Covid-19, catalizador inesperado de la reforma de las pensiones

Al cierre del tercer trimestre de 2020, la tasa bruta de ahorro de los españoles, medida como el cociente entre el ahorro bruto y la renta bruta de las personas, ha alcanzado el 31,1%, el valor más alto en la serie histórica de los últimos 21 años. Este incremento del ahorro producido por la situación tan extraordinaria derivada del Covid, debería ser invertido de forma eficiente en cuanto a las necesidades de liquidez, riesgos asumidos, rentabilidad esperada, fiscalidad aplicable, etc. Como todos somos distintos, cada uno deberá de forma distinta en función de sus necesidades.

Precisamente es en la fiscalidad aplicable donde estamos viendo propuestas de cambios y las cuales sea más que probable que se vean reflejados en los Presupuestos Generales que, finalmente, se aprueben. Esos cambios deberán afectar de forma positiva a los vehículos de ahorro e inversión colectivos y promovidos desde las empresas. Como explicó hace unos días el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, su tasa de implantación sigue siendo baja, y está muy por debajo en comparación de otros referentes europeos. Mientras que en países como Francia o Bélgica uno de cada dos ciudadanos tiene un plan de previsión a través de la empresa, en España esa relación es de uno por cada seis. De ahí que su objetivo sea multiplicar por tres el número de españoles que ahorren a través de su empresa, entendida como tal, incluso la administración pública. Con un ahorro a largo plazo inferior al 15% del PIB, cada vez son más las voces que avisan que los planes complementarios promovidos por las empresas van a ser indispensables para el medio-largo plazo de cara a complementar a las pensiones públicas que, por supuesto, tienen que seguir siendo el primer pilar.

Si el futuro del sistema público de pensiones y su reforma fue uno de los temas más recurrentes debido a su importancia hasta el pasado mes de febrero; desde ese momento, a causa de los estragos económicos causados por la crisis sanitaria, es también un tema de gran urgencia haciendo necesario comenzar a abordarse, esperamos, que de forma definitiva.

Todos sabemos de sobra, que España encabeza los rankings de longevidad año tras año. Actualmente, la esperanza de vida media es de algo más de 83 años, según datos de INE, casi ocho años más que hace 30 años. Pero junto con estos buenos datos, podemos ver otros algo preocupantes. Según esta misma fuente, la tasa de natalidad se encuentra, hoy en día, en España en el 7,86 (nacimientos por 1 000 habitantes), y hace 30 años era de casi el doble, del 15,2. Esta continua reducción de la tasa de natalidad junto con el incremento de

la esperanza de vida ha llevado a que la pirámide poblacional española se esté invirtiendo, lo que está, y va a afectar inevitablemente, a la pensión de jubilación.

En España, existe un sistema de pensiones de reparto, lo que quiere decir que las prestaciones se financian con las contribuciones de los trabajadores en activo en ese momento. En torno al 2030, la generación del baby boom comenzará a jubilarse, un importante porcentaje de la población que, en principio, por las características de su vida laboral, contará con unas pensiones generosas. En todo este engranaje no perdemos de vista que esta gravísima crisis sanitaria está desatando una crisis económica de consecuencias imprevisibles que ya está haciendo caer el número de personas cotizando y contribuyendo a financiar el sistema público de pensiones. Así que, de las pensiones actuales, deberá hacerse cargo una población trabajadora proveniente de una tasa de natalidad menguante y con una tasa de paro que tardará incluso hasta cuatro años, según algunas publicaciones, en volver a niveles previos a los de la crisis actual.

De seguir así, el indispensable sistema de pensiones público será poco sostenible con la generosidad actual si la medimos conforme a la tasa de sustitución que no es más que el porcentaje que la pensión pública supone sobre el último salario y que es uno de los más elevados de los países de la OCDE.