José Manuel Jiménez

Director del Instituto Santalucía

La longevidad humana viene registrando un aumento casi lineal desde hace más de un siglo en todos los países y en especial en el nuestro. España es y será cada vez más longeva. Los avances sanitarios y científicos han hecho que la esperanza de vida de los españoles haya mejorado en el último siglo a un ritmo de cuatro años por década o, lo que es lo mismo, 10 horas cada día. Hoy en día, vivimos un promedio de 82,8 años, lo que nos sitúa en la pugna por el podio mundial de la longevidad, siendo el cuarto país donde su población vive más tiempo.

No hay duda de que esta creciente longevidad se está generalizando, lo cual es una excelente noticia. Pero este hecho también impulsa el denominado “riesgo de longevidad” -la probabilidad de que cada vez más individuos vivan más de lo esperado- lo que, desde un punto de vista de su cobertura social o colectiva, se configura como una de las grandes contingencias de nuestro siglo. La sociedad apenas está empezando a ser consciente del profundo cambio que esta imparable tendencia va a tener en la organización del ciclo vital. Ante esta nueva realidad demográfica, los desafíos socioeconómicos que se plantean son muchos, así como el impacto en los sistemas de bienestar y en el ámbito laboral, sanitario, de pensiones y de dependencia. Por lo tanto, las instituciones públicas y privadas tienen la responsabilidad de adaptarse a esto.

Por un lado, tenemos que tener en cuenta cómo afecta la creciente esperanza de vida en la sostenibilidad y suficiencia financiera de las pensiones de la Seguridad Social, haciendo que el ahorro previsional sea un pilar fundamental para los individuos. Además, debemos empezar a considerar que la barrera de los 65 años en la que se basan muchas políticas tiene que revisarse en profundidad, ya que la edad biológica y cronológica de los individuos divergen cada vez más.

Por otro lado, el sector asegurador afronta el reto de gestionar clientes cada vez más longevos, con los que adquieren obligaciones durante más tiempo. Los medios predictivos de las aseguradoras y sus criterios de tarificación han de estar en constante proceso de actualización y mejora, ya que la edad cronológica ya no es un indicador tan fiable para medir el riesgo de longevidad. Del mismo modo, es necesario que la industria intensifique su esfuerzo en I+D para ofrecer soluciones mixtas que combinen rentas de jubilación vitalicias con prestación de servicios residenciales, sanitarios y asistenciales que cuiden de todas las necesidades del asegurado.

En resumen, todo indica que la longevidad humana seguirá experimentando progresos notables hasta probablemente superar los 120 años. Y ante este prometedor horizonte, es fundamental que las instituciones acometan reformas sustantivas en los sistemas de bienestar, mientras que la industria del ahorro está llamada a ejercer también un papel cada vez más relevante. Conjuntamente se deben hacer esfuerzos para favorecer una buena planificación financiera y que se puedan asignar recursos suficientes durante la etapa de jubilación para asegurar el bienestar material y personal de todos los ciudadanos.