Sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo

Finalmente, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados ha emitido sus recomendaciones sobre el sistema público de pensiones de la Seguridad Social, con alguna apostilla también sobre los sistemas de previsión social complementaria.

A la vista del cierre en falso de dicha comisión en 2019, esta circunstancia pudiera parecer a primera vista un auténtico motivo de albricias, pues, si ya en 1995, cuando fue creada, dicha comisión resultaba necesaria por la presión de factores como el aumento de la longevidad y la disminución o el estancamiento de la natalidad sobre la sostenibilidad del sistema, tanto más lo es hoy, cuando nuevos factores desestabilizadores, tales como la disminución de los salarios de los cotizantes más jóvenes o las elevadas tasas de desempleo, se suman a los anteriores.

Sin embargo, creemos que tales recomendaciones son seguramente insuficientes. Tomemos, por ejemplo, algunas de las más relevantes.

Alguna, como la separación de las fuentes de financiación de lo que corresponde soportar a la Seguridad Social con sus recursos propios procedentes fundamentalmente de las cotizaciones sociales y lo que corresponde al Estado, con cargo a sus presupuestos generales soportados fundamentalmente con los impuestos y la emisión de deuda pública, únicamente viene a ordenar contablemente lo que ya venía sucediendo de algún modo desde el momento que venía habiendo préstamos del Estado para enjugar déficit de la Seguridad Social, pero no contribuye a aligerar los costes totales del sistema.

Otras, como la de permitir al pensionista elegir el periodo de cotización que se toma para el cálculo de la base reguladora de la pensión o la de abandonar definitivamente el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y revisar pensiones con la inflación, pueden resultar equitativas o interesantes para el trabajador y el pensionista, pero no aligeran, sino que encarecen los costes del sistema.

Y otra, como es la de tomar los ingresos reales de los autónomos para su cotización en lugar de dejarles elegir las bases y que entonces muchos de ellos opta

ran por la mínima, puede aumentar de momento la recaudación, pero en principio también simultáneamente los costes por prestaciones.

Menos son las recomendaciones que, por el contrario, tienen aspecto de que sí que podrían tener mayor calado, como la de desincentivar las jubilaciones anticipadas, siempre y cuando que se tomen medidas realmente efectivas que sean capaces de hacer frente a lo que es una fuerte tendencia en el mercado laboral (ERES, bajas incentivadas, prejubilaciones…), y la de reordenar y reconsiderar las prestaciones por fallecimiento (fundamentalmente, la viudedad).

En una valoración de conjunto, al autor se le antoja que estas recomendaciones se han quedado cortas. No se habla de modificaciones sustanciales, ni paramétricas ni estructurales, que redunden en promover con la máxima eficiencia la suficiencia y la viabilidad del sistema, si bien, teniendo en cuenta la diversidad de opiniones y de visiones de las fuerzas políticas, quizás sea difícil de momento aspirar a más, aun siendo ello seguramente necesario.