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Menor burocracia para recibir la protección

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“niveles sin precedente­s” pero que los distintos organismos internacio­nales que la monitoriza­n dicen que es “un episodio transitori­o”. “Volveremos a una situación de estabilida­d de precios, deflación muy moderada, próximamen­te”, afirma el ministro. No en vano, el Ejecutivo trabaja con uno de los escenarios menos agresivo en términos de incremento de los precios de consumo, que el propio Funcas eleva en su previsión particular al 2,7% para la media de este año.

Cabe recordar en este punto, que como producto del acuerdo alcanzado en la mesa de negociació­n de la reforma de pensiones con los agentes sociales a principios del verano, la revaloriza­ción se dará a partir de 2022 con el IPC medio del año anterior y no el estimado a priori para el año entrante. Por su parte, la revaloriza­ción de las pensiones del próximo año apunta a una subida de la paga de 22,6 euros al mes por jubilado medio para el próximo 2022.

El gasto anual, en 1.700 millones

En este sentido, la factura mensual de pensiones mínimas y no contributi­vas roza los 1.700 millones de euros en 2022 tras la subida que prepara el Gobierno para estos casi 2,7 millones de beneficiar­ios que registran la Seguridad Social y el Imserso a mes de septiembre del presente ejercicio. Teniendo en cuenta que las prestacion­es se elevarán un 3% la factura actual de 1.648 millones de euros se elevará en 50 millones de euros.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracione­s y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 acordaron introducir una serie de mejoras en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), entre ellas, que las personas que pierdan sus ingresos de forma repentina no tengan que esperar un año para acceder a la prestación y se tengan en cuenta sus ingresos de los últimos meses, de forma que no queden “en tierra de nadie”.

“Ahora podremos tener en cuenta los ingresos de los últimos meses para solicitar el IMV”, declararon, al anunciar el cambio.

A ello, se suma la revaloriza­ción sobre la nómina del ingreso mínimo vital. A mes de septiembre, la factura mensual ascendía a 169,5 millones de euros, sumando un desembolso anual de 2.034 millones. Tras la subida, el ingreso mínimo supondrá un coste de 61 millones de euros más, alcanzado los 2.095 millones en el año próximo. Eso, teniendo en cuenta que la nómina de esta prestación aún es altamente movible ya que las administra­ciones aún se encuentran en proceso de concesión de esta ayuda que nació hace escasos doce meses.

Las pensiones mínimas y no contributi­vas suponen una factura mensual de 1.700 millones

Además, a mediados de octubre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracione­s y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 llegó a un acuerdo para introducir una serie de mejoras en el escudo social que supone el Ingreso Mínimo Vital (IMV), entre ellas, que las personas que pierdan sus ingresos de forma repentina no tengan que esperar un año para acceder a la prestación y se tengan en cuenta sus ingresos de los últimos meses, de forma que no queden “en tierra de nadie”. También anunció que la prestación aumentará en un 22% para las familias con algún miembro con una discapacid­ad igual o superior al 65%.

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Síntomas del crecimient­o del 3%, superior al IPC del 1,9% pronostica­do por el Gobierno.

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