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La crisis del sistema de capitalización chileno
La transición del sistema de reparto al de capitalización revela la debilidad de la estructura individual, de donde se perciben prestaciones menores que con la distribución pública de las cotizaciones
La transición de modelo revela las debilidades de la aportación individual, que genera pagas menores
El sistema chileno surge en 1981, en tiempos de la dictadura de Pinochet, cuando las autoridades deciden pasar de un sistema de reparto, que estaba en crisis, a un sistema de cuentas de capitalización individual y contribuciones definidas administrado por el sector privado. El sistema, además, tiene dos elementos distributivos, una pensión mínima garantizada para quienes hayan cotizado más de 20 años y una pensión asistencial para aliviar la pobreza en la vejez.
Los chilenos pudieron optar por permanecer en el antiguo sistema de reparto o cambiarse al nuevo. La mayoría optó por el nuevo, pero quienes empezaron a cotizar después de 1981 debieron afiliarse al privado. Tanto las fuerzas armadas como la policía permanecieron en el sistema de reparto y hoy tienen pensiones mucho más altas que las obtenidas con el privado.
El afiliado puede elegir entre las diferentes empresas administradoras de fondos y, dentro de estas, entre los diferentes fondos de pensiones que ofrecen. Además, tiene la posibilidad de mover su cuenta en cualquier momento a otra empresa u otro fondo, lo que favorece la movilidad tanto geográfica como laboral, al no tener que permanecer atado a una determinada opción. También tiene la posibilidad de ahorrar más del mínimo legal, con lo que puede obtener mayor pensión.
El cambio del sistema de reparto al sistema de capitalización originó un fuerte impacto en las finanzas públicas que se estimó en un 136 por ciento del PIB por los compromisos adquiridos con los cotizantes al antiguo sistema y que debían ser reconocidos en el nuevo, pero ya no se podía contar con contribuciones, pues la mayoría de los cotizantes pasaron al sistema de
capitalización. Esta circunstancia hizo necesario que fuera el Estado quien se hiciera cargo de las prestaciones que provenían de contribuciones que se habían consumido en las pensiones pasadas. Es el primer escollo que presenta el cambio de un sistema de reparto a uno de capitalización individual, pues obliga al Estado a encontrar vías de financiación diferentes a las contribuciones para los derechos consolidados.
La reforma no ha mejorado sustancialmente las pensiones en Chile. Es más, el coste para el Estado ha sido superior a lo inicialmente previsto por varias circunstancias, entre las que se encuentran que muchos afiliados no completan sus aportaciones y deben recibir la pensión mínima garantizada y que el sistema de pensiones asistencial experimentó un fuerte crecimiento debido a las políticas llevadas al efecto. El resultado es que el Estado ha tenido que aportar más del 4,5 por ciento del PIB anualmente para cubrir los compromisos por pensiones, las pensiones mínimas garantizadas y las pensiones asistenciales y que, a pesar de ello, las cantidades recibidas por los pensionistas se han considerado exiguas. Así, el descontento sobre las pensiones en Chile ha crecido y en los últimos años se han producido grandes manifestaciones de pensionistas reclamando subidas.
No parece, pues, que el modelo chileno haya resultado exitoso, ya que menos del 50 por ciento de los afiliados autofinancia su pensión, mientras que el otro 50 por ciento percibe pensiones mínimas financiadas por el Estado y con pocas posibilidades de mejorarse en el futuro por su impacto en las finanzas públicas. Así, muchos jubilados se ven obligados a continuar con una cierta actividad y otros deciden retrasar todo lo posible su edad de jubilación con objeto de obtener unos ingresos superiores.
A pesar de la crisis del sistema, Chile tiene más de 170.000 millones de dólares en los fondos de pensiones, lo que supone más del 70 por ciento de su PIB, generando una masa de ahorro a largo plazo que ha dinamizado el mercado de capitales y proporcionando financiación al sistema económico y al propio Estado. A partir de 2017, los activos en que pueden invertir los fondos de pensiones chilenos se han ampliado con objeto de mejorar la rentabilidad de los fondos y aumentar el monto de las pensiones a percibir por los afiliados. Según estimaciones de la Superintendencia de Pensiones, elevar la rentabilidad de los fondos en un 1 por ciento a lo largo de toda la vida laboral puede suponer un incremento del 25 por ciento en la pensión a percibir.
El futuro de las pensiones en Chile no es mejor con el sistema privado que el que hubiera tenido con el sistema de reparto y las proyecciones para abordar una reforma ofrecen un sombrío panorama a medio y largo plazo, puesto que la situación de los jubilados solo puede empeorar, salvo que el Estado destine más financiación o se incremente la contribución de afiliados.