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Escrivá facilitará la opción de jubilación anticipada antes de la reforma
El Ejecutivo espera aprobar los nuevos coeficientes reductores este año y busca que la reforma no afecte a quienes planean ya su retiro laboral.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, insistió en la entrevista realizada con elEconomista en que la reforma de pensiones que negocia el Gobierno con los agentes sociales en este momento no afectará a aquellos trabajadores y ciudadanos que estén en este momento a punto de jubilarse o preparando una salida anticipada del mercado laboral. Ahora, fuentes de Moncloa confirman a este medio que en efecto se abrirá una ventana hasta el próximo 30 de septiembre para que las empresas den a conocer sus planes de ajuste de plantilla para los próximos meses y, más concretamente, sobre las posibles salidas por la vía de la jubilación anticipada y así garantizar que estos trabajadores no se vean afectados por el endurecimiento de los coeficientes reductores, que precisamente se agravarán en la cohorte de las rentas más altas -ya que son estas las que más anticipan la jubilación y donde más se eleva la penalización, mientras que se reduce en el 90% de casos restantes-.
En este sentido, el Gobierno mantendrá para estos trabajadores el esquema actual de penalizaciones, que el propio ministro Escrivá califica de “regresivo” por afectar cuatro veces más a las rentas bajas y medias que asumen reducciones en sus pensiones de hasta el 16% por el anticipo mientras que las rentas altas asumen un 4% de rebaja al verse beneficiados por el efecto de aplicar las penalizaciones sobre la base reguladora y no la pensión.
De este modo, las fuentes consultadas apuntan que el objetivo es que nadie sufra un gran perjuicio por causar una jubilación voluntaria justo en el momento en el que se aprueba el nuevo esquema de penalizaciones. Cabe recordar en este punto, que no solo la propia inercia de la reforma podría empujar a empresas y trabajadores a decidir, en según que situaciones, por el retiro anticipado como medida de ajuste de plantilla. Sino que la situación coyuntural del mercado laboral, con más de medio millón de trabajadores aún afectados por Erte hace que en
muchos casos se pueda decidir esta resolución para algunos trabajadores cercanos a la jubilación.
De este modo, no solo sería una medida enfocada a la resolución de ciertos Erte por la vía de la jubilación anticipada, sino que sería una medida de carácter general, que afectaría a la totalidad del tejido productivo de nuestro país.
Falta detallar las condiciones
Aunque no se conocen detalles y condiciones de la medida, se llevarse a cabo la apertura de esta ventana de jubilación anticipada, más allá, el Gobierno terminaría por despejar el camino para la aprobación de la primera parte de la reforma de pensiones que incluirá además de esta revisión del esquema de penalizaciones para la jubilación anticipada, la ley que vinculará la revalorización de las pensiones con el IPC y que dará la puntilla a la reforma del PP aprobada en 2013.
En este sentido, en el pasado año 2020 se produjeron en España un total de 285.870 altas de jubilación en la Seguridad Social. De ellas, 109.581, es decir, un 38,3% de las jubilaciones se produjeron antes de los 65 años, la edad fijada por ley para el retiro en el pasado ejercicio. Y de estas últimas, 54.000 altas de jubilación anticipada se produjeron de forma voluntaria, es decir, un 49,2% de todas las altas prematuras se dieron por un anticipo del retiro buscado por el trabajador y no forzado.
El Ministerio de Seguridad Social lleva meses inmerso en su proyecto de reforma de las pensiones, que tiene como objetivo ajustar las diferencias entre la edad de jubilación real y la jubilación efectiva. Entre las medidas planteadas al Pacto de Toledo se encuentra la mayor penalización a la jubilación anticipada. El boceto que anunció el ministro José Luis Escrivá en lo referente a ese tema contemplaba el aumento de las reducciones a esas jubilaciones anticipadas y que las reducciones no se llevasen a cabo sobre la base reguladora, sino sobre la cuantía. Además, los coeficientes reductores pasen a ser mensuales en lugar de trimestrales.
Todas estas circunstancias dejarán, cuando se apruebe la reforma, la jubilación anticipada como una alternativa diferente. A pesar de la oposición inicial de los sindicatos en las negociaciones con Escrivá, si esta opción sale adelante lo hará con el objetivo de empujar a los trabajadores a alargar su vida laboral. Hasta entonces, se mantienen las actuales condiciones para este tipo de jubilaciones anticipadas.
El Gobierno ha deslizado una propuesta a los agentes sociales en el marco de la negociación para la reforma del sistema público de pensiones para que
Casi 110.000 jubilaciones en 2020 fueron de forma anticipada, el 38,3% del total
los convenios de empresa que incluyen cláusulas de jubilación forzosa demoren en un año el límite en el que estarían capacitados para prescindir de estos puestos de trabajo cercanos al retiro laboral. Concretamente, la medida se encuadra dentro del pliego de actuaciones que prevé impulsar el Ejecutivo para tratar de nivelar en nuestro país la edad efectiva de jubilación (64,5 años) y la edad legal (66 años en 2021), y busca acotar ciertos modelos de convenio empresarial que por contrato permiten la expulsión de su puesto de trabajo del empleado antes de alcanzar la edad legal de retiro. En lo que propone el Gobierno que estos convenios se amplíen en un año sobre la edad legal de jubilación para poder forzar la salida del trabajador -hasta los 68 años en 2027 cuando la edad legal sean 67 años-.