Carrera por salvar las pensiones en los países desarrollados

Alemania, Rusia y Argentina introducen este año cambios en sus sistemas públicos de previsión para la jubilación

Alemania, Rusia y Argentina introducen este año cambios en sus sistemas de protección para la jubilación. Los tres países buscan la garantía del poder adquisitivo y el equlibrio financiero ante el reto demográfico por la mayor esperanza de vida

La carrera por garantizar las pensiones del futuro no es un reto que atañe exclusivamente a España, inmerso en un proceso de reforma del sistema de pensiones desde 2016, sino que afecta a la totalidad de los países desarrollados que afrontan el reto del envejecimiento demográfico, con la consecuente ampliación de las clases pasivas y el incremento de los gastos de los respectivos sistemas de protección en la jubilación.

Este año, hasta tres economías pujantes en el entorno internacional como Alemania, Rusia y Argentina han introducido cambios en sus sistemas de pensiones para tratar de embridar la calidad de vida de sus mayores. El más relevante es el caso germano, toda vez que no afronta un paquete de medidas coyunturales para paliar las necesidades en el corto plazo, sino que encara la sostenibilidad del sistema hasta el año 2025 y en adelante. Concretamente, la gran coalición que gobierna en Alemania cerró el pasado mes de agosto un acuerdo cuya línea principal era mantener el nivel de la pensión actual hasta el año 2025, que se sitúa en el 48 por ciento del salario. Del mismo modo, para conseguir esta cuantía, se establece que la tasa de contribución a la pensión no deber superar el 20 por ciento del salario, desde el 18,6 por ciento en el que se encuentra en este momento. En este sentido, también se ha establecido que los trabajadores alemanes contribuyan en menor medida al seguro de desempleo, hasta ahora con un 2,5 por ciento del salario, para pasar al 0,5 por ciento de retención -concretamente, con una aportación del 0,4 por ciento en

enero de 2019 y un 0,1 por ciento más en 2022-. Además, el Ejecutivo ha aprobado por presión de su socio socialdemócrata una ayuda que beneficia a las madres que lo fueron antes de 1992 y a las que tienen a tres o más hijos, medida que elevará el coste del sistema en 3.700 millones al año.

En el caso de Rusia, la reforma del sistema de pensiones se hizo solo teniendo en cuenta uno de los parámetros: la edad de jubilación. El Gobierno ruso ya ha anunciado que, debido al reto demográfico, dentro de siete o 10 años las pensiones no podrán revalorizarse en función del coste de la vida, lo que aventura una pérdida de poder adquisitivo. Para lidiar con esta empresa desde el Ejecutivo, se propuso elevar en ocho años la edad de retiro de las mujeres desde los 55 años estipulados actualmente y en cinco años para los hombres, ahora en 60 años. Sin embargo, las protestas en las calles contra la medida propuesta por el Gabinete de Gobierno, hizo que el propio presidente Putin sobrepasase la labor de su equipo y anunciase que la medida será suavizada ante el rechazo social. Aún con ello, el 90 por ciento de los rusos no aprueba la decisión del presidente de aumentar en cinco años, en lugar de ocho la edad de jubilación de las mujeres, hasta los 60, y mantener la ampliación de cinco años a los hombres, hasta los 65 años.

Por su parte, Argentina ha buscado el revertimiento del déficit de su Seguridad Social modificando el parámetro de subida de las pensiones. Así, el país activó en el primer mes del año la reforma de diciembre de 2017, cuando el Parlamento aprobó el aumento de la edad de jubilación optativa de 65 a 70 años para los hombres y de 60 a 63 para las mujeres. Sin embargo, la medida estrella de la Administración Macri es que la fórmula de incremento de las pensiones pasa de aplicarse con una periodicidad semestral a trimestral, y en base a la inflación mensual y al salario medio de los trabajadores, quedando la proporción del cálculo en un 70 por ciento por IPC y 30 salarios. Con esta medida, el Ejecutivo argentino espera un ahorro de 100.000 millones de pesos al año (2.150 millones de euros).

Para sortear las protestas por la reforma el Ejecutivo tuvo que introducir una enmienda para que las pensiones más bajas recibieran en compensación un pago único de hasta 10.000 pesos (216 euros), que supone un recargo al Estado de 4.000 millones de pesos (196 millones de euros), lo que significa un 4 por ciento del ahorro previsto en la reforma. Con todo, hasta septiembre la pensiones han crecido un 19 por ciento y la inflación un 16 por ciento. Pero se espera una pérdida de poder adquisitivo de 5 puntos en lo que resta de año, toda vez que la crisis de precios en la región situará la inflación de agosto y septiembre en el 25 y 26 por ciento, respectivamente.

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