Desperdicio de alimentos: nueva oportunidad para una ley transformadora en España

LResponsable de relaciones institucionales y asuntos públicos

de Too Good To Go en España a lucha contra el desperdicio de alimentos coge impulso en nuestro país. El año pasado, la convocatoria de elecciones generales del 23 de julio hizo que el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que había sido aprobado en el Congreso de los Diputados meses antes se quedara a las puertas del Senado y en suspenso, sin completar el proceso parlamentario.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido arrancar este 2024 abriendo el cajón para retomar su tramitación parlamentaria una vez fue aprobado en el primer Consejo de Ministros del año, brindando así una nueva oportunidad para que esta ley sea una realidad y que España sea referencia en la lucha contra el desperdicio de alimentos a nivel global.

Sin duda alguna se trata de una ley muy bienvenida y hay que valorar muy positivamente que el Gobierno la haya asumido como una prioridad porque se inicia el camino para plantar cara a uno de los grandes retos que tenemos por delante como país. Sin embargo, al consultar el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, se echa en falta una ley más ambiciosa y que vaya a la raíz del problema.

Y es que no podemos olvidar que cada año se desperdician más de 7,7 millones de toneladas de alimentos en España. A nivel mundial son más de 2.500 millones de toneladas de comida desperdiciada, contribuyendo al agotamiento de recursos naturales y representando aproximadamente el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según datos de WWF.

El desperdicio alimentario también implica una pérdida económica global de 1,2 billones de dólares y plantea serios dilemas de índole social pues todo esto pasa en un mundo en el que 828 millones de personas sufren hambre, según datos de la ONU.

Todas estas cifras deben hacernos reflexionar sobre la urgencia de contar con una ley transformadora, que adopte un enfoque más enérgico y se ajuste a la

magnitud del problema impulsando una acción ágil y eficaz que fomente la acción de todos los actores de la cadena de valor.

Es cierto que el texto legislativo presentado en estos momentos incluye cuestiones de gran relevancia y de suma importancia para acabar con el desperdicio de alimentos como es la obligación de los actores de contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como una jerarquía de prioridades obligatoria para todos los agentes de la cadena de valor que sitúa el consumo humano como primer escalón.

Asimismo, el texto incluye la obligatoriedad de firmar convenios con organizaciones sociales para la donación de sus excedentes alimentarios y también se obligará a los restaurantes a ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse las sobras a casa.

Además, el proyecto contempla un catálogo de buenas prácticas e incorpora sanciones económicas importantes que van desde los 2.000 y 60.000 euros para quienes no cumplan con las obligaciones, y hasta los 500.000 euros para los reincidentes.

Sin embargo echamos de menos cuestiones fundamentales como incluir la prevención como paso inicial en la jerarquía de prioridades, puesto que el mejor residuo es el que no se genera.

Además, otro aspecto relevante es la medición y para ello la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para medir de manera efectiva el desperdicio alimentario en todas las fases de la cadena de valor y no solo en la fase de consumidor.

Se echa en falta una ley más ambiciosa que incluya cuestiones fundamentales como la prevención

De esta manera podremos saber con detalle el reto al que nos enfrentamos, poder analizar su evolución y adoptar medidas concretas que permitan actuar sobre el problema de forma acertada.

Asimismo, es más que necesaria la fijación de objetivos de reducción de desperdicio de alimentos a nivel nacional y en cada una de las fases de la cadena de valor.

Una ley con ambición debe incluir objetivos concretos que sitúen una meta a alcanzar y que además estén alineados a la iniciativa de la Comisión Europea que ahora mismo se está tramitando y que establece el objetivo de reducir en un 10% el desperdicio resultante en las transformación y fabricación de alimentos y un 30% en la venta al por menor y en los hogares para coordinar esfuerzos y lograr un texto coherente.

Además de añadir otras cuestiones de importancia como la de fomentar la venta de productos cercanos a su fecha de caducidad o con imperfecciones, no solo para reducir el desperdicio, sino también para cambiar las percepciones del consumidor.

Según el estudio ‘La percepción sobre el desperdicio alimentario en España’ que realizamos desde Too Good To Go para conocer la opinión de los consumidores españoles sobre el desperdicio de alimentos, ocho de cada diez ciudadanos creen que una ley nacional contra el desperdicio de alimentos es una medida positiva porque reconoce esto como un reto de toda la sociedad y favorece la implicación de todos los actores: los ciudadanos, empresas, las Administraciones Públicas y las organizaciones sociales.

Tenemos ahora una nueva oportunidad para impulsar una ley ambiciosa y transformadora que nos coloque a la vanguardia en Europa en la lucha contra el desperdicio de alimentos. No la dejemos escapar.

Victoria Albiñana