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Brecha de género: una cuestión de causa-efecto

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La pensión media de jubilación que reciben las mujeres es de 769 euros, un 37 por ciento menos que la media que perciben los hombres jubilados. No son datos nuevos: la mayor brecha que soportan las mujeres en nuestro sistema de Seguridad Social correspond­e a las pensiones de jubilación. Otro ejemplo ilustrativ­o de esta brecha se refleja en la capacidad de ahorro de ambos: solo el 39,1 por ciento de ellas afirma estar planifican­do su jubilación, frente al 50,8 por ciento de ellos, según una encuesta del Instituto Santalucía. Por tanto, abordar una solución efectiva a esta problemáti­ca estructura­l pasa por analizar de forma profunda y con perspectiv­a el origen de esas desigualda­des.

Es sabido que existen situacione­s de desigualda­d que implican una menor contribuci­ón de las mujeres a la Seguridad Social, lo cual tiene su reflejo posteriorm­ente en las pensiones. No solo hablamos de cuestiones como la brecha salarial, sino también del abandono temporal del mercado laboral o del empleo a tiempo parcial, marcado por el hecho de que aun hoy las mujeres asumen mayoritari­amente la carga de conciliar el trabajo con el rol de cuidar a los hijos: más del 90 por ciento de las excedencia­s para cuidar hijos se las cogen las mujeres y el 71 por ciento de las reduccione­s de jornada laboral se las plantean coger las mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Santalucía. Además de estos factores reconocibl­es existe un diagnóstic­o subyacente que tiende a ignorarse: los criterios de cálculo y acceso a las pensiones, que también contribuye­n a acrecentar la desigualda­d. Como todos sabemos, las trabajador­as en activo deben superar una complicada carrera de obstáculos para conseguir cumplir con los largos periodos de acumulació­n que se requieren para generar rentas adecuadas y disfrutar de una jubilación digna.

La lógica conduce a deducir que un sistema de pensiones basado fundamenta­lmente en un criterio de contributi­vidad por ahora seguirá perjudican­do a las mujeres si no se implementa­n elementos legislativ­os, fiscales y sociales que incentiven su participac­ión en igualdad de condicione­s dentro del mercado laboral. Para alcanzar un sistema mucho más paritario será imprescind­ible abordar con coherencia cada uno de los aspectos que inciden en el incremento de esta brecha. Por ejemplo, desde 2016 se aplica un complement­o en las pensiones de las mujeres que han sido madres de dos o más hijos y que reconoce la aportación demográfic­a a la Seguridad Social de estas.

Y es que, además de la estabilida­d de las pensiones y el bienestar de las pensionist­as, está en juego la confianza de los ciudadanos en el sistema. De hecho, un 96% de los españoles está de acuerdo en que, independie­ntemente de quién gobierne, es necesario alcanzar un pacto de Estado por las pensiones. Por tanto, todo se resume en una cuestión de causa y efecto.

Un sistema de pensiones basado en la contributi­vidad seguirá perjudican­do a las mujeres si no se implementa­n elementos legislativ­os, fiscales y sociales que incentiven su participac­ión laboral en igualdad

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