Miguel Carrero

Presidente de PSN

Los problemas de sostenibilidad que afectan al Sistema de Pensiones en España son una realidad inapelable y de constante actualidad. La evolución de nuestra sociedad, las proyecciones demográficas y el impacto de los datos de afiliación de la Seguridad Social ofrecen como resultado un modelo difícilmente sostenible sin cambios estructurales. Nadie posee la fórmula mágica para acabar de un plumazo con los males que arrastra el sistema. El problema es complejo y harán falta muchos años para que, si se adoptan medidas adecuadas, se atajen las grandes amenazas que lo acechan, pero igual de evidente es que existen medidas que a todas luces son factibles y que servirían para mitigar un agujero cada vez mayor de las cuentas públicas en el campo de las pensiones.

Una de las medidas que parece generar consenso pero no acaba de adoptarse de manera efectiva es la separación de las fuentes de financiación de las pensiones no contributivas, aquellas que no responden a una cotización efectiva o suficiente. Parece ilógico cargar con partidas de otra naturaleza a un sistema que, como el de Seguridad Social, ya da muestras claras de desequilibrio entre gastos e ingresos. Por tanto, estamos ante una decisión -abonar las pensiones no contributivas vía Presupuestos Generales del Estado- que no debería dilatarse más en el tiempo. Es evidente que esta medida no soluciona el problema, pero ayudaría a clarificar cuál es el tamaño real del agujero, de tal modo que sepamos con más certezas el reto que debemos afrontar.

Más allá de medidas puntuales ligadas al propio modelo, el Estado debe analizar objetivamente a qué partidas destina sus recursos. Los ingresos son finitos y el gasto en pensiones tiene un importante potencial de crecimiento. Quizá sea el momento de analizar con objetividad los retos futuros -o más bien presentes- y decidir si es más importante mantener 17 parlamentos autonómicos con sus cerca de 1.300 diputados regionales, sus miles de cargos de confianza… Lo que necesitamos son más productores y menos administradores.

Lejos del sano debate sobre cuál debe de ser el destino de los impuestos de los ciudadanos, comienzan a escucharse posibles iniciativas como el aumento de las cotizaciones sociales por encima de los topes legalmente establecidos. Nuevamente, gravar con más impuestos a quienes más contribuyen y además con una demagógica idea de solidaridad, pues se afirma que, de hacerlo, se destoparán en igual medida las pensiones máximas, unas prestaciones a los que estos contribuyentes no tienen garantía alguna de que vayan a acceder y en qué condiciones.

Más impuestos no puede ser la solución porque son numerosos los expertos que aseguran que una mayor presión fiscal no supone una mayor recaudación, más bien al contrario. Por tanto, deben atacarse bolsas de ineficiencia o gastos superfluos cuya justificación es difícilmente defendible pero, por encima de cualquier otra cuestión, debemos de ser mucho más expeditivos en la lucha contra el fraude. En este sentido, el absentismo laboral no justificado costó en el año 2016 -últimos datos disponibles6.000 millones a la Seguridad Social y más de 5.000 a las empresas. En total, según el Informe Adecco sobre Absentismo, al menos 11.000 millones de euros que tienen un impacto directo en las cuentas y ahondan en la insostenibilidad del modelo.

Todas las medidas que se puedan adoptar y sirvan para aliviar la insoportable carga que hoy asume el sistema deben ser bienvenidas. Es necesaria una incentivación fiscal decidida de la previsión social complementaria, así como el impulso de modelos complementarios como el de Alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) que han demostrado ser una vía de escape para la Seguridad Social. Es por ello que no debería descartarse su extensión a nuevos grupos profesionales potenciales de beneficiarse de sistemas que durante años han contribuido a la sostenibilidad de un modelo que está cada día más en cuestión.