Una decisión que no se puede tomar a la ligera

La reforma de 2013 de la Seguridad Social introdujo dos mecanismos de ajuste automático que buscaban garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. El primero de ellos, conocido como factor de sostenibilidad, ajustaba la cuantía inicial de las pensiones en función de la esperanza media de vida. El segundo, el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), ligaba la tasa de actualización anual de las pensiones ya en vigor con la situación financiera -observada y prevista- del sistema a medio plazo, abandonando la referencia tradicional del Índice de Precios al Consumo (IPC).

El acuerdo presupuestario alcanzado por el anterior Gobierno del PP con el PNV dejó a la reforma de 2013 muy tocada. En principio, el acuerdo establecía un paréntesis en la aplicación de la reforma, aplazando la entrada en vigor del factor de sostenibilidad y suspendiendo temporalmente la aplicación del IRP para revalorizar las pensiones durante 2018 y 2019 a una tasa muy superior al 0,25 por ciento que establecía la norma suspendida. En la práctica, además, todo apunta a que el cambio de rumbo será permanente, pues ningún partido parece estar defendiendo ahora la necesidad de contener el crecimiento del gasto en pensiones en la Comisión del Pacto de Toledo. De hecho, recientemente se ha alcanzado un acuerdo en este foro para recuperar el IPC como referencia para la revisión anual de las pensiones, aunque la redacción elegida -“en base al IPC real”- deja un cierto margen para la interpretación.

En un reciente informe de Fedea (http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2018/10/FPP201809.pdf), Miguel Ángel García, Alfonso Sánchez y yo argumentamos que desmantelar la reforma de 2013 sin un plan alternativo no es buena idea, porque pondría en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones y la equidad intergeneracional. Para analizar las consecuencias de la derogación de la reforma, en el informe se construyen proyecciones de los ingresos y gastos del sistema hasta 2070 con y sin dicha reforma y se exploran sus implicaciones para las cuentas públicas y para el reparto de la renta entre activos y pensionistas. Los cálculos se realizan utilizando un modelo informático que simula las decisiones de unos hogares artificiales con características similares a la población real del país y recoge de forma bastante realista el funcionamiento del sistema público de pensiones.

Se ha alcanzado un acuerdo en el Pacto de Toledo para recuperar el IPC como referencia para la revisión anual de las pensiones, aunque la redacción elegida -“en base al IPC real”- deja un cierto margen para la interpretación