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138 MILLONES, LA FACTURA POR LAS PROTESTAS DE LA SENTENCIA
La campaña electoral arranca con Catalunya como eje central tras las protestas por la sentencia del 1-O
La sentencia del 1-O terminó condenando a los líderes del procés a casi 100 años de cárcel con penas comprendidas entre los nueve años impuestos a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y los 13 a Oriol Junqueras. Tres de los imputados, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó fueron sentenciados a un año y ocho meses, por lo que no ingresarán en prisión. La respuesta ciudadana a las penas dictadas por el Tribunal Supremo no se hizo esperar. Pocas horas más tarde de hacerse pública la sentencia, el 14 de octubre, zonas como Passeig de Gràcia o la avenida Diagonal quedaban colapsadas por las primeras protestas, llevadas a cabo principalmente por estudiantes en huelga. Lo que siguió durante la semana, hasta el domingo 20, fueron una concatenación de protestas, pacíficas algunas, violentas otras, que han dejado una factura que ronda, entre todos los afectados, los 138 millones de euros. Y eso solo en la primera semana, y todavía con importes que aumentarán en cuanto los costes de áreas aún no contabilizadas, como el refuerzo policial, salgan a la luz.
Desglosadas, estas cifras se contabilizan, en primer lugar, en casi tres millones y medio de euros achacados a los destrozos en bienes públicos ocasionados por las protestas en las ciudades de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Manresa y Sabadell. Solo en la Ciudad Condal, el balance entre el 14 y el 20 de octubre fue de, según el consistorio barcelonés, 1.044 contenedores quemados, 290 jardineras rotas, 12 árboles quemados, daños en siete obras públicas, 2.400 metros cuadrados de acera repuestos, 30 marquesinas dañadas y cinco destrozadas completamente, entre otras afectaciones. Asimismo, se reconocieron 213 incidencias en estaciones de la TMB, 50 incidencias en el interior de trenes, 32 en el exterior y cuatro depósitos quemados. Solo en estos percances en establecimientos de la TMB los daños superan los 150.000 euros.
En Tarragona, el impacto de los altercados se cifró en otros 150.000 euros, 6.000 más que en Lleida (144.000) y 50.000 más que en Girona (100.000), población en la que el consistorio, en el que gobierna el PDeCAT, intentó minimizar el gasto alegando inversiones ya previstas en los presupuestos, pero que a partir de la segunda noche de altercados nocturnos no se pudieron camuflar.
A todos los destrozos hay que sumar el coste de la acción extraordinaria de efectivos del SEM, que atendieron un total 339 personas en la ciudad, siendo la noche del viernes 18, tras la huelga general y la llegada de las marchas por la libertad a la ciudad, la más problemática, y 115 más en el
Los transportistas han sufrido pérdidas de 25 millones de euros diarios por las protestas
Aeropuerto de Barcelona el día 14 tras la convocatoria de Tsunami Democràtic. En el aeropuerto, además, se terminaron cancelando 110 vuelos el mismo día 14, número que ascendería a 213 al final de toda la semana.
No obstante, sin duda la peor parte se la llevaron los transportistas. Según cifras de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), el impacto de las protestas para los transportistas asciende a 25 millones diarios por cada día en el que sufrieron cortes en carreteras tan importantes como la de La Junquera, una zona por la que, según la entidad, pasan “más de 20.000 camiones cada día”. Desde la CETM explican que en total fueron cinco los días en los que sufrieron afectaciones, por lo que la cifra alcanza los 125 millones de euros. “Habrá empresas que no podrán asumir los costes de las protestas”, admiten a elEconomista.
Por otro lado, operadores privados como Vueling no han hecho público cuánto les costarán las protestas, así como tampoco se ha desvelado el
importe derivado del despliegue policial a raíz de la sentencia del procés.
Finalmente, el Ministerio de Fomento sí que ha admitido a cuánto sube la factura que pagará por las protestas entre el bloqueo al aeropuerto (1,2 millones), afectaciones a estaciones de tren (700.000 euros), daños a carreteras (360.000), la indemnización a los afectados por las demoras ferroviarias (1,2 millones) y los costes derivados del lucro cesante (4 millones).
En total, casi 138 millones a los que habrá que sumar los derivados de futuras movilizaciones. De momento, la huelga estudiantil indefinida iniciada el 29 de octubre en las universidades catalanas se saldó con el bloqueo de facultades por parte de los estudiantes en huelga -que también han convencido a varios rectorados para aplicar evaluación única en vez de continuada para poder adherirse a las protestas sin consecuencias académicas-, y la protesta de estudiantes que sí deseaban acudir a clase. Por otro lado, desde Tsunami Democràtic han anunciado nuevas acciones sin especificar, los días 11, 12 y 13 de noviembre y el día 18 de diciembre, día en el que finalmente se jugará el Clásico en el Camp Nou tras aplazarse el partido al considerarse que la seguridad no estaba garantizada el 26 de octubre, tras una manifestación contra la sentencia aquella tarde. “Jugamos
Tsunami Democràtic ya ha adelantado más acciones a partir de las elecciones generales
en casa”, alertan desde su cuenta en las redes sociales. Otras movilizaciones como la manifestación a favor de la unidad de España del domingo 27, se saldaron sin altercados.
Catalunya como eje central de la campaña del 10-N
La clase política catalana vivió las jornadas posteriores a la sentencia en un clima de disputa continua. Mientras algunos líderes independentistas como Quim Torra, presidente de la Generalitat, y Marta Madrenas, alcaldesa de Girona, participaban en las marchas por la libertad que cortaron durante tres días algunas de las principales carreteras de la región, los partidos constitucionalistas criticaban cada una de sus decisiones, comparecencias y acciones. En el ojo del huracán, el conseller de Interior, Miquel Buch, recibía críticas procedentes de todos los frentes, incluso desde la Generalitat, en forma de una investigación de la acción policial durante las protestas. Mientras Buch defendía cada día el trabajo de las fuerzas del orden, el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, anunciaba que impulsaban una comisión “para abordar toda la violencia policial de estos días”. Pujol no dejó de recalcar que la comisión investigará “toda” la actuación policial, incluso la de los Mossos d’Escuadra, al mando de Buch, también cuestionado por ERC.
Fuera de Catalunya, los grupos parlamentarios inician la campaña electoral más catalana de la historia. Mientras Ciudadanos sigue empeñado en poner en marcha los trámites iniciales para activar un nuevo 155, el PP endurece su discurso y el PSOE adopta una posición menos conciliadora con Catalunya, aunque Pedro Sánchez terminará la campaña en la región en un evento de partido. El eje central de la mayoría de mítines será Catalunya y las posibles soluciones que cada grupo propone para solventar el problema catalán, pero como alertan desde el sector empresarial, desde el punto de vista económico, lo más importante es formar un gobierno que pueda afrontar los retos, tanto el catalán como otros, para garantizar el progreso del país.
En ese sentido, las empresas familiares, en su XI Congreso Nacional, pidieron de forma urgente un gobierno estable que trabaje para garantizar el bienestar de la sociedad y aborde los grandes retos actuales, como la transición energética y la revolución tecnológica, para que España no deje escapar la oportunidad de seguir siendo o convertirse en un referente en dichos campos. También alertaron de que la inestabilidad en Catalunya pone en riesgo la inversión.
La estabilidad en Catalunya y España es, además, clave para que el país pueda hacer frente a las reformas pendientes y a los retos de la economía. Así lo manifestó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la clausura del III Encuentro económico-asegurador Futuro económico y tendencias del sector asegurador, requiriendo un gobierno “urgente que cuente con iniciativa y los apoyos suficientes” para realizar las reformas necesarias. Concretamente sobre Catalunya, Hernández de Cos apuntó que las tensiones “pueden incidir también negativamente, de resistir en el tiempo, en las decisiones de gasto de los agentes privados”.
Para ilustrar los efectos negativos de las tensiones en Catalunya, según el Estudio sobre Cambios de Domicilio de Informa D&B, un total de 93 empresas trasladaron su sede social desde Catalunya a otras comunidades de España en el tercer trimestre de este 2019. Aunque la cifra se redujo respecto a otros trimestres, en lo que va de año la región ha perdido 210 empresas, que se suman a las más de 5.000 compañías que abandonaron Catalunya y se trasladaron a otras comunidades autónomas desde el último trimestre de 2017 y durante 2018.
Las elecciones marcarán el futuro de Catalunya y el gobierno resultante tiene la complicada papeleta de lidiar con una sentencia que ha despertado al independentismo, y de negociar con un gobierno catalán de mayoría independentista para intentar llegar a acuerdos que permitan avanzar.