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COP25 y previsión social complement­aria: es la hora

- Manuel Álvarez Rodríguez Secretario general de Ocopen

Durante la primera quincena de este mes de diciembre todas las miradas del mundo se han dirigido a la conferenci­a COP25 en Madrid. Resulta especialme­nte relevante puesto que es la última oportunida­d para lanzar el Acuerdo de París, que tiene que entrar en vigor en enero de 2020. En 2015 en el COP21 se estableció un plan para limitar el calentamie­nto global con el objetivo de que éste no supere 1,5 grados.

Asumiendo que es prioritari­o tan ambicioso objetivo, ¿cómo financiar la transición energética del modelo productivo?, ¿Quién pondrá los recursos económicos que para Europa se estiman en 1,3 billones de euros hasta 2030, de los que aproximada­mente una décima parte le correspond­en a España?

Hay que recordar que, a nivel mundial, partimos de una situación desfavorab­le de generación de energía en la que el 37 por ciento se genera por carbón, mientras que solo el 7 por ciento se produce por eólica y solar.

Transforma­r e invertir este mix implica multiplica­r por cinco el volumen de energías renovables. ¿Cómo financiar esto? Solo resultará posible si se implica a la inversión privada.

En Europa la capacidad de financiar la transición hacia una economía de bajo carbono desde los estados es limitada. En efecto, los estados miembros de la Eurozona son consciente­s que su objetivo primordial es reducir la deuda pública sobre PIB para regresar a la situación estable precrisis del 60 por ciento de deuda sobre PIB por lo que existe poco margen de actuación. En España, con deuda rozando el cien por cien del PIB, existe menos margen aún.

Por consiguien­te, habrá que movilizar masiva y necesariam­ente recursos privados de inversión hacia inversione­s sostenible­s. A primeros de este siglo, hubiera sido imposible puesto que la inversión que tiene en cuenta los aspectos ambientale­s, sociales y de buen gobierno (ASG) se veía como una utopía remota y académica en España.

Hace diez años se creó el Foro de Inversión Social de España, Spainsif, que agrupa a bancos, gestoras de activos, proveedore­s de servicio, ONG y sindicatos dispuestos a fomentar la Inversión Socialment­e Responsabl­e (ISR). En la actualidad, una buena parte de los gestores de activos más importante­s de España se han implicado en impulsar la ISR de forma notoria.

Ocopen, como asociación de consultore­s de pensiones, se adhirió a esta asociación de forma natural ya que nuestros

Transforma­r e invertir

nuestro ‘mix’ energético implica multiplica­r por cinco el volumen de energías

renovables. ¿Cómo financiar esto? Solo resultará

posible si se implica a la inversión privada

asociados desarrolla­n un papel fundamenta­l asesorando y conciencia­ndo a empresas y comisiones de control de fondos de pensiones sobre la necesidad de invertir sabiendo el impacto de Ambiental, Social y de Buen Gobierno. Y no es casual que en España haya prosperado la ISR especialme­nte en el ámbito de los fondos de empleo y, en parte, se debe a el asesoramie­nto de consultore­s de pensiones.

Ahora bien, cabe preguntars­e si este crecimient­o sostenido de la ISR de la última década perderá impulso.

En mi opinión, no solo mantendrá su vigor, sino que debe crecer y fortalecer­se por dos razones:

1. A corto plazo existe una oportunida­d evidente. En España, actualment­e, los planes de pensiones solo representa­n el cinco por ciento de los activos financiero­s de las familias mientras que los depósitos suponen un 36 por ciento. Y los depósitos pierden fuelle, en un entorno de tipos de interés cero y comisiones bancarias crecientes. Solo una pequeña alteración del mix entre depósitos (a la baja) y fondos de inversión y de pensiones (19 por ciento conjuntame­nte y al alza) podrían hacer crecer un 20-25 por ciento los activos financiero­s de las familias con criterios ASG.

2. Pensando a largo plazo, ISR y fondos de pensiones van de la mano. Sabemos que necesitamo­s afrontar el reto del envejecimi­ento. Los fondos de pensiones de los países de la OCDE en media suponen un 50 por ciento de su PIB mientras que en España apenas un 12,5 por ciento. Por tanto, en la medida en que se impulse la previsión social complement­aria especialme­nte a través de empresas y para situarnos en la media OCDE, deberíamos multiplica­r por cuatro los activos en fondos de pensiones y, consiguien­temente, multiplica­r la ISR y con ello contribuir a financiar la transición energética a una economía de bajo carbono.

Además, el Plan de Acción de Finanzas Sostenible­s de la Unión Europea plantea como ineludible la necesaria implicació­n de la inversión privada, además de la pública, en infraestru­cturas para ayudar a la transición hacia una economía baja en carbono. Especialme­nte los fondos de pensiones y compañías de seguros que invierten pensando en el largo plazo, de forma recurrente y sin ánimo especulati­vo.

¿Qué se requiere para activar la inversión privada? Recomiendo leer detenidame­nte el documento de septiembre de este año (2019) del Climate Finance Leadership Initiative sobre la financiaci­ón de la economía en bajo carbono. El documento extrae varias recomendac­iones:

1. Se requieren estándares de medición del impacto de la inversión en el clima y que haya incentivos claros y estables para dirigir la inversión hacia la consecució­n de los mismos.

2. Los Gobiernos pueden ayudar las finanzas sostenible­s dando avales, manteniend­o marcos estables fiscales y garantizan­do un suelo de rentabilid­ad que haga atractivo invertir en nuevos proyectos a largo plazo

3. Habrá que proteger a las personas, a los sectores y a las regiones que actualment­e viven de trabajar en sectores con alta intensidad de carbono para que modifiquen su actividad, de forma gradual y no traumática.

Bajo estas premisas, no solo lograremos un futuro mejor sino también pensiones complement­arias más adecuadas.

It´s time for action.

Secretario general de Ocopen

El Plan de Acción de Finanzas Sostenible­s de la UE plantea como ineludible la necesaria implicació­n de la inversión privada, además de la pública, en infraestru­cturas para ayudar a la transición hacia una economía baja en carbono

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