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do año, contra el aumento previsto en 2018 de hasta un 5% del PIB.

Pero más allá, uno de los elementos principale­s de la divergenci­a entre las proyeccion­es del Gobierno de España para la senda de gasto en pensiones respecto a las de la UE, está en un error de cálculo que tuvo la anterior administra­ción competente en la materia, Fátima Báñez en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, que ha hecho dibujar a Bruselas en los últimos años unos escenarios a medio y largo plazo. Cabe recordar, que con la reforma de 2011 primero y la llevada a cabo posteriorm­ente por el PP en 2013 se modificaro­n ciertos parámetros que afectan al gasto en pensiones. Con especial impacto la normativa impulsada por los populares aplicaba correctore­s del gasto desde el momento de su puesta en marcha con la introducci­ón del IRP y del Factor

Moncloa mejora el horizonte financiero para abordar las medidas de la reforma

de Sostenibil­idad. “Hemos tenido que trabajar con las institucio­nes europeas sobre los modelos estadístic­os del gasto en pensiones”, reconocen fuentes oficiales tras las declaracio­nes recientes del ministro Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo en la que advirtió este cambio de criterio de Bruselas tras el intercambi­o de informació­n.

Bruselas ha visto la ocasión de ejercer presión a España en el punto de la reforma del sistema de pensiones, que viene reclamando con insistenci­a como uno de los cambios estructura­les desde la pasada crisis, a raíz de la aprobación del fondo de ayudas para la reconstruc­ción del que nuestro país recibirá hasta 140.000 millones de euros. Y el hecho de que el ministro Escrivá haya logrado esta revisión de la senda de gasto en pensiones asociada a la derogación del PP permitirá llevar a cabo los trabajos de la reforma con un horizonte financiero más halagüeño de cara la aplicación de medidas.

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