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Escrivá avanzó en la UE la ampliación del periodo de cálculo
El ministro explicó sus planes antes del Diálogo Social y el Pacto de Toledo. La vinculación con el IPC obliga al Ejecutivo a medidas compensatorias sobre el gasto
La reforma de las pensiones será una de las grandes tareas que tendrá el Gobierno sobre la mesa este semestre. Resultará clave para que España pueda desbloquear los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de recuperación de la UE.
El pasado mes de diciembre, el debate se agitó al conocerse que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, planteó a sus colegas del área económica del Gobierno elevar el periodo de cotización para el cálculo de las pensiones de 25 a 35 años.
La propuesta llegó por sorpresa porque no había sido incluida en las recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas el mes anterior. Tampoco había si
do discutida con los agentes sociales, ni formaba parte del acuerdo de coalición con Unidas Podemos.
Si no salió del foro parlamentario ni del diálogo social, todas las miradas fueron a Bruselas, ya que Escrivá y su equipo estaban discutiendo con la Comisión Europea cómo reforzar la sostenibilidad de las pensiones españolas, la eterna demanda del Ejecutivo comunitario.
Pero la propuesta no salió de ese intercambio con la Comisión ni tenía las huellas de los técnicos comunitarios. Escrivá llegó ya con esta idea al encuentro que mantuvo en Bruselas con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, el 1 de octubre para empezar a preparar esta y otras reformas fundamentales del plan de recuperación español.
Según informan fuentes comunitarias a elEconomista, Escrivá incluyó la ampliación del periodo de cotización para calcular la pensión en su presentación sobre la situación del sistema público de pensiones y sus ideas para garantizar la sostenibilidad. Las fuentes consultadas explican que, durante el encuentro, en el que también se habló de políticas activas de empleo y del salario mínimo, Escrivá igualmente insistió en retrasar la edad real de jubilación, como otra herramienta para apuntalar el sistema.
El ministro también defendió el factor de revalorización de las pensiones para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Es decir, eliminar el factor de sostenibilidad introducido por la reforma del PP, que limita la revalorización de la paga de pensionistas al 0,25%, lo que disparará aún más el gasto y agrandará el déficit de la Seguridad Social.
Tal y como avisó en una entrevista con elEconomista el vicepresidente de la Comisión al cargo de Economía, Valdis Dombrovskis, el Ejecutivo comunitario tiene cuestiones “importantes” por aclarar con el Gobierno sobre la reforma de las pensiones.
140.000
Son los millones de euros para la recuperación que ofrece la UE a España a cambio de reformas
Las fuentes comunitarias explican que la Comisión tiene “bastantes dudas” sobre el impacto a medio y largo plazo de los cambios que cocina el Gobierno. No solo preocupa la eliminación del factor de sostenibilidad, que no ha llegado a ser utilizado, sino también la situación del mercado laboral español que y la evolución demográfica.
Tras el encuentro con Gentiloni, las discusiones con el Ejecutivo comunitario han continuado a nivel técnico entre el equipo de Escrivá y los funcionarios de la Comisión, escépticos con los números que está presentando Madrid para armar su propuesta. EsiStock
crivá tendrá que cerrar una propuesta que convenza a Bruselas, que reciba el visto bueno de los agentes sociales y que siga las recomendaciones que salieron del Pacto de Toledo.
Fuentes del Ministerio de Inclusión explican que la propuesta aún no está cerrada ya que el diálogo con los agentes sociales continúa, aunque la discusión está “bastante avanzada”. No confirman si se incluirá, y de qué manera, la ampliación del periodo de cotización, dado que dependerá del encaje con otros elementos para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Eso sí, subrayan que la reforma “garantizará el poder adquisitivo de las pensiones”, lo que obligará a incluir factores compensatorios como pide Bruselas. Desde el ministerio esperan cerrar con la patronal y sindicatos los mimbres de la propuesta en las próximas semanas, para ser trasladada posteriormente a Bruselas y al resto de partidos.
Además, argumentan que el Pacto de Toledo sí daba un mandato para trabajar con los periodos de cotización para el cálculo de la pensión, en el caso de los “los casos de vidas laborales muy prolongadas” o para eliminar las lagunas en la cotización.
No es la primera vez que Escrivá defiende la ampliación del periodo de cotización a 35 años. Fue una de las recomendaciones que incluyó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) bajo su presidencia en enero de 2019, aunque fue considerada como una reforma profunda “a largo plazo”. Sin embargo, según los cálculos del propio Gobierno que se plasmaron en los borradores intermedios previos a la formalización del texto enviado a Bruselas, esta ampliación de diez años en el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión implica, de media, un recorte del 6,3% en las nuevas jubilaciones.
Cabe recordar que si bien se trata de un refuerzo de la contributividad del Sistema (pagas en proporción de lo que se ha aportado durante la vida laboral) también implica que en el cálculo de la cuantía se tendrán en cuenta los peores años de cotización, los de
Ampliar de 25 años a 35 años el periodo de cálculo de la pensión conllevaría recortes del 6,3%
acceso al mercado laboral tras los procesos de formación y aprendizaje, y que por lo tanto tienen remuneraciones más bajas. A cambio, el Ejecutivo estudiará la posibilidad de excluir del cálculo los peores años de trabajo, o se estudiará la posibilidad de que las Seguridad Social cubra las conocidas como lagunas de cotización.
Las pensiones, junto con la reforma laboral, son los dos últimos bloques que tiene que finalizar el Gobierno y enviar a Bruselas de su plan de recuperación, que incluye 30 líneas de acción -30 componentes-, combinando inversiones y reformas.
Acceso a los fondos
Este plan servirá para acceder a los 140.000 millones que le corresponden a España del estímulo europeo, una vez la Comisión y los Estados miembros validen la propuesta de Madrid, lo que podría suceder hacia finales de primavera.
Además, la Comisión también está prestando una especial atención a los planes de España para aplicar la Ley de Unidad de Mercado, y terminar así con la fragmentación
regulatoria en nuestro territorio.