EL PODER DE COMPRA

Tras la crisis, los asalariados españoles han visto incrementado su poder de compra un 3,5% contra el 0,7% de ganancia experimentada por los pensionistas, a causa de las subidas aplicadas del 0,25%

Son numerosos los organismos que atestiguan cómo los años de la recuperación de la crisis económica de 2008 no han sido igual de positivos para todos los colectivos sociales. Y prueba de ello es el hecho de que los pensionistas españoles han visto incrementado su poder de compra cinco veces menos que lo experimentado por los trabajadores asalariados de nuestro país en pleno periodo de recuperación de la devastadora crisis financiera de 2008.

Según cifras del INE, recogidas tanto en la encuesta de estructura salarial como en la evolución de la inflación se observa como desde el año 2014 -momento en el que España abandona la recesión económica y anota un aumento del PIB del 1,4 por ciento- los trabajadores por cuenta ajena de nuestro país han visto incrementado su poder de compra en 3,5 puntos porcentuales, cifra exactamente cinco veces superior a la evolución de la riqueza de los pensionistas españoles, que han visto como se elevaba en los últimos seis años en un escueto 0,7 por ciento.

Estas ganancias de poder adquisitivo son el resultado de la diferencia entre la evolución de la cuantía de las pensiones (revalorización) en el caso de los pensionistas o del alza de los salarios en el caso de los trabajadores y el avance anual del IPC. Sin embargo, la amplia brecha entre ambos colectivos tiene su origen en una decisión política, al margen de la coyuntura económica.

El detonante de esta diferencia entre ambos colectivos está en la reforma del sistema de pensiones del 2013 llevada a cabo por el PP de Mariano Rajoy y, más concretamente, por la introducción del conocido como Índice de

Los periodos de inflación negativa

tras la crisis impulsan el aumento de poder adquisitivo

Revalorización de las Pensiones (IRP) que instauró durante cuatro años (entre el 2014 y el 2017, ambos incluidos) una revalorización de las prestaciones del 0,25 por ciento.

En este periodo es donde se abre la brecha. Los asalariados vieron elevado su poder adquisitivo en estos cuatro años un 1,4 por ciento como consecuencia de una evolución de los salarios del 0,7 por ciento, el 1,1 por ciento, el 1 por ciento y el 1,5 por ciento en cada uno de ellos contra un inflación que mostró un desempeño negativo con variaciones del -0,2 por ciento, el -0,5 por ciento, el -0,2 por ciento y el 2 por ciento, respectivamente, atribuyendo al colectivo de los trabajadores esta ganancia de poder compra anteriormente apuntada.

Por su parte, el colectivo de los pensionistas vio como durante ese tramo de cuatro años su pensión subía el 0,25 por ciento, justificado desde el Gobierno, y como refleja la vigente norma de revalorización de las pensiones, por una medida destinada a equilibrar las cuentas de las Seguridad Social hasta el punto en que estas dejasen de estar en números rojos, por valor de unos 18.000 millones de euros anuales más en ese momento. De este modo, en base a la secuencia de inflación anteriormente mencionada la ganancia de poder adquisitivo de los jubilados fue del 0,1 por ciento.

El doble solo para este año

Y más allá, para el conjunto de este año se espera que los trabajadores de nuestro país obtengan una ganancia de capacidad de pago un 1,7 por ciento mayor que el año pasado como consecuencia de una evolución salarial que experimenta un fuerte repunte (2,5 por ciento) tras el Acuerdo de Negociación Colectiva (AENC) suscrito en octubre de 2018 entre la patronal y los sindicatos para los próximos tres años. Cabe recordar que en este documento, firmado en presencia de la actual ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, contempla aumentos salariales cercanos al 2 por ciento más un 1 por ciento variable ligado a determinados factores como la productividad o los resultados empresariales.

Por su parte, los jubilados de nuestro país han visto engordar sus nóminas un 1,6 por ciento este año en cumplimiento del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno del PSOE en diciembre de 2018, y donde se recogía la subida de la cuantía de las pagas en base al IPC previsto, que entonces calculaba el Ejecutivo en ese 1,6 por ciento. Sin embargo, la ausencia de presiones inflacionistas en todo el Viejo Continente producto del debilitamiento del sector comercial acuciado por las incertidumbres y

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