En total, la suma para inversiones hidráulicas asciende a 766,47 millones.
El proyecto presupuestario promoverá medidas en los planes hidrológicos de cuenca, con la intención de aumentar la seguridad hídrica y promover un uso eficiente de los recursos, planteando así como objetivo principal satisfacer las demandas de manera sostenible.
Además, también contempla implantar medidas para la adaptación al cambio climático, así como incorporar su gestión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Más de 12 millones fueron impuestos directamente por el Tribunal de Justicia de la Unión en el mismo momento de la publicación de la sentencia aunque, ya por entonces, hasta nueve aglomeraciones urbanas de Andalucía, Asturias y Canarias seguían vertiendo sus aguas residuales al mar o a los ríos sin ser tratadas previamente de forma adecuada.
Aunque la Comisión Europea está habilitada desde 1992 para sancionar a los Estados que incumplan sus directivas, no comenzó a utilizar este recurso hasta el año 2000, siendo la sentencia a España una de las más onerosas dictadas nunca contra un socio comunitario.
Las inversiones para zanjar las sanciones europeas serán las primeras en ser aprobadas
El incumplimiento de directivas medioambientales sigue siendo la principal causa de sanción impuesta por la Justicia europea, y son los relacionados con el agua los que ocupan además un lugar más destacado.