El Economista - elEconomista Pensiones
El golpe fiscal a planes de pensiones reducirá un 40% el ahorro privado
El Gobierno incorpora en los Presupuestos Generales de 2022 una nueva revisión de la fiscalidad del ahorro. Se reduce a 1.500 euros el límite de aportaciones anuales a planes del sistema individual sujetas a desgravación de IRPF y se eleva a 8.500 euros e
La nueva vuelta de tuerca que prepara el Gobierno para la fiscalidad del ahorro en los Presupuestos Generales de 2022 podría suponer, lejos de un incentivo para incrementar la base de ahorro financiero, un golpe casi definitivo para parte del mercado, concretamente, para el segmento de planes de pensiones del sistema individual. Tal y como advierten desde el sector, ya para este ejercicio, las aportaciones a los planes del sistema individual se van a reducir un 40% de media, y la industria espera mayores caídas de flujo de ahorro para el próximo año cuando entrará en vigor la nueva revisión del esquema fiscal.
Concretamente, para el próximo año, el Gobierno prevé una nueva rebaja a 1.500 euros anuales el máximo de aportación que puede desgravarse en el IRPF por planes individuales de pensiones. Ya el año pasado ya se bajó de 8.000 euros a 2.000 euros este tope de aportaciones deducible para los planes individuales en aras de fomentar más los colectivos.
No en vano, en paralelo, se eleva hasta los 8.500 euros la aportación deducible en el caso de los planes colectivos o de empresa, según han detallado fuentes del Ministerio de Hacienda tras el Consejo de Ministros extraordinario en el que se han aprobado las cuentas para 2022. El Ejecutivo busca con esta medida armar una doble vía de actuación para revolucionar la historia del ahorro privado en nuestro país, virando hacia modelos más extendidos en el resto de Europa donde la previsión individual supone una parte fundamental de paga de jubilación.
Si embargo, los efectos del proceso de desplazamiento de los incentivos fiscales desde el sistema individual al sistema colectivo como pilar complementario para la jubilación ha provocado ya que las aportaciones a planes de pensiones se hayan reducido un 94% en el primer semestre de 2021, al registrar unas captaciones por importe de 79 millones de euros, que contrastan con los 846 millones del mismo periodo del año anterior. Un descenso que podría estar provocado, principalmente, por la reducción de la aportación máxima de los planes de pensiones con derecho a deducción en el IRPF.
“Esta medida afectará negativamente al conjunto de los trabajadores y, en especial, a los autónomos”, apuntan
desde Inverco, patronal principal de las gestoras de planes de pensiones en España y Unespa, que aglutina y representa a la mayoría de aseguradoras de nuestro país. Apuntan al respecto, que “debe mejorarse y no perjudicarse de nuevo el tratamiento de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria” y recuerdan que en España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados, “de nuevo”, con carácter directo e inmediato por la medida, recién anunciada. “Muchos de ellos son empleados por cuenta propia”, advierten.
Inverco y Unespa advierten: los autónomos y pymes serán los colectivos más agraviados
Precisamente, cabe recordar que el principal objetivo del Gobierno pasa por incentivar los niveles de ahorro en el ámbito de las empresas y trabajadores como principal potenciador de la base de previsión complementaria para la contingencia de jubilación. Se apoya así el Ejecutivo en el informe de AIReF sobre la evaluación del gasto público del 2019, que pone de manifiesto la regresividad fiscal de los actuales planes de pensiones que “introduce un elemento de regresividad en el impuesto sobre la renta”. Y además, la evaluación arroja que no se logra alcanzar el objetivo del diferimiento fiscal que no es otro que el de incentivar el ahorro a largo plazo complemento al sistema público de pensiones. Por ello, ya la AIReF indica al Ejecutivo la necesidad de reformulación completa del beneficio fiscal de manera coherente con las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo sobre ahorro complementario.
“La reforma que propone el Gobierno va a tener efectos indeseados, como ya se está observando con la que fue aprobada el pasado año. Con los nuevos límites, la cuantía de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual va a ser claramente insuficiente. A razón de 1.500 euros por año, un trabajador podría acumular 60.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan a ese trabajador una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual que a duras penas servirá para complementar la pensión pública del trabajador y garantizarle unos ingresos totales adecuados” advierten Inverco y Unespa.
Adicionalmente, recuerda las patronales que hay que tener presente la irregularidad de los ingresos del trabajo. Y señala al respecto que las crisis económicas son fenómenos cíclicos y se materializan varias veces a lo largo de la vida laboral de las personas, como demuestra la experiencia de las primeras dos décadas del siglo XXI. “Por este motivo, debe permitirse a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos. Los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral”, señalan Inverco y Unespa como una de las propuestas alternativa al desplazamiento de incentivos y que podría también ser un dinamizado del ahorro y de la industria de planes de pensiones en nuestro país.
“Desde el punto de vista de la Hacienda Pública, la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación. Es decir, su tratamiento fiscal no genera beneficios”, explican desde las
450
Son los millones de euros de coste fiscal neto para las arcas públicas de la exención de IRPF
patronales de gestoras. “La reducción en la base imponible del IRPF de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones. Por lo tanto, toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo”.
Aseguran que la medida afectaría especialmente a autónomos y empleados de pymes, donde el ahorro colectivo apenas está presente y al resto de población ocupada sin acceso a este tipo de ahorro.