EL DESTOPE DE LA COTIZACIÓN, UNA LOSA PARA MADRID Y CATALUÑA

Asturias completa la terna de autonomías donde más peso tienen los salarios por encima de 45.000 euros, los cuales verían incrementada su aportación al Sistema según pretende el Gobierno del PSOE

La Comunidad de Madrid, Cataluña y Asturias son las regiones que más acusarán un eventual destope de las cotizaciones a la Seguridad Social, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez. La explicación reside en que, según los datos del INE recogidos en la Encuesta de Costes Laborales de 2017, existe una diferencia en el porcentaje de retención por cotizaciones obligatorias sobre el coste bruto que soporta la empresa por cada trabajador.

Como aclaran los técnicos de Estadística, aunque las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social están regladas y son iguales en todos los territorios de España -a no ser que existan retenciones concretas en alguna región destinadas a alguna partida de gasto social-, las diferencias en la estructura del mercado laboral interno de cada región implica que el peso de estas retenciones sobre el coste bruto por trabajador -el 74,2 por ciento corresponde a los sueldos y salarios- varíe en cada una de ellas. Así, se entiende que en las regiones donde este porcentaje es menor, es decir, las cotizaciones obligatorias pesan menos, es por el mayor volumen de salarios por encima del tope máximo de cotización de 45.000 euros anuales, y por lo tanto existe una mayor masa monetaria de sueldo bruto que no se cotiza.

De este modo, Madrid -donde las cotizaciones obligatorias suponen un 21,32 por ciento del coste total-, Cataluña (23,20) y Asturias (23,22), son las regiones donde mayor volumen de salarios sobre los 45.000 euros existe, y por lo tanto serían las más afectadas ante un destope de las cotizaciones máximas como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez.

Del mismo modo, impactaría en otras regiones donde se presupone un volumen importante de salarios altos, como País Vasco -donde se retiene el 23,73 por ciento-, aunque de una manera menos agravada, ya que se asume que en el mercado laboral interno existe un mayor equilibrio en la cantidad de sueldos altos y bajos sostenido en un mayor porcentaje de aportaciones obligatorias sobre el coste laboral total. En este sentido, las regiones que menos se verían afectadas por el eventual cambio normativo serían las que mayor porcentaje aportan al haber menor peso de los altos salarios; éstas son; Canarias, donde la cotización voluntaria a la Seguridad Social es un 24,34 por ciento de los costes, el volumen más alto de España, seguido de Galicia y Navarra, donde el porcentaje es del 24,20 y 24,04, respectivamente.

Apoyo a la medida

Pero al margen de los diferentes efectos en función del territorio, esta medida ha recabado el apoyo del Ejecutivo -el propio presidente del Gobierno, Pedro

Sánchez, lo defendió hace unos días en el Congreso- y de la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en el Pacto de Toledo, ya que supondría un acicate a los ingresos de la Seguridad Social, aunque existen discrepancias sobre los términos en los que debería hacerse efectiva.

Según las cifras que maneja el Ministerio de Trabajo, destopar totalmente la base máxima de cotización implicaría unos ingresos añadidos al sistema de 4.470 millones de euros al año. Esto se traduciría en que los 1,47 millones de trabajadores afectados con nóminas por encima de 45.000 euros anuales -el 8 por ciento de los afiliados- tendría que desembolsar 742 millones de euros más cada año de su salario -un 35 por ciento más-, mientras que si se extrapola a los costes laborales que soporta el empresario, la retención para estos menesteres sería de 3.728 millones más.

La proporcionalidad, a debate

La polémica acerca de la idoneidad de la medida viene suscitada primordialmente por el cuestionamiento del principio de proporcionalidad del sistema, ya que un incremento de las cotizaciones máximas debería ir acompañado del aumento de la pensión máxima a percibir.

De hecho, el debate ya está encima de la mesa, teniendo en cuenta que durante la legislatura y media bajo el Gobierno de Mariano Rajoy las cotizaciones máximas han crecido o han destopado un 15 por ciento, mientras que las pensiones máximas lo han hecho en una proporción mucho inferior, el 2 por ciento. Una tendencia que, en primer lugar, muestra cómo la propuesta del PSOE ya cuenta con un camino recorrido por el anterior Gobierno del PP, y en segunda instancia muestra cómo la relación entre cotizaciones e ingresos en la jubilación merma progresivamente y, por ende, conlleva una reducción de la tasa de sustitución de la pensión. Tanto es así que, en este mismo periodo de Gobierno popular, la relación entre el último salario y la cuantía de la prestación ha descendido del 90 al 83 por ciento, si bien es cierto que se mantiene en niveles superiores a la media de los países de la OCDE, en el 58 por ciento.

No obstante, esta disyuntiva ya se ha puesto de manifiesto en el seno del Pacto de Toledo, donde sí que existe voluntad de elevar las bases máximas de cotización, pero con diversos matices. Desde Podemos se pide que el destope no se acompañe del alza de las cuantías más elevadas, en una apelación al principio de solidaridad, mientras que el resto de grupos, incluido el PSOE, reconocen la necesidad de encontrar un equilibrio entre destope y subida de pensiones, para evitar caer en una posición confiscatoria con este grupo de afiliados y romper el principio de contributividad. Sin embargo, existen informes que muestran cómo un destope total de cotizaciones y prestaciones iría contra la sostenibilidad de las cuentas del sistema en el medio plazo, donde los costes se elevarían por encima de los ingresos.

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