Las consecuencias ocultas de la revalorización con el IPC

Se ha vertido demasiada tinta estéril sobre las ventajas y desventajas de la revisión de las pensiones públicas con el IPC. Sabemos que, sobre todo, la gran ventaja de no hacerlo es la reducción de costes del sistema de pensiones público. El sistema propuesto por los expertos, y básicamente aceptado por el anterior Gobierno, consistió en reducir el coste de las pensiones mediante un método que José Mota calificaría como de al merme, sin que casi se note.

En efecto, se trataba de que el poder adquisitivo se reduciría conforme el índice de precios aumentase gradualmente. Los efectos a largo plazo podrían ser tan efectivos como devastadores. Entre estos últimos, dos impactos relevantes han pasado desapercibidos en la montaña de comentarios vertidos en los medios de comunicación: el efecto sobre la financiación de la dependencia y las consecuencias sobre la planificación financiera individual.

Los efectos de no revalorizar con el IPC son especialmente drásticos justamente sobre los dependientes. La mayor parte de las personas que necesitan ayuda para las tareas básicas de la vida diaria adquieren la condición de dependientes cuando han cruzado la frontera de los 80 años de edad y llevan percibiendo una prestación de jubilación durante más de 15 años. No revalorizar las pensiones implicaría tener una pensión reducida en un 25 por ciento justo cuando sus necesidades económicas se disparan y sin que el actual sistema de dependencia, gafado, pueda suponer una garantía de ingresos suficientes para hacer frente a esta contingencia.

En segundo lugar, hay que subrayar un tema de traslación de riesgos subyacente a la reforma de las pensiones. Cuando se indicia una pensión al IPC, el sistema público asume un riesgo: el de una inflación elevada y por tanto genera un incentivo al Gobierno para que esta no se le vaya de las riendas. Todo lo contrario ocurre cuando trasladamos el riesgo

Los efectos de no actualizar con el índice de precios son especialmente drásticos con los dependientes además de trasladarse el riesgo inflacionario a los pensionistas, como pretendió la reforma de 2013