Eduardo Bandrés

Director de Economía Pública y Bienestar de Funcas

Las pensiones de la Seguridad Social se pagan con las cotizaciones de los trabajadores ocupados y con impuestos de los Presupuestos del Estado, en la medida que las primeras desde hace algunos años no son suficientes. Con las reglas actuales -sujetas a revisión en la Comisión del Pacto de Toledo-, las previsiones demográficas apuntan hacia un fuerte aumento del gasto que difícilmente podrá sostenerse con el esfuerzo contributivo de los trabajadores futuros. Entonces, ¿quién pagará nuestras pensiones?

En un informe publicado la primavera pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteaba la incorporación progresiva de 5,5 millones de inmigrantes, cuyas cotizaciones reforzarían los ingresos de la Seguridad Social y ayudarían -aunque no resolverían- a sostener las pensiones en el horizonte de 2050. Puede parecer un contrasentido que en un país con 3,3 millones de parados sea necesario incorporar población extranjera para financiar nuestras pensiones. Pero las tendencias a largo plazo, en las que se basan las proyecciones sobre gastos e ingresos, ya tienen en cuenta el aumento de la tasa de empleo por la vía de la reducción del paro, la mayor participación laboral y el retraso de la edad de jubilación. Aun así, las cotizaciones previstas no serían capaces de cubrir las necesidades financieras del sistema. Por ello, el FMI realiza la propuesta de completar los ingresos con las aportaciones de los inmigrantes.

En realidad, la política migratoria no puede basarse únicamente en sus efectos sobre el sistema de pensiones. Son muchos otros factores, y no sólo económicos, los que deben ser tomados en consideración. Pero en un escenario a largo plazo, habrá que tener en cuenta el efecto de la automatización y el cambio tecnológico sobre el empleo. Quizás entonces los robots, y no solo los inmigrantes, puedan ayudarnos a pagar nuestras pensiones.

La primera condición para tener un sistema de pensiones financieramente sostenible es el crecimiento de la productividad. Puede parecer rebuscado, pero sin crecimiento de la productividad no es factible girar sobre las rentas de los factores productivos impuestos o cotizaciones suficientes para pagar las prestaciones sociales. La clave no es por tanto la automatización por sí misma, sino si ésta permite una reasignación del trabajo hacia otras actividades con tareas más complejas y más productivas, o si sólo sustituyen trabajo por capital. Es decir, si en último término somos capaces de tener una economía más innovadora y más productiva.

Establecer impuestos sobre el uso de robots en la producción de bienes y servicios ayudaría a financiar las pensiones y otras prestaciones, pero tiene el problema de que podría afectar negativamente a la eficiencia, porque frenaría la automatización. ¿Podemos asumir ese coste en términos de eficiencia a cambio de una menor desigualdad gracias a un aumento del gasto social? Se trata de una cuestión de preferencias sociales que sólo puede resolverse en el mercado político. Pero los economistas pueden ayudar a diseñar un sistema fiscal que no distorsione excesivamente la acumulación de capital y que a su vez compense a los trabajadores que pierden su empleo o vean reducidos sus salarios, mediante un sistema de transferencias. Y, por supuesto, para secundar también el pago de las pensiones. Porque pensar que éstas se pueden financiar sólo con las cotizaciones que se cargan sobre el empleo, sin el complemento de los impuestos, es cada vez más una ilusión.

En un escenario a largo plazo, habrá que tener en cuenta el efecto de la automatización y el cambio tecnológico sobre el empleo. Quizás entonces los robots, y no solo los inmigrantes, puedan ayudarnos a pagar nuestras pensiones