EL PACTO DE TOLEDO ENCALLA POR EL IPC

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La Comisión esperaba tener un texto consensuado sobre las 21 recomendaciones para elevarlo al Gobierno antes de la finalización del mes de octubre, pero las posturas enconadas sobre la fórmula de revalorización de las pensiones hacen peligrar el cumplimiento del calendario previsto

La reforma del sistema de pensiones en España parece tener un amplio trecho que recorrer hasta que se consensuen las líneas maestras de lo que será el nuevo marco normativo de la Seguridad Social. El principal motivo es que el trabajo que se encomendó a los grupos parlamentarios allá por 2016 se ha estancado en uno de los puntos más cruciales de la futura reforma, o al menos el que más está dividiendo el seno de la Comisión: la fómula de revalorización de las pensiones.

Los grupos parecen tener claro que el IPC debe ser el factor que guíe la actualización de la cuantía de las pensiones -algo que supone de facto una derogación de la reforma impulsada con el PP en 2013 que preveía subidas anuales del 0,25 por ciento en momentos de tensión financiera del Estado-, pero la disensión se hace protagonista a la hora de establecer el papel que deben tener los diferentes moduladores que influirán en la revalorización.

Existen dos propuestas en el Pacto de Toledo sobre el texto de la segunda recomendación. La propuesta del PDeCat pasa por tener la evolución de los precios como una de las referencias, pero unida a otros elementos como el comportamiento de los salarios y la producción, que consagrarían subidas en función del ciclo económico, por lo que la subida

de pensiones se condicionaría a la evolución de la coyuntura. De este modo, los moduladores podrían llevar a revalorizaciones de las pensiones por debajo de la evolución de los precios. A esta propuesta se han sumado formaciones como el PP, PNV o Ciudadanos, partidarios de un texto más flexible sobre el objeto de análisis que permita margen de maniobra al Gobierno de turno de cara a una eventual modificación de los parámetros.

En cambio, la propuesta de Unidos Podemos pasa por que las pensiones suban año a año, como mínimo, conforme a la inflación, sin descartar que en los años de mayor bonanza económica puedan aprobarse subidas mayores teniendo en cuenta otros indicadores económicos, pero nunca por debajo del IPC. Es decir, en este caso, ante la concurrencia de un ciclo recesivo, las cuantías nunca serían actualizadas por debajo de la inflación de modo que los moduladores nunca restarían en la fórmula de revalorización de la cuantía.

En este punto los posicionamietos enconados abren la puerta a soluciones dispares. Por un lado, parece claro que cada una de las propuestas van encaminadas a recoger las sensibilidades de los grupos de la derecha, en el caso de la de PDeCat, y de izquierdas en el de Podemos. Así, la decisión del PSOE parece que será el catalizador que decante la balanza por uno de los dos lados. Aquí, cabe recordar que la posición en el Pacto de Toledo del partido del Gobierno se acerca más a garantizar las pensiones en función al IPC sin condiciones, aunque en diferentes ocasiones dirigentes del espectro socialista han abierto la puerta a los moduladores de la inflación. Este es el caso de la portavoz en la Comisión, Merè Perea, quien habló en la primera reunión de septiembre de esta opción como viable, si bien aclaró posteriormente que el PSOE prefiere una subida conforme al IPC sin condicionantes. Sin embargo, en el último acto público de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, afirmó que la subida del IPC debe ser troncal, pero ha asegurado que si se quiere excepcionar por la situación económica en épocas de crisis, se hará teniendo en cuenta al Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social y no de manera unilateral.

"Todo el mundo tiene que ceder un poquito de su posición", apostillaba la ministra, tras afirmar que el Gobierno espera que el Pacto de Toledo se ponga manos a la obra y que lleguen las recomendaciones en todos los aspectos con la mayor celeridad.

Así, Valerio considera "absolutamente fundamental" que ambas mesas de negociación pacten mantener el poder adquisitivo de las pensiones "inquebrantable", pero también lograr una solución al déficit de la Seguridad Social "reordenando gastos, inyectando ingresos y complementando la financiación de las pensiones vía Presupuestos", punto en el que se abre la puerta a la modulación del IPC. Una cuestión que, no en vano, ya recogía esta misma recomendación en la reforma que el PSOE impulsó en el año 2011.

Con todo esto, parece evidente que la indefinición del grupo socialista podría lastrar los trabajos de la Comisión, si bien como aseguran fuentes cercanas a elEconomista Pensiones, el obejtivo del PSOE es superior al debate planteado, toda vez que busca aunar las sensibilidades de todos los grupos en un solo texto, claro, que no deje margen a interpretaciones interesadas por parte de los dirigentes. Sin embargo, la búsqueda de esta “unanimidad” se muestra como un freno o, al menos, como un factor de demora. Factor al

que también contribuye el enconamiento de los partidos acerca de esta recomendación. Cabe destacar también la falta de flexibilidad del PP, reacio a conceder una importante victoria al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de las pensiones, en una empresa encomendada por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por estos motivos, parece complicado alcanzar el deseado acuerdo antes de que finalice el mes de octubre -como pretende la presidenta de la Comisión parlamentaria de seguimiento de las pensiones, Celia Villalobos-. De hecho, los siguientes pasos que deberán dar no clarifican la situación, ya que ante la falta de acuerdo las soluciones no son todo lo eficientes que se esperaban: en uno de los extremos el plazo se alargaría hasta la consecución de un consenso, tarea ardua habida cuenta de la experiencia del mes de septiembre, y en el otro se optaría por votar uno de los documentos, siendo el vencedor el texto principal aunque trufado de los votos particulares que emitirían los partidarios de la otra alternativa.

Esta última, es la opción más peligrosa ya que implica cerrar una recomendación, la base sobre la que deberá legislar el Ejecutivo, sin acuerdo unánime -que es el origen del Pacto de Toledo como instancia supraparlamentaria al tratarse de una cuestión de Estado, con el riesgo de diluir la labor realizada desde su creación-.

Sin embargo, los 18.000 millones de euros de déficit que acumulará la Tesorería de la Seguridad Social, y que podrían ser mayores en función del impacto por la subidad del 1,6 por ciento a todas las pensiones y un 3 por ciento más a las de menor cuantía, demandan una solución temprana y no solo por el lado de los gastos -también se está estudiando la posibilidad de avanzar en la separación de las fuentes de financiación donde las pensiones de viudedad y orfandad, ayudas a la creación de empleo y gastos de gestión de la Seguridad Social se sufraguen con los Presupuestos Generales, ligando el pago de estas partidas a la recaudación tributaria del Estado-, sino que también se valoran las vías para ampliar los ingresos del sistema.

En este punto entra la llamada cesta de impuestos que planteó el Gobierno socialista tras la moción de censura, para nutrir los ingresos de la Seguridad Social, y que finalmente parece estar sustanciándose en una batería de alzas impositivas negociadas entre el PSOE y Podemos en el marco de los Presupuestos Generales.

Así, para más incertidumbre quedará por conocer la evolución del IPC hasta final de año -cerró agosto en el 2,2 por ciento- para saber el volumen de la factura que afrontará la Seguridad Social en enero de 2019 por el pago de la diferencia con el 1,6 pactado en abril.

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