La propuesta ‘progresista’ del PSOE

En este tremendo naufragio político en que vivimos quizá puede suceder que lo más grave no sea el hecho de no tomar medidas estructurales necesarias para el funcionamiento del país. Sin embargo, lo grave está en algunas medidas que planea adoptar el doctor en Economía Pedro Sánchez, presidente en funciones, y secretario general de un, a mi juicio, ya irreconocible PSOE.

En el famoso programa de reformas para España recientemente presentado por el dirigente socialista, en el cual se incluyen más de 370 medidas, con el que ha intentado hacerse dueño del relato mediático se descubren fisuras. Concretamente, en materia de pensiones tenemos dos, que aparecen recogidas en los puntos 29 y 30 del documento en cuestión. En la primera se refleja el compromiso “con la actualización de las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas”. Pero en el siguiente apartado se propone “eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013”. Algo que choca con lo recogido en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) hecho público en 2017, sobre la salud financiera del sistema público de pensiones español. Los cálculos reflejados en el citado documento concluían que vincular las pensiones a la inflación depararía un aumento del gasto en esta partida hasta en cuatro puntos del PIB a mitad de siglo, lo cual supondría que para financiarse sería necesario subir la recaudación del IRPF algo más del 23 por ciento.

Y la pregunta es: Ante este escenario, ¿quieren que nuestros hijos y nietos vivan peor que los actuales pensionistas? Con estas proyecciones no parece que haya una estrategia atinada en la propuesta del PSOE de cara al reto que asume el sistema de pensiones para las próximas décadas. La reforma de las pensiones, la transformación del sistema debe hacerse fuera de la esfera política, si no es inasumible, debido a la dificultad de acompasar los necesarios impulsos reformistas que demanda el Sistema tanto desde el plano de los gastos como de los ingresos, con las demandas de un colectivo de 9,5 millones de votantes que ejercen de facto como un lobby de presión hacia la propia Administración.

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