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EL 51% DE LOS EDIFICIOS OBLIGADOS IGNORAN LAS ITE
Las subvenciones de la Generalitat existentes para rehabilitación solamente permiten cubrir entre el 30 y el 40% del gasto total y una vez ya se han realizado las obras, según reconoce el ‘Govern’
En el número 16 del pasaje de La Torre en Badalona, sus 42 residentes fueron desalojados de urgencia hace un mes y no podrán volver a sus viviendas. El 5 de noviembre se inició el proceso de derribo del edificio por aluminosis, después de que apareciera un gran agujero en la fachada. Una situación que podría haberse evitado de no haber ignorado los cinco avisos de las administraciones que requerían una Inspección Técnica de Edificios (ITE).
Los últimos datos de la Generalitat de este septiembre muestran que solamente el 49 por ciento del parque edificado que está obligado por ley a
realizar esta inspección, es decir los edificios de más de 45 años, la han realizado. De manera que encontramos más de la mitad de los edificios en toda Catalunya sin revisar de los 143.022 obligados, ocasionando, a su vez, que un sector de la población se vea expuesto a efectos negativos de salud por la insalubridad y la mala condición de sus viviendas.
Las ITE están reguladas en Catalunya desde 2010 y tienen la función de controlar el estado en el que se encuentra un edificio de viviendas para así poder impulsar su mantenimiento o su mejora. Y a finales de noviembre, la Generalitat lanzó una línea de financiación de 100 millones de euros para 2019 y 2020 con el objetivo de facilitar que las comunidades de propietarios solventen las deficiencias en inmuebles antes de que pasen a mayores.
Con la nueva línea de financiación pretenden ayudar en las obras de, como mínimo, 10.000 viviendas de Catalunya, así como estimular a que las comunidades de propietarios cumplan la normativa, ya que las sanciones económicas oscilan entre 9.000 y 90.000 euros para aquellos edificios obligados a la ITE que no la pasan. Cada vez reciben más solicitudes, como muestra el gráfico de la página siguiente. En 2018, la Generalitat recibió casi 30.000 solicitudes de ITE, tantas como la suma de los ejercicios anteriores.
La nueva línea de financiación pretende ser un estímulo teniendo en cuenta que las subvenciones existentes para rehabilitar solo permiten cubrir entre el 30 y el 40 por ciento del gasto total una vez realizadas las obras, según reconoce la propia administración catalana.
Rehabilitación: una apuesta energética
El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya (CAdIC) denuncia la mala gestión de la vivienda por parte de la administración pública y pone en evidencia la falta de conocimiento de la población acerca de la importancia de tener un edificio en condiciones habitables.
La rehabilitación de los edificios, precisamente, permite la mejora de las condiciones de habitabilidad, es una opción para aumentar el parque de viviendas de alquiler asequible -combatiendo así la poca oferta existente en el mercado de alquiler - y supone una eficiencia energética inmediata. Mediante la rehabilitación energética, la factura se reduce y se disminuyen los gases de efecto invernadero, además de crear empleo.
Pero, como manifiesta el consejo, en Catalunya existen “barreras legales y financieras” que impiden un desarrollo eficaz y en línea con las necesidades de parque público de vivienda. Recalca que, en los últimos años, los recursos dirigidos al sector han decaído desde 2007, cuando estalló la crisis. La inversión pública en vivienda y servicios comunitarios en España pasó de un total de 4.788 millones de euros en 2007 a 986 millones de euros en 2017, es decir que se redujo del 0,4 por ciento del PIB al 0,1 por ciento. En Catalunya, el peso del sector de la rehabilitación en el PIB de la comunidad autónoma también se ha visto muy reducido si se compara con los datos anteriores a la crisis. Actualmente se encuentra en el 4,8 por ciento, El CAdIC también lamenta que “la obra nueva ha tenido preponderancia sobre la rehabilitación” a la hora de idear políticas públicas. Aunque parece que en estos últimos años se está modificando la normativa, el proceso es muy lento y carente de sistematización, lamentan.
La patronal catalana Foment del Treball, por su parte, criticó en un informe de vivienda de junio las últimas normativas elaboradas por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Defiende que tanto el Decreto Ley de la Generalitat aprobado en mayo -y finalmente derogado en julio tras no superar el trámite parlamentario- en materia de contención de rentas en contratos de
Es el número de inmuebles obligados a pasar la ITE en Cataluña actualmente
arrendamiento de viviendas y la modificación del Plan General Metropolitano del Ayuntamiento de Barcelona que obliga a destinar el 30 por ciento de nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda protegida han causado que la edificación en la capital catalana descienda “de manera preocupante”.
Estas leyes, dicen, que fijan los precios de los contratos de alquiler y aplican normativas que trasladan responsabilidades de la administración al sector privado, están teniendo un efecto inverso en el mercado y puede acabar “frenando o congelando la inversión”. El Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya confirma que, en la ciudad de Barcelona, en el primer semestre del año la construcción ha padecido una recesión del 24 por ciento respecto al ejercicio anterior, ocasionando también una caída de la rehabilitación del 60 por ciento.
Propuestas
Con el propósito de mejorar el sector de la vivienda en Catalunya, Foment del Treball propone un pacto público-privado para la construcción de viviendas sociales, en vez de tomar la vía de la imposición por la que opta la modificación del Plan General Metropolitano impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona. Los resultados de 2018 indican el poco equilibrio entre las aportaciones de la administración pública y el sector privado, ya que el 90,5 por ciento de viviendas acabadas en la ciudad han sido construidas por la iniciativa privada: 573 viviendas de las 633 totales.
El CAdIC, a su vez, quiere impulsar un nuevo plan de financiación tanto público como privado para la rehabilitación de las viviendas, ya que, comparado con otros países de la Unión Europea, España todavía va muy por detrás. Mientras que en Francia y Alemania el parque de viviendas que son sometidas a una rehabilitación se sitúa por encima del 1,5 por ciento, aquí es inferior al uno por ciento.
Ambos organismos coinciden en crear un comité técnico encargado de controlar y tramitar la rehabilitación con el fin de fijar unas políticas sociales realistas y sostenibles y “coherentes con los diversos niveles de la administración”.
El sector privado lamenta la ineficiencia de las políticas públicas actuales de vivienda y la poca prioridad que se les ha concedido, agudizada por los años de crisis económica. También señala que contribuye a la falta de recursos públicos la concatenación de elecciones y legislaturas fallidas en España y Catalunya, y las prórrogas presupuestarias asociadas.