50 La mitad del déficit de las pensiones se pagará con impuestos por ciento

El ministerio de Seguridad Social pretende extraer de las finanzas del Sistema hasta 23.000 millones de euros de gastos no contributivos que deberán ser sufragados a través de los Presupustos Generales del Estado cada ejercicio

El Gobierno ha iniciado ya los primeros pasos de la reforma de pensiones que se ha acordado recientemente en el Pacto de Toledo. La primera piedra la ha puesto el Ejecutivo en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, donde se prevé una transferencia de 12.000 millones de euros del Estado a la Seguridad Social, que servirá para sufragar parte de los denominados como gastos impropios del sistema -los de naturaleza no contributiva- y que en el agregado de gastos de la Seguridad Social suponen una parte del déficit anual -de 18.000 millones de euros en los últimos años y que ascenderá a 25.000 millones de euros en 2020 por el impacto de la pandemia-.

Esta transferencia, cuyo destino ya había sido avanzado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicando que parte de la misma (de 18.000 millones en total) también serviría para sufragar los nuevos gastos de la pandemia -prestaciones a autónomos y bonificaciones en la cotización para empresarios y trabajadores en Erte- tendrán una doble vertiente. Y según confirmó este martes el ministro de

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de esta partida se destinarán 12.000 millones de euros para absorber la primera parte del déficit de la Seguridad Social correspondiente a gastos impropios o no contributivos, y que es equivalente a un punto del PIB.

Esta primera medida que afecta al ordenamiento financiero de la Seguridad Social que llevará a cabo el Ejecutivo si se da luz verde al proyecto de Presupuestos Generales en el Congreso, da respuesta a la primera de las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre separación y clarificación de fuentes de financiación del Sistema y supone el principal cambio que afronta con la reforma pues implicará sufragar directamente con impuestos casi la mitad del déficit que registrará en 2021 el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país, de 25.000 millones de euros, 2 puntos del PIB.