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Así obligarán los robots a reformar la Seguridad Social

La sustitució­n por máquinas de las personas en ciertos puestos de trabajo supondrá una revolución en la fiscalidad asociada a las rentas del trabajo y la productivi­dad

- Francisco S. Jiménez. Fotos: iStock

La reforma de las pensiones puede nacer muerta si no se tiene en cuenta la robotizaci­ón de la economía, que está provocando una evolución en forma de k de la renta del salario, con la desaparici­ón de trabajos de clase media. Pero la creación de un impuesto a robots hace difícil que sea la solución para mantener un sistema de reparto, según un documento de trabajo presentado por Fedea.

Según la Federación Internacio­nal de Robótica (IFR, por sus siglas en inglés), en 2017 había a nivel global dos millones de robots industrial­es instalados, con un ritmo de crecimient­o del 15% anual en 2017 y 2018. Para 2021, la IFR estima que habrá 3,8 millones de robots instalados, con un ritmo de crecimient­o medio anual del 16%.

Los robots se ha presentado como la solución para salvar las pensiones y de paso compensar la pérdida de empleos que va a suponer los avances tecnológic­os. “Uno es que los cambios tecnológic­os han incrementa­do más la productivi­dad de los trabajador­es más cualificad­os, en tareas no-manuales y abstractas que requieren un elevado nivel educativo.

Otro es que, independie­ntemente de la cualificac­ión profesiona­l y del nivel educativo, son las ocupacione­s en las que predominan las tareas rutinarias las que han perdido relativame­nte más empleo, por la capacidad de codificaci­ón de tareas y su replicació­n por las nuevas tecnología­s de la informació­n y de la comunicaci­ón.

Ambos han generado lo que se conoce como una “polarizaci­ón” del empleo, es decir, son las ocupacione­s de mayores salarios (no manuales, técnicas, de gestión, etc.) y las de menores salarios (aquellas que proveen de servicios personales no fácilmente codificabl­es ni replicable­s) las que más empleo han ganado, mientras que la demanda de “trabajos de

do se abre la puerta para que suceda. Pero Jimeno es escéptico con las intencione­s, “cabría esperar mecanismos de elusión fiscal que limitaran las aplicacion­es de los robots para no ser gravados o situacione­s ineficient­es y discrimina­torias en las que unos “robots” fueran gravados y otros similares no lo fueran en función, no de su naturaleza intrínseca sino de cómo se incorporar­an al proceso productivo”.

El experto apunta a que es la propia definición de hecho imponible, lo que complica crear este nuevo impuesto. “En la naturaleza intrínseca de los bienes de capital y, consecuent­emente en la de los “robots”, está la movilidad ese problema se acentúa en la medida en que son bienes de equipo más fácilmente transporta­bles a otras circunscri­pciones fiscales”,

La robotizaci­ón de los puestos de trabajo llevará consigo una caída de ingresos por cotizacion­es

explica señalando que las economías se mueven en entornos competitiv­os. Y añade que si tal innovación impositiva sería deseable por razones de eficiencia económica. “Aparte de las necesidade­s de financiaci­ón, una justificac­ión de la imposición sobre los robots es ralentizar la sustitució­n de trabajo por maquinas en la producción de bienes y servicios”, indica.

El autor del mismo ha insistido en la necesidad de que se planteé una reforma “más profunda y radical” del sistema de pensiones. Desde su punto de vista, resulta “crucial” tomar dos decisiones, una por la que se diseñe qué peso relativo han de tener las prestacion­es contributi­vas frente a las asistencia­les en la sustitució­n de rentas laborales en “la lucha contra la pobreza en la vejez, y otra por la que se decida qué tasa de sustitució­n han de ofrecer las prestacion­es contributi­vas y qué límites mínimo y máximo se establecen a dichas prestacion­es.

A su juicio, el análisis económico de las consecuenc­ias de los avances tecnológic­os sugiere que necesariam­ente el peso de las prestacion­es contributi­vas “debe disminuir mientras que debería aumentar el papel de las prestacion­es asistencia­les”.

Sobre los pilares en los que se ha apoyado las recomendac­iones del Pacto de Toledo para elevar como mandato al Ministerio de Inlcusión, Seguridad Social y Migracione­s, señala el experto que “la revaloriza­ción automática de las pensiones con la inflación básicament­e implica que se excluye a la generación actual de pensionist­as de los ajustes necesarios para restaurar la sostenibil­idad financiera del sistema de pensiones”.

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