No hay desobediencia sin consecuencias

l soberanismo catalán, tanto desde el ámbito político como de las

civiles, se ratifica en cada acto público en la conjura independentista a través de la “lucha no violenta” y la “desobediencia pacífica”. Dejando de lado la antítesis de unir dichos sustantivos con esos complementos, lo que conlleva el riesgo de despertar reacciones violentas en algunos grupos más radicalizados, hay que subrayar que una revolución no violenta no es sinónimo de que no tenga consecuencias, tanto individuales -en caso de detenciones- como colectivas, como sociedad.

Los llamamientos a la desobediencia masiva buscan la impunidad a través de la multitud, pero insistir en ese mensaje erosiona las bases de la convivencia, que son unas leyes comunes para todos, y conduce a la anarquía. Si se renuncia a resolver los desacuerdos en el marco de la ley, el resultado consiguiente es el caos.

Además, las acciones de “movilización permanente” que preparan los grupos defensores de la independencia ante una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los líderes del Procés, vinculadas al bloqueo político y de las redes de transporte, perjudican al propio territorio al que dicen defender. La ingobernabilidad autonómica y el corte de carreteras y vías de tren perjudican a la actividad económica catalana en un momento especialmente sensible por la desaceleración e incluso riesgo de recesión internacional, mientras que los efectos de presión hacia el Gobierno central de Madrid con estas actitudes son muy colaterales. Es más bien una actitud desacertada de tirar piedras al propio tejado.

Está de sobra demostrado que las estrategias políticas no siempre se corresponden con el interés general, pero lo que hace dos años, con el referéndum unilateral de independencia, se convirtió en un freno al crecimiento, puede tornarse ahora en un acelerador de la crisis.