El Economista - Comunitat Valenciana
El ‘sudoku’ de Patrimonio y revisar las tasas verdes, el nuevo reto fiscal
Tras eliminar Sucesiones a la familia más directa y las deducciones del IRPF, el Consell de Mazón tiene pendiente parte de su reforma para rebajar impuestos.
En los primeros seis meses del Gobierno valenciano de coalición de PP y Vox ya se han materializado varias de las medidas estrella prometidas en la campaña electoral para poner fin a lo que el propio presidente Carlos Mazón había bautizado como “el infierno fiscal valenciano”. De hecho, el propio Mazón fijó el 28 de mayo, el día de las elecciones autonómicas, como fecha para aplicar la nueva norma que supone eliminar en la práctica la mayoría del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los familiares de primer grado. Una medida que se ha materializado con una bonificación del 99% en ese tributo cuando afecta a padres, hijos o cónyuges.
En los primeros presupuestos autonómicos del Ejecutivo de la Generalitat de Mazón también se han materializado otras medidas de alivio fiscal, en su mayoría mediante nuevas deducciones en el IRPF en el tramo autonómico, como las dedicadas a los gastos vinculados a la salud, como los destinados a la vista, la salud bucodental y el cuidado de familiares con enfermedades graves o crónicas, además de los gastos derivados de la práctica deportiva. También la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) a los más jóvenes y colectivos desfavorecidos, unas medidas con las que espera generar un ahorro fiscal de 199 millones de euros.
Sin embargo, se trata sólo de una parte de la reforma fiscal incluida en el programa electoral del PP, que abarca cambios más ambiciosos en el IRPF con la modificación de los tramos y la reducción de
los tipos máximos y otras iniciativas en línea con las de otros Gobiernos autonómicos del PP. Entre ellas se encuentra la eliminación del Impuesto de Patrimonio, una supresión que está en los planes de la actual Conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino. Un plan que se ha visto modificado a la espera de lo que ocurra con el Impuesto para Grandes Fortunas puesto en marcha por el Gobierno central inicialmente con carácter provisional, pero que podría continuar en vigor. Un tributo que precisamente se aplica en aquellas comunidades que no recaudan el Impuesto de Patrimonio.
De momento, la Generalitat ha desactivado el incremento de tipos que había aprobado el anterior Gobierno del Botànic y que iba a entrar en vigor a partir del 31 de diciembre. La propia consellera de Hacienda, Ruth Merino, explicaba en una entrevista a elEconomista.es la posición del nuevo Consell: “Hay que tener en cuenta y estudiar lo que ocurre con el impuesto de grandes fortunas y si se consolida. De una forma u otra, elevando el mínimo exento, rebajando los tipos o con otras fórmulas, ajustaremos el Impuesto de Patrimonio para que este impuesto desaparezca. Pero lo que no vamos a hacer es suprimirlo para que el Estado se lleve esos ingresos que hasta ahora eran de las arcas autonómicas con el impuesto de grandes fortunas”.
No es el único tributo autonómico que está en revisión. Otra de las medidas fiscales aprobadas por el anterior Gobierno de izquierdas de Puig, los impuestos verdes incluidos en la Ley Contra el Cambio Climático. Esa normativa ya aprobada prevé que empiecen a aplicarse a partir de 2025 esos tres nuevos gravámenes. El primero gravará las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. También se aplicará otro impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero de instalaciones y otro tributo sobre grandes establecimientos comerciales, por el tráfico rodado que generan en su entorno.
Una subida fiscal que ha sido duramente criticada por los empresarios, por sus efectos especialmente
El Consell estudia como eliminar Patrimonio y evitar que el Estado recaude Grandes Fortunas
en industrias productivas y en el sector de la distribución. Según explicó Merino, esos nuevos impuestos verdes también están en revisión. “Es uno de los frentes que tenemos abiertos y que vamos a acometer a lo largo del año que viene ya de forma más seria, apunta. Según la propia consellera, la política fiscal busca consolidar precisamente la atracción de empresas y “los ciudadanos quieren que utilicemos los impuestos de una forma eficiente y vamos a intentar optimizar los recursos con los que contamos”.