De la voluntariedad a la obligación legal

Incipiente imposición

Integrar políticas de responsabilidad social y sostenibilidad en una empresa es algo voluntario, pero le permitirá ir adaptándose a la evolución futura del marco regulatorio. “Si bien es cierto que, en la mayoría de los casos, los legisladores optan por medidas y acciones para incentivar su aplicación -como, por ejemplo, valorándolas como criterio de desempate en concursos públicos-, estamos observando cómo se empiezan a imponer prácticas por ley, como ha ocurrido con el reporte no financiero o de sostenibilidad”, apunta José Gámiz.

Fecha límite: 31 de marzo

La normativa europea plantea que, a medio y largo plazo, la mayoría de firmas elabore un reporte no financiero. El 29 de diciembre, se publicó en el BOE la ley que extiende la obligación a empresas de más de 500 empleados, umbral que, en dos años, se rebajará a 250. Las afectadas tienen hasta el 31 de marzo para presentar el informe de sostenibilidad correpondiente a 2018.

‘Efecto cascada’

“El legislador obliga a las grandes empresas y, a su vez, éstas a las más pequeñas con las que tienen relación comercial. Así, el mercado extiende las buenas prácticas y modelos de negocio sostenibles”, concluye Gámiz.