LA MANO DE OBRA EXTRANJERA NO BASTA PARA PAGAR LAS PENSIONES

Sin medidas que palíen la retirada de la reforma de 2013, persistirán las tensiones financieras

La importación de mano de obra es una de las apuestas del Gobierno para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. En este sentido se ha pronunciado en varias ocasiones la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien promueve la adopción de políticas orientadas a que haya más personas trabajando -algo que pasa necesariamente por la incorporación de trabajadores extranjeros- y mejor pagadas. Sin duda, se trata de factores clave para reequilibrar las cuentas del Sistema y es una vía avalada por numerosos centros de estudio y organismos internacionales, pero no suficiente per se para lograr esos objetivos, ya que no basta una mera incorporación de trabajadores extranjeros: el éxito de esta apuesta requiere determinados perfiles profesionales, niveles salariales, aumentos de la productividad y la ocupación. En este sentido se han pronunciado, desde distintos ángulos, tanto la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Integración previa de los parados menos cualificados

El FMI, en el reciente estudio Retos Más Allá de la Sostenibilidad Financiera, cifraba en 5,5 millones de extranjeros la afluencia de mano de obra foránea necesaria hasta 2050 para, unido a otras medidas, sanear las arcas de la Seguridad Social. Pero, como explica a elEconomista Pensiones el profesor del CEF Juan Fernando Robles, “para poder absorber grandes cantidades de mano de obra inmigrante que aumentara la población ocupada en proporción suficiente para equilibrar el sistema de pensiones se debería, en primer lugar, procurar la integración laboral de los trabajadores menos cualificados actualmente en paro. De otra forma, permitir una masiva incorporación de inmigrantes al mercado laboral sin control como sucedió en épocas pasadas

solo tendría como efecto deprimir los salarios e incrementar la economía sumergida, sin una contribución decidida al sostenimiento del sistema de pensiones. Y es que el rango salarial es clave en este debate, como señalan los expertos consultados por elEconomista: se trata, como bien promueve la ministra Valerio de que ingresen en el mercado de trabajo profesionales mejor pagados. Algo que, por otra parte, en el caso general es correlativo y proporcional al nivel de cualificación del empleado. Sólo con salarios más altos se granjean ingresos mayores vía cotizaciones. Añade Robles que se piensa en la inmigración como una de las posibles soluciones al sistema de pensiones en tanto en cuanto supone un aumento de los cotizantes, al menos en un segmento laboral que difícilmente se cubre con mano de obra autóctona. Sin embargo, todavía hay mucho trabajador sin cualificar en paro, razón por la que absorber grandes cantidades de mano de obra inmigrante no parece viable, por lo menos a medio plazo.

En cualquier caso, tal como manifestaba recientemente el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, durante la presentación del informe ¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el Pacto de Toledo, para operar esa rebaja de las tensiones financieras en la Seguridad Social se necesita incoporar trabajadores extranjeros rápidamente incorporables al mercado laboral, algo que se favorece con el mayor nivel educativo y el conocimiento del idioma. De hecho, Alfonso Sánchez, uno de los autores del informe señaló que los inmigrantes pueden aliviar sólo transitoriamente la insuficiencia financiera del Sistema, pero no solucionarla, por lo que aludió a la necesidad de tomar medidas alternativas tras la retirada de la reforma de 2013. En este sentido, el citado estudio de Fedea advierte seriamente del riesgo que ha añadido el hecho de revertir la citada reforma sin activar inmediatamente alternativas que palíen el aumento de gasto que supondrá la vuelta a la indexación con el IPC y la demora de la entrada en vigor del factor

de sostenibilidad, llamado a reducir el coste de las pensiones iniciales a partir del año que viene, algo que ahora se ha dejado para el año 2023. De hecho, el informe dibuja diversos escenarios con afluencia de inmigración alta o moderada para terminar revelando que, llegue la mano de obra extranjera que llegue, habrá tensiones financieras si no se arbitran medidas que compensen el efecto de la reversión de la reforma de 2013.

La meta, elevar la tasa de ocupación

Por otro lado, AIReF incide en otro aspecto: no se trata tanto de la llegada de inmigrantes en sí como del hecho de alcanzar una tasa de ocupación -porcentaje que representa el número de ocupados sobre la población en edad de trabajar- del orden del 75 por ciento que permita sanear las cuentas, se logre esta tasa con la combinación que sea entre fuerza de trabajo autóctona y extranjera. Y España está aproximadamente 10 puntos por debajo de ese ratio. En este sentido incide el secretario general de la organización de consultores de pensiones Ocopen, Manuel Álvarez, al reflexionar para elEconomista Pensiones sobre este aspecto: lo que se necesita es incorporar al mercado de trabajo a cerca de 6 millones de personas, como sugiere el FMI, sean autóctonos o no.

En cuanto a las cotizaciones, el economista jefe del think tank Civismo, Javier Santacruz, explica que una llegada de fuerza laboral foránea como la que aconsejan el Fondo y otros organismos, efectivamente, permite equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, pero también importa qué cotizaciones van a ingresar los nuevos trabajadores provenientes de la inmigración. De hecho, existe una maraña de desgravaciones, bonificaciones y subvenciones que dificultan proporcionar aumentos de recaudación proporcionales al número de trabajadores incorporados.

Además está el factor temporal. Esa mano de obra foránea no va a llegar de golpe, sino gradualmente y no toda va a trabajar inmediatamente. Explica Santacruz que “cada punto porcentual que se incrementa el ratio de inmigrantes ocupados sobre los ocupados totales, la ratio de afiliados frente a pensionistas se incrementa en 0,16 puntos. Suponiendo que el número de ocupados españoles continúa creciendo y que los ocupados lleguen a 20 millones, entonces tardaríamos cinco años en recuperar el nivel de 2,7 afiliados por pensionistas a razón de aproximadamente 200.000 inmigrantes cada año ocupados”, un matiz éste de suma importancia porque no hay que olvidar que no todos los inmigrantes que lleguen serán población activa ni todos tendrán empleo.