Juan José Velasco

Director Unidad de Negocio de Ahorro de CNP Partners

Juan José Velasco Director de la Unidad de Negocio de Ahorro

CNP Partners

En los últimos días, se ha vuelto a hablar del sistema de pensiones público en España y de la necesidad de definir cuál debe ser el modelo de revalorización de las prestaciones de jubilación. Si deben crecer con el IPC solamente, o en función del IPC considerando algunas otras variables, para épocas de crisis. Y también se ha hablado de nuevo del sistema privado, a través de los anuncios de nuevos cambios fiscales en la tributación del ahorro. Es muy positivo que continuemos hablando sobre el tema. El debate constructivo nos indica que se está desarrollando una actividad de reflexión alrededor de un tema crucial y que es posible que, poco a poco, se vayan desarrollando soluciones en favor de la búsqueda y futuro encuentro de un sistema alternativo al actual. El aspecto más negativo es que, de nuevo, lo que hemos oído deja de manifiesto la falta de consenso entre los agentes sociales y políticos para definir las soluciones a implantar y, quizá lo que es peor, nos suena a debates que ya han tenido lugar en épocas muy recientes. Son debates que se ponen encima de la mesa una y otra vez y que, al menos hasta ahora, no han producido una solución consensuada que genere la confianza necesaria para pensar que vamos en la línea de encontrar las soluciones que nos permitan garantizar el futuro de la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.

En paralelo con este nuevo debate sobre el crecimiento de las pensiones, surge, una vez más, otro planteamiento sobre un futuro cambio referente al tratamiento de la fiscalidad del ahorro en general, y sobre los planes de pensiones y otros productos de ahorro finalista en particular. Sin ánimo de comentar acerca de la procedencia o improcedencia de otro cambio, sí considero relevante poner de relieve la confusión que generan en los ahorradores estos continuos cambios sobre el tratamiento fiscal de los productos de ahorro. En un país en el que todo indica que es necesario incentivar el ahorro para la jubilación, todos los mensajes que recibimos los ciudadanos son sobre cambios fiscales.

No puedo dejar de comentar que siempre he pensado que dotar de liquidez a los planes de pensiones puede tener efectos contrarios a los que se persiguieron cuando se introdujo esta flexibilidad. Por un lado, podría incrementar el atractivo de estos productos para aquellas personas que consideren la iliquidez una restricción a su contratación. Por otro lado, sin la concienciación adecuada sobre la necesidad de ahorrar para la jubilación, puede generarse, como ya ha ocurrido en otros países, que las personas utilicemos los fondos acumulados para otros fines

distintos del complemento de las pensiones de jubilación. Es fundamental que todas las acciones y decisiones, se tomen dentro de un plan global de acción y no sobre acciones específicas, en momentos puntuales, para resolver situaciones concretas.

Todo esto ocurre en un entorno en el que cada día se pone de relieve que nuestro actual sistema de protección público de pensiones necesita de cambios estructurales, no sólo paramétricos, para poder adaptarse a las consecuencias del incremento de la longevidad que las previsiones demográficas indican. Incremento de longevidad que, de mantenerse la actual definición del sistema de pensiones público, tendría como principal efecto un alza del gasto público difícil de asumir.

Todo este debate ocurre en un contexto en el que los españoles necesitamos disponer de información suficiente para poder tomar las decisiones adecuadas. Necesitamos conocer la previsión de la pensión de jubilación que cobraremos cuando nos jubilemos. Además de para planificarnos adecuadamente, esta información nos servirá para concienciarnos de la solución que debemos adoptar de manera informada y disponiendo del tiempo suficiente para tomar decisiones.

Sin embargo, siguen sin aparecer en escena debates sobre aspectos que son importantes para solucionar la sostenibilidad y suficiencia del futuro de las pensiones.

¿Sigue siendo válido el sistema de reparto por sí mismo para financiar las pensiones públicas? ¿Sería necesario revisar algunas contingencias cubiertas por el sistema público para adaptarlo al nuevo modelo social? ¿Habría que replantearse la duración de algunas contingencias cubiertas por el sistema en algunos casos? ¿Habría que complementar el sistema de reparto con otras fuentes de financiación dada la evolución de la pirámide poblacional? ¿Cuáles son los elementos que es necesario implantar para incentivar el desarrollo del segundo pilar a través de las empresas? ¿Contamos con elementos suficientes de comunicación para concienciar sobre el futuro y por tanto incentivar el tercer pilar? ¿Estamos los españoles concienciados sobre el tema? ¿Cuál es el coste actual y futuro de las soluciones que se adopten?

Hay muchas otras preguntas que hay que plantearse, reflexionar y resolver. A mi juicio, la pregunta más importante sería saber ¿cuánto tiempo más nos damos para resolver todas estas cuestiones? Y además, ¿las vamos a resolver de manera consensuada? En los últimos años se han ido desarrollando e implantando algunas medidas con el objetivo de ir definiendo aspectos fundamentales del sistema público, como el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones. Así como medidas para incentivar el ahorro a largo plazo que nos permita a los españoles complementar la pensión pública de jubilación. En ambos casos, o bien, su aplicación se ha pospuesto o está en vías de revisión.

Hay temas de naturaleza social y política que hay que trabajar y es crucial que desarrollemos una hoja de ruta para saber hacia dónde vamos. Pero no nos olvidemos de que, si esta hoja de ruta no está consensuada entre los diversos partidos políticos y responde a la firme voluntad de llegar a un fin común en beneficio de la sostenibilidad-suficiencia del sistema de previsión en España, no se generará la confianza necesaria en la persistencia de los beneficios del sistema.

Nuestro actual sistema de protección público de pensiones precisa cambios estructurales, no sólo paramétricos, para adaptarse a las consecuencias del incremento de la longevidad que las previsiones demográficas indican