España gasta un 48% menos que la media de Europa en dependencia

Los expertos advierten que el Estado deberá asegurar un colchón de 56.000 millones de euros para afrontar los costes asociados al envejecimiento (pensiones, sanidad y dependencia) ante eventuales crisis para garantizar el pago de las prestaciones y los se

El progresivo envejecimiento de la población comporta retos en diferentes ámbitos, más allá del previsible incremento del gasto en pensiones asociado al aumento de la esperanza de vida y el mayor volumen de población mayor de 65 años. Uno de estos conflictos más allá de las prestaciones contributivas de los pensionistas son los gastos asociados a los cuidados y servicios precisos de la tercera edad. En este sentido, la comparativa internacional sitúa a nuestro país a la cola de la Unión Europea en gasto en dependencia per cápita, hasta un 48% por debajo de la media. Concretamente, si en España el gasto en dependencia alcanza los 382 euros por persona, en la media de la UE se sitúa en los 566 euros. El país que más destina a estos cuidados es Dinamarca, donde se alcanzan los 2.401 euros por persona dependiente.

En este sentido, desde el plano de los cuidados también se abre una puerta al incremento de los gastos públicos asociados al envejecimiento. En términos de tasa promedio anual y solamente en la última década, la longevidad ha provocado un fuerte incremento del gasto sanitario, farmacéutico y en cuidados para la dependencia en torno a 7 puntos porcentuales, provocando un desplazamiento de los diferentes consumos de las familias desde gastos corrientes hacia gastos de largo plazo vinculados a servicios sanitarios y aseguradores.

En los próximos años, en términos anuales, los hogares mayores de 65 años gastarán de media entre 1.500 y 1.900 euros en servicios de salud, mientras que el gasto en seguros de salud se elevará en torno a 1.200 euros. Sin embargo, tomando el desglose de la partida de seguros, muestra la extensión de la demanda de seguros, donde el peso per cápita se reparte entre salud, transporte (580 euros), decesos (321 euros) o vivienda (280 euros).

Si bien esta tendencia es generalizada en las sociedades desarrolladas, los efectos no son ni mucho menos homogéneos en las diferentes economías ni tampoco cómo se está desarrollando cada proceso. Mientras que en Alemania o Reino Unido el gasto sanitario tiene un mayor equilibrio financiero gracias a la combinación de una financiación prove

niente del sector público (en muchos casos con carácter subsidiario) y una financiación proveniente del sector privado (el peso de los seguros) y planificación de la protección en las carteras de los hogares alemanes es del 36,1% y del 160,7% en los hogares británicos, con una cultura tradicional aseguradora muy arraigada), en España más del 90% es financiado por las arcas públicas y menos del 10% por financiación privada donde la protección apenas supone el 12,9% del total de los activos en el balance familiar según los datos de la Encuesta Financiera del Banco Central Europeo.

Por tanto, el sector público enfrenta un reto de dimensiones desconocidas en materia de sanidad y dependencia en caso –como todo parece indicar– de que siga siendo el cuasi monopolista de la provisión de estos dos bienes públicos. En primer lugar, ya a corto plazo, tiene que enfrentar el fuerte incremento del gasto sanitario, con especial hincapié no solo en los mayores de 65 años sino también de forma inesperada en la cohorte más joven (los menores de 30 años) tomando en consideración en el presupuesto familiar tanto el gasto privado en salud como también la proporción per cápita del gasto público sanitario.

En segundo lugar, también a corto plazo, se deja notar el efecto sobre las cuentas públicas y muy especialmente sobre la evolución de la deuda pública que es el método fundamental de financiación del sistema sanitario y de dependencia. En total, a cada español le corresponden 24.454,72 euros de deuda total. Tomando el modelo más frecuente de familia (tres miembros), la deuda total por familia asciende a 73.364,15 euros. Estas cifras solo incluyen la deuda PDE (Protocolo de Déficit Excesivo), lo cual significa que no toda la deuda pública está computada: falta la que suponen las empresas públicas, universidades públicas, fundaciones… Pero en este contexto, es fundamental introducir elementos de transparencia para detallar a qué se destina la deuda emitida por las diferentes AAPP, sin perder de vista que la deuda pública no tiene carácter finalista, salvo casos excepcionales.

España, en este sentido, marca una diferencia importante con respecto a la Unión Europea y también con respecto a otros países que han recorrido previamente el fenómeno de la longevidad como Japón. Allí incluso se ha producido ya una caída del gasto sanitario, dado que Japón es uno de los países donde está más extendida la provisión médica y farmacéutica que ha permitido investigar más acerca de las enfermedades y la elaboración de métodos para combatirlas.

El reto, por consiguiente, está en construir modelos sostenibles de atención a los mayores, estilos de vida saludables, reforzar su papel en el ámbito familiar, ayudar a la conciliación y, en las etapas más tempranas, tener una jubilación activa. Así, vistas las dificultades financieras que atraviesa la Seguridad Social para afrontar el incremento de los gastos asociado al shock económico provocado por la pandemia, los economistas recomiendan al Gobierno articular un colchón anticíclico que garantice el pago de las pensiones, la sanidad y la dependencia con una dotación de al menos 56.000 millones de euros en un plazo de 10 años, ante posibles crisis.