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“Soy partidario de blindar las pensiones mínimas para que suban con la inflación”
ÁNGEL DE LA FUENTE Director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), doctor en Económicas por la Universidad de Pennsylvania
El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, brinda a elEconomista Pensiones las claves de su minucioso estudio sobre la materia. Por algo es uno de los economistas de cabecera consultados por el Pacto de Toledo y al que siempre se recurre como experto en las reformas clave de este país.
¿Cómo valora el carpetazo que se ha dado a la reforma de 2013 tras el acuerdo PP-PNV para salvar los Presupuestos para 2018?
Muy negativamente. El acuerdo presupuestario supone desmontar la reforma de 2013 sin tener una alternativa preparada, lo que deja al Sistema en una situación de riesgo sin planes claros para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Aunque el acuerdo en principio tiene sólo carácter temporal, es difícil pensar que se pueda volver atrás dentro de un par de años.
¿Qué consecuencias tendrá para las cuentas de la Seguridad Social el retraso a 2023 en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad?
A corto plazo los efectos serán bastante reducidos: hablamos de una pequeña reducción que afecta sólo a las nuevas pensiones. El problema es que si queremos un ajuste gradual que permita una transición suave hacia un sistema sostenible a largo plazo, es muy importante comenzar lo antes posible. Si seguimos posponiendo las cosas, llegará un momento en que habrá que tomar medidas mucho más drásticas que recaerán en buena parte sobre algunas cohortes determinadas, en vez de repartirse a lo largo de mucho tiempo.
“Posponer las medidas aboca a decisiones más drásticas”
¿Qué ejemplos internacionales tenemos de funcionamiento del factor de sostenibilidad y qué podemos aprender de ellos?
Hay muchos países que ya han adoptado medidas que ligan la cuantía de la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida. En los sistemas de cuentas nocionales -como el sueco, el noruego o el italiano-, el cálculo de la pensión ya tiene en cuenta de oficio la esperanza media de vida en el momento de la jubilación. Un ajuste explícito por este factor a la pensión inicial se utiliza también en otros países, como Finlandia y Japón, que no
“La incertidumbre en las pensiones genera alarma y ansiedad”
tienen ese tipo de sistema. Además, muchos países, incluyendo Dinamarca, Finlandia, Portugal e Italia, ligan la edad de jubilación a la esperanza de vida. Muchos de estos mecanismos se han introducido en tiempos relativamente recientes con el fin de contribuir a garantizar la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones y parecen estar funcionando razonablemente bien.
¿La inseguridad jurídica y la incertidumbre sobre futuros cambios en las pensiones tendrá ‘efecto llamada’ y acelerará las jubilaciones?
La incertidumbre sobre las pensiones debería evitarse: genera alarma y ansiedad y complica la planificación para la jubilación. Para ello, los gobiernos deberían ofrecer mejor información a los cotizantes desde edades tempranas y comprometerse a no introducir cambios bruscos en la normativa y las prestaciones que puedan afectar a mucha gente sin dar tiempo a reaccionar. En la mayor parte de los países, incluyendo el nuestro, esta gradualidad generalmente se ha respetado y eso debería darnos una cierta tranquilidad. En cuanto a la tentación de jubilarse ya para evitar riesgos en la situación actual, supongo que puede haber casos en los que los números salgan, pero no será siempre así. Para muchas personas, jubilarse prematuramente tendría un coste significativo en forma de una pensión más baja, con una penalización que seguramente sería mayor que la reducción ligada al factor de sostenibilidad. Además, la jubilación tampoco eliminaría por completo la incertidumbre sobre la evolución futura del poder adquisitivo de las pensiones.
La tasa tecnológica no basta para sufragar el gasto extra en pensiones, tampoco el impuesto a la banca que propone la izquierda. ¿Qué otras medidas fiscales puede proponer el Gobierno al Pacto de Toledo?
No tiene demasiado sentido introducir impuestos finalistas ligados al gasto en pensiones. Si queremos preservar el carácter contributivo del sistema, lo más lógico sería subir las cotizaciones. Si optamos por que el Estado aporte recursos adicionales al sistema, estos vendrán al final de una bolsa única con la que se paga todo y no de un impuesto determinado. Independientemente de que se destinen a pensiones o a otros usos, si hacen falta más ingresos habrá que valorar las ventajas e inconvenientes de las distintas figuras tributarias, nuevas o existentes. Es más, ese ejercicio nos vendría muy bien aunque no necesitásemos recaudar más. Habría que darle una buena vuelta a nuestro sistema impositivo para mejorar su equidad y su eficiencia.
¿Qué implicaciones tendrá la subida de las pensiones vinculada al IPC? ¿En qué medida se ha engordado el gasto estructural en pensiones?
A largo plazo, el coste es muy alto porque las subidas de cada año se consolidan y elevan el gasto durante toda la vida de los actuales pensionistas. Un cálculo rápido puede darnos una idea de la magnitud del efecto. En 2017 el gasto en pensiones fue de unos 120.000 millones. Si actualizamos todas al 1,6 por ciento en vez de al 0,25 previsto en la normativa del IRP, el primer año tendríamos un coste extra de unos 1.600 millones que aproximadamente se duplicaría en el segundo. Suponiendo que del tercer año en adelante volviésemos al 0,25 por ciento, habríamos consolidado un alza de gasto de 3.200 millones anuales que se iría reduciendo poco a poco con el fallecimiento de sus beneficiarios. Puesto que la esperanza de vida media a los 65 años está ligeramente por encima de los 20 años, podemos suponer que ese gasto se mantendría en promedio durante 10 años. Sumándolo todo, estamos hablando de unos 37.000 millones, que no es moco de pavo. Si en vez de volver al 0,25 por ciento mantenemos permanentemente la actualización de las pensiones con la inflación, el coste se dispara todavía más. Según cálculos de Fedea, en promedio durante los próximos 40 años, la vuelta a la indexación universal con el IPC tendría un coste anual de unos 2,7 puntos de PIB. Para pagarlo, tendrían que subirnos a todos el IRPF en un 35 por ciento.
“El Gobierno debe ofrecer mejor información al cotizante”
¿Necesariamente habrá subidas de impuestos? ¿Qué otro margen hay?
Hay varios márgenes, pero siendo realistas va a ser complicado evitar subidas de impuestos o cotizaciones si no reducimos la generosidad del sistema de pensiones. En un modelo de reparto como el nuestro, lo que se puede pagar en pensiones depende de tres cosas: cuántos ocupados hay por cada pensionista, lo productivos que son esos trabajadores y la parte de lo que producen que estamos dispuestos a poner vía cotizaciones e impuestos para pensiones. El primer factor depende de la demografía y de lo bien que vaya el mercado de trabajo. Por tanto, el crecimiento de la productividad y del empleo y la inmigración ayudarían a pagar las pensiones sin subir tanto los impuestos porque hacen la tarta más grande. Si lo hacemos muy bien o tenemos mucha suerte y la economía crece muy rápido, podríamos llegar a mantener la generosidad actual de nuestro sistema de pensiones sin necesidad de subir cotizaciones o impuestos, pero no es el escenario más probable.
“No tenemos margen para transitar a un sistema de capitalización”
“Conviene eliminar limitaciones a los vehículos de ahorro”
¿Es necesario modular la subida de las pensiones con el IPC de alguna manera? ¿Según la evolución del ciclo, para que no suban tanto en
tiempos de crisis? ¿Mantener la actualización vía IPC para las pensiones más bajas y no para las más altas?
Yo sería partidario de blindar las pensiones mínimas ante la inflación por motivos obvios de equidad y solidaridad. Según los cálculos de Fedea, esto tendría un coste asumible: siempre hablando en promedio durante los próximos 40 años, bastaría con una subida del 6 por ciento en la recaudación de IRPF. Para el resto de las pensiones, habría que pensárselo muy despacio. Puesto que blindarlas todas saldría muy caro, yo las actualizaría con el IRP. Otra opción sería reducirlas de entrada y luego actualizarlas con el IPC para aquellos que prefieran eliminar la incertidumbre sobre la evolución del poder adquisitivo de sus pensiones. Básicamente, estaríamos ofreciendo a los pensionistas la opción de comprar un seguro contra la inflación.
¿España debe abandonar el sistema de reparto?
No. Si partiéramos de cero se podrían discutir los pros y los contras de la capitalización y el reparto, pero la historia pesa mucho. Ahora no tendríamos margen para la transición a un sistema de capitalización, porque habría una generación que tendría que ahorrar para sus futuras pensiones a la vez que sigue pagando las de sus mayores. Y sería además una generación pequeña, pues el baby-boom ya empieza a jubilarse, lo que dificulta aún más las cosas. Aun sin el problema de la transición, no tengo muy claro que un sistema de capitalización sea necesariamente mejor que uno de reparto. Desde el punto de vista de sus participantes, la principal diferencia es que en un caso los partícipes invierten en determinados activos financieros mientras que en el otro tienen una participación en el conjunto de la economía española, o al menos en su masa salarial. No es obvio que el primer activo tenga que ser más rentable que el segundo, y seguramente es más volátil y arriesgado. Por otra parte, un sistema de capitalización sí que podría contribuir a elevar la tasa agregada de ahorro, lo que podría tener efectos positivos sobre el crecimiento.
¿Hacen falta incentivos fiscales al ahorro a largo plazo?
Algún tipo razonable de incentivo, sí, especialmente si la tasa de reposición de las pensiones públicas tiende a la baja en el futuro. Los incentivos que ya se ofrecen a los planes de pensiones podrían ser suficientes, pero convendría reordenarlos y simplificarlos. Hay incentivos a productos de ahorro a corto o medio plazo que no tendrían por qué estar bonificados. No se entiende muy bien por qué hay que penalizar ciertas formas de rescatar los planes en relación a otras. Y seguramente convendría eliminar las limitaciones que existen a los vehículos de ahorro para la jubilación y las trabas para moverse de unos activos a otros. Se podría definir un perímetro de ahorro a largo plazo, una especie de cuenta paraguas, que permita invertir con bonificaciones en cualquier tipo de activo y moverse entre ellos sin pagar impuestos o perder bonificaciones.
¿Ve posible nueva reforma de pensiones en lo que queda de 2018?
Posible sí, pero muy poco probable. Se dice que el Pacto de Toledo está cerca de alcanzar un acuerdo, pero supongo que en primera instancia se tratará de recomendaciones muy generales que luego habrá que pulir y concretar en una ley. Eso habrá que hacerlo con cuidado y llevará su tiempo.
¿Qué horizonte espera a nuestro país en pensiones?
Depende de nosotros mismos, pero las últimas noticias no son buenas. Están primando las consideraciones electoralistas y de corto plazo sobre los intereses generales del país a largo plazo. Espero que sepamos reconducir las cosas.
“Está primando el electoralismo sobre los intereses generales”
“El Pacto de Toledo acordará líneas generales que habrá que pulir”