LAS CINCO AMENAZAS QUE ACECHAN AL PACTO DE TOLEDO

Los grupos políticos esperan cerrar el documento de recomendaciones antes del final de octubre, con el principal escollo de la fórmula de mantenimiento del poder adquisitivo

La reforma del sistema de pensiones que le fue encomendada a los grupos parlamentarios que conforman la Comisión del Pacto de Toledo a finales del año 2016 -con el inicio de la legislatura del PP que acabaría con la moción de censura al presidente Mariano Rajoy- transcurre lenta y con pies de plomo entre las paredes del Congreso. El mes de octubre es clave para la consecución de un acuerdo sobre las recomendaciones que deberá adoptar el Gobierno de cara a la futura normativa de la Seguridad Social, como ya expresó esta semana la presidenta de la comisión parlamentaria para las pensiones, Celia Villalobos, quien espera tener un documento concreto antes de que finalice el mes. De hecho, ésta es la voluntad de todos los grupos presentes en la negociación, si bien existen todavía puntos de fricción que podrían dar al traste con el acuerdo, o incluso provocar la desvinculación de algunos partidos del documento final.

Así, en la moral de los partidos está la convicción de aportar cuanto antes certidumbre sobre los jubilados de hoy y los del futuro, más si cabe después de las movilizaciones protagonizadas por este colectivo en la

primera mitad del año en protesta por la revalorización del 0,25 por ciento y que se sofocaron tras el pacto entre el PP y PNV para subir las cuantías el 1,6 por ciento este año y en referencia con el IPC en el próximo 2019.

Sin embargo, el éxito de tamaña empresa dependerá de la capacidad que tengan las formaciones políticas de dejar a un lado intereses individuales y hacer concesiones en algunos de los elementos de discrepancia. Según explican a elEconomista fuentes cercanas a la negociación, ésta se centra en la cuestión del poder adquisitivo de los pensionistas, la suficiencia del sistema, la brecha de género, la esperanza de vida y el equilibrio financiero de la Seguridad Social.

Sobre el poder adquisitivo parece que existe la coincidencia por parte de todos los grupos de que la revalorización anual de las cuantías que perciben los jubilados españoles sea en relación al

IPC, es decir, con la evolución de los precios de compra. No obstante, aquí existen en el seno de la comisión dos visiones: una que abanderan los partidos del espectro de izquierda, con PSOE y Podemos a la cabeza, que buscan una subida con la inflación troncal y sin condiciones; y otra que apoyan los partidos conservadores, que busca una subida de pensiones con el IPC, pero a dos velocidades entre las más altas y las más bajas, en función del ciclo económico.

Así, en la cuestión de suficiencia precisamente se está abordando la cuestión de qué ocurrirá con las pensiones más bajas y el modo de hacer que éstas se incrementen en una mayor medida en función de las posibilidades económicas, llegando a brindar recursos adicionales para acometer la actualización.

Del mismo modo, los grupos de Podemos y PSOE han abierto en la comisión la cuestión de la brecha de género para acometer la diferencia en el dinero que perciben las mujeres pensionistas con respecto a los hombres, heredado de un mercado laboral español que ya de por sí genera una diferencia del 15 por ciento entre la remuneración de los hombres y las mujeres. Podemos también pide en este punto que no se centre la cuestión de género en una sola recomendación, sino que todas las cláusulas del documento incluyan la visión de género.

Del mismo modo, el Pacto de Toledo deberá abordar el alza del gasto prevista por el incremento de la esperanza de vida en las futuras generaciones de jubilados, lo que lleva al último punto de desencuentro: el equilibrio financiero del sistema. En este punto será necesario evaluar nuevas vías de ingresos que permitan cubrir los desfases en el saldo de la Tesorería de la Seguridad Social.

Sin embargo, como reconocen fuentes del PSOE, todo dependerá de la voluntad del PP para aceptar un acuerdo que, por un lado, liquide la reforma llevada a cabo por el Ejecutivo de Rajoy en 2013 -al descartar el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad- y brindar al Gobierno de Pedro Sánchez una importante victoria en el campo de las pensiones, tan clave en año de elecciones al afectar a 9,5 millones de votantes.

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