España precisa una renovación continua del Pacto de Toledo

Jeremy Bentham, en su libro Tácticas Parlamentarias, comparaba las tareas de un buen presidente de una Comisión Parlamentaria con el arte de una buena comadrona que asiste a un parto, cuyo trabajo consiste en “ayudar a la naturaleza, pero sin forzarla”. Algo parecido me ocurre como presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, ya que tengo la responsabilidad de orientar y facilitar los trabajos de la Comisión y, si bien no puedo obligar a las diferentes formaciones políticas a que cierren un acuerdo por consenso, pretendo que se perfilen medidas que garanticen la sostenibilidad en el futuro de nuestro espléndido sistema de pensiones. Sin duda, España necesita una renovación continuada del Pacto de Toledo, y por eso he procurado y voy a seguir procurando crear las circunstancias y allegar cuantos recursos favorezcan la elaboración de unas nuevas recomendaciones consensuadas por todos los grupos.

A nadie se le escapa la importancia que los sistemas públicos de Seguridad Social tienen en el mundo contemporáneo. Hasta tal punto es así, que nos resultaría difícil concebir en nuestros días una sociedad moderna que pretendiera funcionar correctamente sin contar con un sistema de Seguridad Social que -parafraseando la conocida definición dada por W. Beveridge- podríamos describir como el conjunto de medidas, articuladas y sincronizadas por el Estado, para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejarán de presentarse, por óptima que sea la situación global de la sociedad en la que dichos ciudadanos vivan.

Dentro del conjunto de la Seguridad Social, más concretamente, el sistema de pensiones constituye uno de los pilares más visibles del bienestar presente y futuro de los ciudadanos. Con una pizca de orgullo podemos decir que nuestro sistema de pensiones es uno de los más generosos del mundo, dado que hemos conseguido entre todos alcanzar una tasa de sustitución media aproximada de un 82 por ciento y así lo demuestran los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dicha tasa mide el poder adquisitivo medio de los pensionistas, comparándolo con el que tenían cuando trabajaban, reflejando, así, la relación porcentual entre el salario medio que se ganaba y la subsiguiente pensión media que se percibe.

Desde hace décadas se ha venido cuestionando la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Si hacemos memoria y recordamos nuestra historia reciente, nos encontramos con que la economía española no pudo escapar de las turbulencias financieras mundiales y, a partir del segundo trimestre de 2008, comenzó a sufrir una severa crisis que, entre otras consecuencias, derivó en una reducción en más de tres millones en el número de cotizantes a la Seguridad Social. La fuerte destrucción de empleo tuvo una inmediata repercusión en los

Nuestro sistema de pensiones es uno de los más generosos del mundo y la realidad ha demostrado que existe una voluntad consolidada en todas las formaciones de generar los consensos necesarios para evitar una quiebra

ingresos del sistema, que cayeron en más 10.500 millones de euros en el periodo 2008-2013. En ese mismo periodo, la cobertura -incremento de un 8 por ciento de nuevas pensionese intensidad -incremento de un 18,9 por ciento en la cuantía media de las pensiones- del sistema de pensiones mantuvo una tendencia al alza aumentando el gasto en casi 24.000 millones de euros. La suma de todas esas circunstancias explica el paso de un holgado superávit a una posición de déficit en las cuentas de la Seguridad Social.

La recuperación económica ha tardado años en llegar, y no ha sido hasta 2014 cuando se ha conseguido volver a la senda positiva en la recaudación por cuotas, pero el bajo nivel de partida y el continuo crecimiento del gasto en pensiones han llevado el déficit hasta los 18.800 millones de euros por año con que finalizó 2017.

Dentro de esta negativa evolución, la noticia favorable es que, según los datos oficiales que publica el INSS, en 2017 se ha conseguido revertir la tendencia hacia el aumento del déficit en relación con el PIB (del -1,67 al -1,61 por ciento) y las perspectivas para este año 2018 mantienen la misma senda.

Frente al pesimismo fatalista -a veces interesado, si se me permite- de algunos centros de estudio que pronostican el inevitable colapso financiero del sistema de pensiones público, mi posición es de un cauto optimismo; me explico: llevo ya muchos años en la actividad pública y he escuchado a numerosas personas predecir la desaparición del sistema de pensiones en 1994 y, de nuevo, en 2009. Sin embargo, la realidad ha demostrado que existe una voluntad consolidada en todas las formaciones políticas de evitar la quiebra de nuestro sistema de pensiones. El Pacto de Toledo, firmado en abril de 1995, se fundamenta en esa voluntad de alcanzar los consensos necesarios para hacer todo lo que haya que hacer a fin de superar los riegos -financieros o de cualquier otra índole- que amenazan con destruir o desnaturalizar los rasgos fundamentales de nuestro sistema público de pensiones.

A pesar de lo que algunos digan, debo manifestar que la Comisión del Pacto de Toledo ha trabajado y va a seguir trabajando mucho: Uno, hasta el momento en la Comisión se han celebrado un total de 38 comparecencias a lo largo de 25 sesiones públicas. Dos, se han mantenido más de 30 reuniones a puerta cerrada, con asistencia de los portavoces de todos los grupos, junto con altos cargos de la Administración de la Seguridad Social, expertos de la Unión Europea y del mundo académico. Y tres, se ha distribuido a los portavoces más de un centenar de documentos -informes, análisis, estadísticas, estudios puntuales, etcétera-, procedentes de diferentes expertos e instituciones públicas y privadas.

Me consta que todos los miembros de la Comisión se están esforzando considerablemente para conseguir consensuar una renovación del Pacto de Toledo que sirva para orientar las futuras reformas que garanticen la adecuación y viabilidad de nuestro sistema de pensiones.

Por último, quisiera terminar recordando que, sin perjuicio del protagonismo que corresponde al Congreso de los Diputados en su redacción inicial, el Pacto de Toledo es también un pacto en el que deben participar los interlocutores sociales. Así ha sido durante sus más de 20 años de vida; por eso yo apelo, también, a la responsabilidad que siempre han demostrado los sindicatos y los representantes empresariales para que sigan contribuyendo a que se hagan realidad unas nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo que se adapten a los retos y a las necesidades de la España del siglo XXI, y que sirvan para estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

Celia Villalobos Presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo La Comisión del Pacto de Toledo ha celebrado un total de 38 comparecencias, se han mantenido más de 30 reuniones a puerta cerrada con todo tipo de expertos, y los portavoces manejan más de un centenar de documentos de estudio