La información, clave para una buena planificación

Partimos de un consenso muy amplio y generalizado en cuanto a que las pensiones públicas tienen que ser suficientes y, al mismo tiempo, sostenibles. Pero la situación real en la gran mayoría de países desarrollados es que sus sistemas públicos de pensiones tienen desequilibrios, en algunos casos graves, provocados por factores demográficos, pero también económicos. España no es una excepción.

Entre los factores demográficos cabe destacar, como el principal, el riesgo de longevidad, en especial a partir de la edad de jubilación, y que implicará pagar pensiones a los jubilados durante más tiempo. Al mismo tiempo, un incremento generalizado de la esperanza de vida conllevará que el número de pensionistas siga creciendo en las próximas décadas. Un tercer elemento demográfico, que impacta negativamente en el futuro equilibrio del sistema público de pensiones, es el continuo descenso de la natalidad que anticipa una reducción futura de trabajadores y, en consecuencia, de cotizantes para pagar las pensiones del futuro. De hecho, en relación al descenso de la natalidad, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado un informe en el que destaca que el número de nacimientos está descendiendo de forma continuada desde 2015 y que en el primer semestre del 2019 el número de nacimientos es el más bajo desde 1941. Es posible explicar en parte este descenso de nacimientos por cuestiones culturales, pero es indudable que ha contribuido a ello razones de tipo económico como el crecimiento del paro, los bajos salarios y la precariedad laboral que hacen que la decisión sobre la maternidad se vea retrasada cada vez más.

En cuanto a los aspectos económicos y financieros, quedan reflejados en la expresión de un déficit del sistema público de pensiones dado que, desde 2015, los gastos han superado los ingresos del sistema, lo que ha significado también la práctica liquidación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. De forma resumida, han contribuido a ello factores como la revaloración de las pensiones y el incremento continuado de la pensión media debido a que las nuevas pensiones son más elevadas que las antiguas. Cabe aclarar que el déficit viene producido por un incremento del gasto significativamente superior al incremento de los ingresos del sistema, dado que, si bien en la última década los ingresos han crecido un 17 por ciento, los gastos han crecido un 53 por ciento en el mismo periodo.

Un elemento negativo en el futuro equilibrio del sistema público de pensiones, es el continuo descenso de la natalidad que anticipa una reducción futura

de trabajadores, y en consecuencia, de cotizantes para pagar las pensiones del futuro

¿Qué soluciones se han propuesto desde los distintos ámbitos implicados en esta importante cuestión? Es importante remarcar que algunas de éstas, especialmente las propuestas por expertos del sector, son técnicamente aplicables y con un impacto directo en beneficio de la sostenibilidad del sistema, pero que al mismo tiempo llevan implícitos unos costes de tipo social que desde el ámbito político son difíciles de asumir. Un caso claro de esto son las medidas propuestas por el Comité de Expertos que en 2013 propuso mecanismos de ajuste automáticos como el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones, aunque actualmente su aplicación está en suspenso. Existen otras medidas que tienen un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema según demuestran varios estudios, como puede ser el hecho de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años a partir del 2027 tras un periodo transitorio. Una alternativa o medida complementaria es la jubilación activa, fórmula que permite a los trabajadores jubilarse y al mismo tiempo seguir trabajando manteniendo sus cotizaciones a la seguridad social y cobrar una parte de la pensión pública.

Hay otros ámbitos en los que es posible avanzar de forma importante, como son el de la información y el de la formación. El segundo, con un impacto más a largo plazo y quizás con una mayor dificultad de cuantificación, se centraría en fomentar la educación financiera y la cultura del ahorro a largo plazo desde las escuelas.

En cuanto a la información, sería deseable que la Administración del Estado cumpliera con sus obligaciones legales desde 2014 de dar a los trabajadores mayores de 50 años una estimación individualizada de las pensiones que percibirán cuando se jubilen. Recientemente Inverco ha publicado el Estudio sobre la jubilación y la importancia del saber con los resultados de una encuesta realizada a trabajadores en España, entre los que destacan especialmente que el 91,5 por ciento de los encuestados consideran que disponer con antelación de la información de la pensión pública estimada que percibirán cuando se jubilen les ayudaría a planificar mejor su jubilación. También que un 74 por ciento de los contribuyentes piensa que cuando se jubile, la pensión pública será peor que la actual y, por tanto, tendrán que ahorrar por su cuenta para complementar dicha pensión.

Conocer cuál será la pensión futura es importante para poder realizar una correcta planificación del ahorro para la jubilación y, así, poder alcanzar las expectativas de ingresos durante una etapa que, gracias al incremento de la esperanza de vida, cada vez es más larga. No disponer de la información precisa acerca de la pensión pública esperada, impide diseñar adecuadamente un plan de jubilación que se ajuste a las necesidades reales de cada persona.

En definitiva, es evidente que el sistema de pensiones tiene problemas de sostenibilidad, pero también lo es que hay soluciones. El verdadero problema es no tomar decisiones teniendo en cuenta los diferentes ámbitos o factores que indicen en él y con la mirada puesta al largo plazo. Porque las decisiones que se deben tomar quizá no contenten a todas las partes, pero mirar hacia otro lado puede resultar mucho más perjudicial tanto para la Administración como para los ciudadanos.

Director de Negocio de Previsión Social del Grupo Caja de Ingenieros

Sería deseable que la Administración del Estado cumpliera con sus obligaciones legales desde 2014 de dar a los trabajadores mayores de 50 años una estimación individualizada de las pensiones que percibirán al jubilarse