Hasta final de año, nada que celebrar

El último cuatrimestre del año hace augurar pocas alegrías en el panorama político y social catalán. La evolución de la legislatura autonómica vendrá marcada por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del referéndum de independencia de octubre de 2017, en un momento en el que el soberanismo está abiertamente enfrentado y el unionismo fragmentado. El mes de septiembre será especialmente determinante para el independentismo, con la celebración de la Diada el día 11 y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) presionando para persistir en la secesión. Pocos días después, varias corrientes políticas se reunirán para decidir su futuro. Es el caso de la Crida per la República impulsada por Carles Puigdemont -hasta ahora con poco éxito- y del PDeCAT, que tiene en marcha un proceso participativo para decidir si mantiene su identidad -aunque aplicando recortes de personal- o se fusiona dentro de JxCat, que son las siglas que se han utilizado en las citas electorales y que han ido relegando a la formación neoconvergente al ostracismo y la insignificancia.

Al frente de la Generalitat, Quim Torra, siempre en contacto con Carles Puigdemont, gobierna en minoría con ERC, mientras JxCat y republicanos van acumulando crisis y reproches. Ello, sumado a la falta de presupuestos autonómicos y estatales, lleva a la parálisis de gobierno, con un Ejecutivo catalán que se limita a gestionar el día a día -por no poder impulsar nuevas inversiones- y a los gestos simbólicos que tanto agradan a Torra. Un ejemplo es el acuerdo de gobierno que se prevé aprobar tras las vacaciones, por el cual los funcionarios de la administración catalana podrán trabajar el 12 de octubre -día de la Hispanidad- y el 6 de diciembre -día de la Constituciónporque la Generalitat considera que en esas fechas no hay “nada que celebrar”. Y así será, si persiste el bloqueo político actual -que apunta a nuevas elecciones- y el tacticismo de los partidos impide los consensos necesarios para el progreso.