El Gobierno prorroga un año más la cláusula de salvaguarda

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prorrogará un año más, con efectos de 1 de enero, la ley que recoge la cláusula de salvaguarda de las pensiones que caducaba este diciembre y que introdujo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ello permitirá que los trabajadores despedidos antes de 2011 puedan jubilarse en mejores condiciones. De no ser así, los afectadas habrían tenido solo tres días para tomar la decisión de solicitar la jubilación con las reglas pactadas en su día o las que están hoy en vigor. Así, se garantizan los requisitos anteriores a la Ley 27/2011. Además, esta situación está condicionada a que después de esa fecha ninguna de estas personas haya sido incluida en algún régimen de la Seguridad Social. También pueden acogerse las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad al 1 de abril de 2013.Además, se sigue manteniendo el derecho a que estas personas decidan optar por la legislación ahora vigente.

to en estos meses de pandemia y ya supone el 42% del total de desempleados, seis puntos más que en febrero, con 1,6 millones de personas que llevan más de 12 meses buscando un empleo.

“La medida aumenta la contributividad del sistema de pensiones, pero debería de ampliarse hasta contabilizar el 100% de la vida laboral”, apunta el profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Polibienestar y de IVIE, Enrique Devesa, acerca de la posible propuesta que estudia el Gobierno y se prevé discuta en la Mesa de Diálogo Social con patronal y sindicatos. Así lo reconoció el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en un reciente acto aclarando no en vano que la “discreción” debía ser la norma de las negociaciones con los agentes sociales para que esta llegue a buen puerto.

Negociación tripartita

Pero las reacciones no han tardado en producirse y no con buena acogida. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió este martes al Gobierno de que no aceptará elevar el periodo de cálculo de las pensiones, que “no es serio” hablar ahora de subir el cómputo para calcular las pensiones cuando aún no ha terminado de desplegarse la reforma

La medida afectaría a las nuevas altas de jubilación y demás prestaciones contributivas

de 2011 que estableció la ampliación progresiva tanto de la edad legal de jubilación como del periodo de cálculo. Así, y respecto a las informaciones que apuntan que el Gobierno estaría barajando elevar ese periodo de cálculo de 25 a 35 años, Álvarez asegura que se trata de una hipótesis que ni siquiera ha sido confirmada por el ministro José Luis Escrivá, y que no se ha puesto sobre la Mesa del Diálogo Social, donde se negocia la reforma.

En todo caso, aclaró que su sindicato no aceptará subir el periodo de cálculo (este año se toman los últimos 23 años cotizados para determinar la pensión, el próximo año se tendrán en cuenta 24 años y en 2022 serán los últimos 25 años) ni tampoco dará su visto bueno a cualquier otra medida que suponga recortes en las cuantías de las pensiones. “No aceptaríamos negociarlo”, insiste Álvarez criticando que se lancen estos “globos sonda” que intranquilizan a los pensionistas mientras insta al Gobierno a centrarse en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Más allá, sobre el impacto financiero de la medida, Devesa explica que este “sería limitado” en el corto plazo, ya que no se observaría el efecto de estas reducciones del gasto hasta que los costes de las pagas se consoliden en el Sistema

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