Jubilación peor pagada en zonas despobladas

Las pensiones del retiro laboral y de viudedad son un 5 por ciento menores que en la media nacional

Justo cuando las elecciones generales estaban a la vuelta de la esquina, los candidatos a gobernar el país viajaron por la España vaciada para conseguir votos tras la marcha que tuvo lugar en Madrid el pasado 31 de marzo. Más de 50.000 personas, según la Delegación de Gobierno, y 100.000, según los organizadores, Teruel Existe y Soria ¡Ya!, marcharon por la capital para pedir mejoras en carreteras, trenes y servicios básicos en el 53 por ciento del territorio nacional que está ocupado por tan solo un 5 por ciento de la población. Las escasas inversiones en las zonas rurales provocan el éxodo de las personas jóvenes y el envejecimiento de la población y, por consiguiente, la dificultad a la hora de sostener el sistema de pensiones en estas áreas.

La edad media en España es de 43,4 años, incrementándose en 4,16 en las

últimas dos décadas. Estas desigualdades son consecuencias directas de la variación de reparto de las prestaciones y ayudas desde el Estado central. La pensión media por jubilación en la España vaciada es de 1.083,33 euros frente a la media nacional de 1.137,99 euros, un 5 por ciento inferior, y en viudedad 694,32 y 712,19 euros, un 2,5 por ciento.

Diecinueve provincias españolas superan el 60 por ciento de municipios con menos de 1.000 habitantes y con más de 4.000 poblaciones en peligro de extinción. Cáceres, con un 68 por ciento de su territorio en riesgo, percibe una media de 922,38 euros en pagas por jubilación frente a Navarra, con 69 por ciento de despoblación, la cual percibe una media de 1.287,69 euros. En cuanto a viudedad, un 2,5 por ciento menor que en el resto del país, la pensión más baja pertenece a Lleida con 614,49 euros y a Valladolid la más alta con 784,91 euros.

En este sentido, la provincia que más población perdió en el pasado año fue Ávila con un 1,37 por ciento. Este dato forma parte del 87,23 por ciento de pérdida en cuanto a habitantes en los últimos 20 años de Castilla y León. Según la Federación Española de Municipios y Provincias, sus nueve provincias superan el 60 por ciento de municipios con menos de 1.000 habitantes. La pensión por jubilación media en esta Comunidad Autónoma oscila entre los 931,67 euros de Zamora y los 1.279,39 euros de Valladolid.

Todo ello provoca que el gobierno mantenga las dificultades para pagar las pensiones debido a que el número de pensionistas no para de aumentar mientras que el de los trabajadores no lo hace en la misma proporción. Desde el 2008, España ha incrementado el gasto público en pensiones en un 57 por ciento. Y en los últimos dos años ha pasado de un 33,85 por ciento a un 44,16 por ciento en 2018.

La demografía como consecuencia

Según el Banco de España, la población nacional reflejó un retroceso en 2018 debido a la caída del número de nacimientos, un -8,5 por ciento, y el crecimiento en defunciones al 6,7 por ciento en el primer trimestre de este mismo año. A pesar de esto, el saldo vegetativo se ve compensado por el aumento en el flujo de entrada y el descenso en el de salida, tratándose de colectivos en edad de trabajar.

De mantenerse las tendencias demográficas actuales, para el INE, las proyecciones para los próximos 15 años determinan un saldo vegetativo negativo por el aumento de las defunciones y, por tanto, el envejecimiento poblacional. Si esto se cumpliera, la población del país aumentaría en el

5% Se trata del porcentaje de población que ocupa más de la mitad del territorio nacional

grupo de edad a partir de los 50 años. En 2033 habría 12,3 millones de personas mayores de 64 años, 3,4 millones más que en la actualidad. En este año, el porcentaje de personas de 65 años y más será de 25,2 por ciento frente al 19,2 de 2018.

El envejecimiento de la población será acusado también por el aumento en la esperanza de vida, la cual se incrementará en 2033 hasta los 82,9 años en los hombres y los 87,7 años en el caso de las mujeres.

En cuanto a las comunidades autónomas del país, los descensos más acusados entre 2018 y 2033 se darán en Castilla y León (-8,7 por ciento), Principado de Asturias (-8,5 por ciento) y Extremadura (-6,7 por ciento). Las provincias con índices más negativos, en relación a los saldos migratorios por mil habitantes, serán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-65,6 y 104,4), y las que forman parte de Extremadura (-30,1), Castilla-La Mancha (29,5) y Castilla y León (29,0).

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