La inflación marca máximos de los últimos 12 años y amenaza con desbocar el gasto público

mos por un lado con la previsión de inflación para el conjunto de 2021 que será la medida para la revalorización ordinaria en virtud al acuerdo para la reforma de pensiones que fija como listón la media IPC del año anterior, y que según la previsión de Funcas se situará en el 2,5%. Aquí, según la referencia de Fedea, que estima que cada 2 puntos de subida para las pensiones, el gasto se incrementa en 2.500 millones de euros, por lo que la revalorización prevista alcanzaría los 3.000 millones de euros en el conjunto del próximo año.

Además, si la subida de este 2021 fue del 0,9%, similar a la del pasado año, y se toma finalmente el IPC de los doce meses previos como referencia para la paguilla compensatoria, la desviación prevista a finales del año sería del 1,6% y el coste de ese abono para el mes de febrero ascendería a los 2.000 millones de euros. En suma, las dos subidas costarían a las arcas de la Seguridad Social unos 5.000 millones de euros. Que se sumarían, más allá, a la ya mastodóntica factura anual de pensiones que en el presente ejercicio compromete más de 163.000 millones de euros del Presupuesto General y que mantendrá una senda de crecimiento.

Si el precio de la electricidad no descendiera y se mantuviera estable, al igual que el petróleo, Funcas calcula que la tasa interanual de diciembre sería del 4,5%, con una media anual del 2,8%. Para 2022 dichas tasas se situarían en el 1,6% y 2,7%, respectivamente. “La electricidad se ha convertido en el componente más volátil y determinante de las fluctuaciones del IPC, frente al petróleo, relativamente estable, y, por tanto, con menor incidencia en los precios”, explica Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas.