La crisis sanitaria, una oportunidad para reformar las pensiones sin parches

Es imposible que 21 millones de personas -casi 10 millones de pensionistas, 3,8 millones de parados, 3,5 millones de trabajadores bajo un ERTE, 2,6 millones de funcionarios- vivan de las arcas públicas, cuando hay poco más de 16 millones de personas trabajando para la empresa privada. Lo contaba en una entrevista Manuel Pimentel, exministro de Trabajo. ¡Y qué cierto es! Antes de la crisis del coronavirus, cada trabajador tenía que aportar anualmente alrededor de 14.000 euros para financiar el Estado del Bienestar: este tridente mágico formado por la Educación, la Sanidad y las Pensiones. ¡No son gratis! ¡No son un regalo! Son el fruto de millones de españoles que, a través de nuestros impuestos y las cotizaciones sociales sostienen el actual sistema de protección social. Cada año el Estado se gasta/invierte 275.000 millones en mantener el educación, sanidad y pensiones. A Educación van más de 50.000 millones, a Sanidad 75.000 millones y al pago de las prestaciones a los pensionistas van 145.000 millones cada año. Una partida que además se irá elevando de forma exponencial en los próximos años debido a una pirámide poblacional envejecida que tiene un doble efecto sobre la factura de las pensiones: cada vez hay más pensionistas y cada vez la pensión que reciben es mayor: la sostenibilidad del sistema, por tanto, está en entredicho.

A día de hoy hay 50 pensionistas por cada 100 trabajadores, pero este ratio se elevará de forma gradual hasta alcanzar los 75 pensionistas por cada 100 trabajadores en el año 2050. El gasto en pensiones pasará de representar el 12% del PIB a más del 17%; el déficit anual del sistema de pensiones se sitúa en la actualidad en los 18.000 millones, una brecha que sin duda crecerá tras esta maldita crisis sanitaria. La clave es cómo a raíz de esta crisis, España va a salvaguardar su sistema de pensiones. Los organismos internacionales avanzan una caída del PIB del 12/25% por el efecto del encierro sobre la economía. Esto supondrá una caída importante de los ingresos por impuestos y un aumento de los gastos para cubrir otras necesidades, como por ejemplo, los sistemas de protección de desempleo.

Está claro que, más pronto que tarde, España tendrá que asumir una reforma profunda de su sistema de pensiones. El gobierno, para no perder votos, dirá que la reforma la impone Bruselas como contraprestación a los miles de millones de euros que nos va a prestar para afrontar la crisis sanitaria y el zarpazo a nuestra economía. Veremos un retraso en la edad de jubilación, ligar la pensión al crecimiento económico, a la esperanza de vida, contabilizar toda la vida laboral para calcular la pensión… Lo que necesitamos es una reforma profunda y no simples parches. ¡Quizás el Covid acelere esa reforma y elimine de un zarpazo los parches! ¡Parches sobran!