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La reforma de pensiones medirá el éxito de Bolsonaro
El sistema público de protección para la jubilación supone casi la mitad del gasto social en Brasil
La economía de Brasil mantiene la lenta senda de recuperación económica, con unas mejores previsiones de crecimiento y creación de empleo, pero esta demora en el despegue de la mayor economía latinoamericana tiene su fundamento en los riesgos e incertidumbres que apareja el ciclo político del país y su exposición a los vaivenes del comercio internacional, azuzados por la guerra comercial que ya libran Estados Unidos y China.
Por este motivo, lograr una evolución positiva de la economía se antoja como la piedra de toque del nuevo Ejecutivo que encabeza Jair Bolsonaro. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la región carioca crecerá este año al 1,4 por ciento y en el entorno del 2,4 por ciento en 2019, además de estimar que la tasa de paro se reducirá el 1 por ciento este ejercicio (11,8) y otro punto en el siguiente (10,7), la economía atesora riesgos intrínsecos que deberá afrontar el nuevo Gobierno.
En este punto entra la importancia crucial de la reforma de las pensiones para el buen desempeño económico de los próximos años. De entrada, Brasil cuenta con un déficit público del 7,5 por ciento del PIB, y la elevada inflación -prevista en el 3,7 por ciento en 2018 y el 4,2 en 2019, según el FMI-, que presiona cada vez más el poder adquisitivo de los hogares, muestran riesgos de cara a unas posibles turbulencias económicas y financieras, que bien podrían llegar por el menor intercambio comercial con el exterior bajo el repliegue ante la guerra comercial.
Por todo ello, la decisión que tome el nuevo Gobierno de Bolsonaro en materia de pensiones será crucial para reducir el déficit del Estado -algo en lo que también tendrá una importante concurrencia el pliego de privatizaciones de empresas públicas anunciado en campaña electoral-, ya que el 40 por ciento de todo el gasto que realiza la Administración Pública se destina a estos menesteres.
En estos momentos, la edad de jubilación media de las personas que ingresan al sistema de pensiones es de 55 años y perciben el equivalente al 70 por ciento de su último salario. Las pagas de los mayores son además responsables de un sistema público de pensiones que comprende más del 50 por ciento de todos los gastos federales, el triple que hace 30 años.
En el centro del problema está la disminución del número de trabajadores activos en relación con los pensionistas en Brasil. Y más concretamente, en la relación entre trabajadores activos y beneficiarios de pensiones para el estado brasileño medio, que cayó a 1,58 en 2012 de 2,19 en 2006.
Para afrontar este problema, se pretende alcanzar un sistema de capitalización como sistema de pensiones similar al existente en Chile. Sin embargo, no se ha explicado cómo transitar, ya que existen muchos trabajadores que aportaron en su momento a la Seguridad Social y solo los más jóvenes verían los beneficios.
Así, el cambio de modelo se sustentaría sobre un sistema de pensiones cuyo pilar central es la capitalización, lo que rompe el pacto intergeneracional propio de los sistemas de reparto, y donde cada individuo, a través de instrumentos de ahorro como un fondo de inversión, establece aportaciones periódicas para ir incrementando el valor del fondo y cuando se jubilen recibirán futuras rentas gracias al ahorro acumulado en la vida laboral y su rentabilidad.
Como sucede en Chile, en el sistema de capitalización los beneficios que obtiene el trabajador al jubilarse dependen de su propio trabajo y del funcionamiento de la economía que queda repercutido en los activos, lo que evita la intervención del Gobierno forzando que el grupo de trabajadores activos financie los pensionistas.
Una transición traumática
A pesar de que la coyuntura financiera pide una reforma del actual modelo de pensiones, el cambio no es un camino de rosas. En primer lugar, Bolsonaro ha expresado su voluntad de que en primera instancia la transición se sustente en un sistema de capitalización nuevo y paralelo a la estructura de prestaciones públicas en el que se podrá cambiar de manera voluntaria los trabajadores en previsión de que el poder adquisitivo de su jubilación esté comprometido por el situación deficitaria de las arcas públicas.
En el caso chileno, algunas de las medidas que se implementaron fueron la creación de un Fondo Único para administrar las asignaciones familiares, igualándose el valor de este beneficio para todos los trabajadores, la fijación de un mecanismo general de reajustabilidad para la cuantía de las pensiones, la aplicación de requisitos uniformes para acogerse a jubilación por vejez, la extensión del régimen de pensiones asistenciales a la población más pobre, favoreciendo a las personas mayores de 65 años que carecen de recursos y a los inválidos mayores de 18 años, además de la reducción gradual de las tasas de cotización, con el objetivo de elevar los índices de empleo, disminuyendo los costos de contratación, desde un 51,4 a un 33,25 por ciento en la década de los ochenta.