El injustificado hachazo a los planes de pensiones individuales

Mucho han cambiado los esquemas de la Seguridad Social desde su creación en 1881 en Alemania por el canciller Bismarck. El envejecimiento de la población y la caída de la tasa de natalidad ha hecho que las tesis maltusianas, basadas en un fuerte incremento de la población, hoy no sean de aplicación. Sin ese fuerte aumento de personas el sistema de reparto, el adoptado por nuestro país en la pensión pública, hace que la financiación, suficiencia y equidad generacional quede en entredicho.

El sistema de reparto es que los trabajadores en activo con sus contribuciones financien las pensiones que en estos momentos cobran nuestros pensionistas, a cambio, los que contribuimos tenemos el compromiso de que las nuevas generaciones se encargarán de pagarnos nuestras pensiones. Ahora bien, este compromiso se hará muy costoso en el futuro para los que tengan que cubrir con sus aportaciones el pago de las pensiones futuras, cuando las sociedades se van envejeciendo.

Ante este problema los sistemas de pensiones mundiales han buscado dos pilares a añadir al primero, el de la pensión pública contributiva. Estos dos pilares son los sistemas de pensiones de los empleados y los sistemas privados. Hoy en día es práctica, casi generalizada, en los países, especialmente los de las principales economías, que haya un esquema de protección basado en estos tres pilares: el público, el de los sistemas de planes de empresas y el individual. Este último se nutre de las aportaciones que los trabajadores, a motu proprio, van ahorrando de cara a su jubilación.

España, como antes otros países, ha ido acumulando problemas con la financiación de las pensiones. El primer pilar, el público, está amenazado y es necesario una reforma en condiciones, duradera, estudiada, consensuada y alejada lo más posible de la política. El segundo pilar, aportaciones conjuntas empresa y empleado, salvo la muy honrosa excepción del País Vasco y sus Entidades de Previsión Social Voluntaria, no ha tenido el éxito o desarrollo que debería tener.

El ministro Escrivá, en un empeño loable y muy acertado, quiere potenciar fuertemente esta figura. Por supuesto habrá que ver su desarrollo, instrumentalización y cuestiones técnicas que espero supongan un gran empuje para este segundo pilar y que suponga un éxito. Se van conociendo algunos aspectos, pero hasta no tener el diseño total es apresurado poder hacer una valoración.

Ahora bien al unísono desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están legislando muy desfavorablemente contra los planes de pensiones privados, el tercer pilar. No ha sido en exclusiva, ni mucho menos, de este Ejecutivo el que ha ido recortando la aportación máxima que se puede hacer a la previsión voluntaria para complementar la pensión; el Gobierno de Rajoy ya recortó la cantidad máxima. Esta vez, con el actual Gobierno la reducción a un tope de 1.500 euros año y con la intención manifestada de rebajarla hasta solo 1.000 euros, a mi parecer, es desacertada y va en dirección contraria a la necesidad.

España es un país donde el peso en la estructura empresarial de las pymes, micropymes y autónomas es muy acusado. Este tipo de empresas, en muchos casos, no tiene las palancas ni el músculo suficiente para incrementar sus costes laborales, algo que en el actual momento puede ser otra piedra que les lastre. En España, además, la economía sumergida, aquella que no cotiza a la Seguridad Social, está muy extendida y alcanza los niveles más altos de la Unión Europea.

Lo importante no es hacia dónde dirigir los ahorros para la previsión, sino incrementar ese ahorro

Habrá que ver si estos fondos de empleo no son utilizados o desviados a la compra masiva de deuda pública española o proyectos de financiación pública, más con el enorme saldo acumulado durante las dos crisis consecutivas que hemos ido acumulando. Pensemos que la comisión de control del fondo, quienes marcan las líneas de inversión, estará dominada por personas dependientes del Ministerio. La composición de esta comisión será de nueve miembros del Ministerio, cuatro de los sindicatos y cuatro de la patronal.

Para todos los expertos e interesados en cuanto a la necesidad de ahorrar para la jubilación, lo importante es concienciar a los trabajadores de la necesidad de ahorrar, promover el mismo y generar hábitos de ahorro de cara a la jubilación. El hachazo recibido a las aportaciones a los planes individuales no va por ese camino, lo desincentiva y reduce la posibilidad de ahorro. Lo importante no es hacia dónde dirigir los ahorros para la previsión, sino incrementar ese ahorro. Qué razón existe para que un autónomo pueda llevar hasta 8.500 euros al plan pública y no pueda hacerlo hacia uno privado. Ambos tienen el mismos objetivo, tendrán medidas similares sino iguales en cuanto a la liquidez.

Los planes de pensiones individuales permiten, dado el abanico de posibilidades de inversión, que las personas opten a aquellos perfiles de inversión más adecuados a sus intereses. La posibilidad de traspaso entre estos fondos, algo que no se podrá hacer previsiblemente con los de empleo, hacen que la gestión activa por parte de los partícipes sea mucho mas ágil y eficaz.

Insisto, el empeño del ministro debe ser valorado positivamente, si bien actuaciones como bajar el tope de aportaciones a los planes individuales son medidas, como mínimo, contradictorias. Hasta que no leamos la letra pequeña, la articulación jurídica y formal de los nuevos planes de empleo, es muy prematuro valorar en toda su extensión y completo análisis de esta medida.