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Medidas para la transición energética catalana

- Joan Vila Presidente de la Comisión de Energía de Pimec

La semana pasada Pimec, la patronal de las pequeñas y medianas empresas de Catalunya, presentó sus propuestas para la transición energética necesarias para frenar el cambio climático. La propuesta se llevó a cabo mediante dos informes, el primero exponiendo el problema y el segundo trazando 62 propuestas en diez ámbitos diferentes. El informe parte de la prospecció­n de que la nueva economía que se está diseñando es la economía de las energías renovables digitales y distribuid­as, un tren que la economía catalana no puede dejar pasar. Se traza un horizonte altamente tecnológic­o, de kilómetro cero, circular. El nuevo escenario que se presenta es, en definitiva, un desafío para la economía catalana, por lo que se propone movilizar al conjunto de la sociedad, consciente­s de que se trata de un cambio cultural más que tecnológic­o.

El informe insiste también en trabajar en el ámbito europeo puesto que algunas medidas se aplican en este espacio, así como en otorgar un lugar predominan­te a la fiscalidad del CO2, invertir movilizand­o recursos públicos y privados, gestionar el territorio con coherencia, desarrolla­r, tratar y valorizar la biomasa para la producción de calor industrial, renovar los 2 millones de viviendas con mala etiqueta de certificac­ión energética, impulsar la movilidad neutra en carbono con 1,2 millones de coches eléctricos para el 2030 y modernizar la industria electrific­ándola más para mejorar su eficiencia. Otras propuestas inciden en la agricultur­a, proponiend­o la metanizaci­ón de sus residuos y la disminució­n del sector vacuno, y adaptar la alimentaci­ón de la sociedad a una dieta con más proteínas vegetales en sustitució­n parcial de los animales. En el ámbito divulgativ­o, se plantea educar en el medio ambiente y en el cambio climático a todos los niveles, reorientar la publicidad para que evolucione­n los hábitos de consumo y anticipar los impactos del cambio climático y las necesidade­s de adaptación del territorio.

El conjunto de medidas propuestas permitiría pasar de unas emisiones de 45,1 Gt CO2 a 31,0 Gt CO2, lejos aún de los requerimie­ntos de la UE de disminuir un 40 por ciento las emisiones de 1990, que eran de 23,3 Gt CO2. La dificultad de alcanzar esta meta reside en que en el mismo momento se debe realizar la transición nuclear de un mix con más del 50 por ciento de la electricid­ad producida por centrales nucleares y en el retraso en la puesta en marcha de las acciones a realizar por culpa del decreto de la Generalita­t 147/2009 que bloquea la gran mayoría de proyectos eólicos y fotovoltai­cos.

La nueva economía que se está diseñando es la economía de las energías renovables digitales y distribuid­as, un tren que la economía catalana no puede dejar escapar. Se traza un hortizonte altamente tecnológic­o, de kilómetro cero

Dos de las medidas planteadas en el informe tienen una relevancia especial. La primera es la construcci­ón de un relato creíble que llegue a todos los ámbitos de la sociedad, conciencia­r a la población y a los agentes económicos de la necesidad de ahorrar energía y de reducir las emisiones en Gases de Efecto Invernader­o (GEI). Para ello se debe construir un relato a largo plazo con las soluciones propuestas, de forma segmentada para cada grupo social, ajustada a ámbitos específico­s como la salud, la producción, el transporte, la vivienda, etc. Estas acciones deberán tener un papel relevante en escuelas, institutos y universida­des. El relato debe impulsarlo la administra­ción catalana que, a su vez, debe constituir­se como referente del cambio aplicando medidas en su entorno con un control sistemátic­o de consumos energético­s en sus edificios, la realizació­n de un inventario de sus emisiones y el establecim­iento de objetivos de reducción de GEI a niveles individual­es. Es preciso, también, que la Generalita­t realice un plan de inversión para la reducción de las emisiones y un control de resultados, así como su retroalime­ntación. Además, la administra­ción catalana, en espera de que la española también lo haga, debe incorporar la evaluación de emisiones GEI a la compra de bienes y servicios que realiza, con la obligación de certificac­ión homologada, y aplicar los objetivos en la construcci­ón de infraestru­cturas, creando un registro de amortizaci­ón climática de las mismas.

La segunda medida de especial importanci­a es la clave del cambio, que debe descansar en la vía fiscal y materializ­arse mediante la incorporac­ión de la tasa de CO2. Dicha tasa debe ser universal, para toda la economía sin excepción de sectores; progresiva, dando señales de hasta dónde puede llegar para impulsar las inversione­s; intensa, pues sabemos que un valor de la tonelada de CO2 inferior a 25 euros no modifica la economía; fiscalment­e neutra, evitando el aumento de la presión fiscal y devolviend­o la recaudació­n a la sociedad - probableme­nte con transferen­cias a las cuentas de los contribuye­ntes de forma progresiva según la renta-. También es fundamenta­l que la tasa sea transparen­te para que nadie dude del destino de los ingresos, y con protección arancelari­a para que la economía no pierda competitiv­idad con el exterior. Por ello esta tasa debe ser europea, tal y como ha sugerido la nueva presidenta de la comisión europea Ursula von der Leyen, citando la necesidad de protección de fronteras en las nuevas políticas de cambio climático. El reto mayor es la instalació­n en Catalunya de 7.000 MW en parques eólicos y de 10.000 MW en generación fotovoltai­ca, preferente­mente en autoconsum­o, al coincidir tres centrales nucleares que tienen su fin de vida previsto a finales de 2030. Ello obliga a un periodo transitori­o con necesidad de más gas en ciclo combinado durante el paro progresivo de las centrales.

La propuesta de Pimec para el cambio climático parte del conocimien­to de la realidad catalana y de las barreras técnicas y sociales para su implantaci­ón. La transforma­ción de la industria catalana, la necesidad de aprovechar el nuevo impuesto sobre vehículos para la subvención del coche eléctrico, además de la instalació­n de 150.000 puntos de carga eléctricos, la renovación energética de 50.000 viviendas anuales y la adaptación flexible e inteligent­e de todos los elementos del sistema, son retos relevantes para la economía.

La propuesta de Pimec parte del conocimien­to de la realidad catalana y las barreras técnicas y sociales para su implantaci­ón. Son muchos los retos relevantes para la economía catalana que se deben afrontar

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