Los riesgos de prometer sin conocer el coste de cumplir

La cuestión será determinar cuál puede ser el coste final de los conflictos con empresas para las arcas públicas si no se alcanzan acuerdos y si este será asumible en el contexto de dificultad económica que sufre la Comunidad

Marcar distancias con el anterior equipo de Gobierno de la Generalitat y con sus políticas sociales y económicas ha sido una prioridad para el nuevo Consell desde el mismo día de su constitución. Las primeras comparecencias públicas de los responsables de las distintas consellerias han estado marcadas por mensajes efectistas de ruptura y promesas de revisión en algunos de los ámbitos de mayor interés para la ciudadanía. Sin embargo, las prisas a veces son traicioneras y pueden pasar factura, ya que no todo es siempre tan fácil como, a priori, parece.

El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha visto obligado a admitir que la recuperación de Radio Televisión Valenciana (RTVV) encierra una complejidad legal, laboral y económica que no permite concretar, por el momento, ni fórmulas ni fechas de reactivación de la emisión. Con el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, en la mente de sus electores, únicamente puede garantizar que ese día habrá emisión de Canal 9, pero no de qué tipo y si la señal se apagará en unas horas y dejará la reactivación definitiva de la televión pública como asignatura pendiente.

La promesa de revisión de la normativa de horarios comerciales, con un planteamiento que supone volver en la práctica a la situación previa a la modificación de la ley estatal básica aprobada por el Gobierno central, es otro de los campos de batalla en los que la Generalitat parece no haber medido bien sus fuerzas. El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, se ha posicionado públicamente a favor de los pequeños y medianos comerciantes, en perjuicio de los intereses de las grandes superficies y centros comerciales, que no están dispuestos a renunciar a sus actuales derechos a cambio de nada. Climent admite que su propuesta puede derivar en una avalancha de procesos judiciales en contra de la Generalitat y los ayuntamientos, pero afirma estar dispuesto a asumirla, en pro “del cambio de modelo económico y productivo”. La cuestión será determinar cuál puede ser el coste final de estos procesos para las arcas públicas valencianas si no se alcanza un acuerdo con el gran comercio ysi este será asumible en el contexto de dificultades económicas que atraviesa la comunidad.

Una situación similar se da en materia de concesiones de servicios sanitarios a empresas privadas. Muchos frentes abiertos para el nuevo curso del recién estrenado Consell.