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El Gobierno ‘pierde’ el apoyo del Pacto de Toledo en la primera parte de la reforma
El cruce de propuestas en la mesa de diálogo social terminó por echar por tierra el acuerdo político de 2020. La primera pata de la reforma contó con la oposición de los partidos políticos representados en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Soci
Los últimos meses de negociación y cruce de propuestas del Gobierno para la reforma del sistema de pensiones en la mesa de diálogo social, impregnadas por la polémica, han terminado por hacer mella en el amplio consenso político alcanzado en octubre de 2020 en el seno del Pacto de Toledo, donde el acuerdo de recomendaciones recibió el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción de tres abstenciones, y sin ningún voto en contra, justo antes de que se elevase su votación al Congreso. Durante el proceso de la votación de las enmiendas que se incluyeron en el proyecto de ley de la reforma de la Seguridad Social con los puntos acordados por Gobierno y agentes sociales el pasado mes de julio, los partidos políticos representados en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, terminaron por mostrar su rechazo al texto votado a comienzos del mes de diciembre en la Parlamento, con la abstención de EH-Bildu y el voto en contra del proyecto de ley de las formaciones de PP, Vox, Ciudadanos y la CUP.
De este modo, los avales a la reforma fueron del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV y Compromís, que también fueron los mismos que dieron luz verde a la reforma de forma definitiva en el trámite parlamentario. Cabe recordar, que esta primera parte debe estar aprobada antes de que finalice el año para cumplir con los compromisos adoptados en Bruselas y recibir los 12.000 millones de euros de los fondos de reconstrucción correspondientes al segundo pago semestral a partir de enero de 2022. Sin embargo, el acuerdo tan amplio alcanzado un año para las recomendaciones del Pacto de Toledo no volverá a repetirse para la votación que finalmente pondrá en marcha la reforma en nuestro país este año.
Ya a mediados de noviembre, con la firma del Ejecutivo y de la Comisión Europea del calendario definitivo de medidas y la memoria económica de las mismas saltó la chispa en el seno del Pacto de Toledo, al aparecer negro sobre blanco el compromiso de elevar el periodo de cálculo para la base reguladora de la pensión, que si bien aparece reflejado en una de las recomendaciones sobre adecuación de las carreras de cotización, fuentes del Pacto de
Toledo confirma a elEconomista que nunca se planteó esta medida como un mandato y que sin embargo se invocaba en el texto a un análisis previo, subsiguiente negociación en la Comisión para su posterior modificación legislativa. Ahora, se confirma esta “patada hacia adelante” del Ejecutivo, que legislará sin el apoyo de casi la mita del Congreso de los Diputados. Habiendo perdido por el camino de la negociación en la mesa tripartita ese amplio consenso político del Pacto de Toledo.
Las enmiendas
La reforma, impulsada por el Gobierno a partir del acuerdo alcanzado en junio con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme y de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, deroga las principales medidas de la reforma del PP de 2013, recuperando el IPC como referencia a la hora de subir las pensiones y acabando con el factor de sostenibilidad, que preveía recortes en la cuantía de la pensión conforme aumentaba la esperanza de vida. También contempla incentivos y penalizaciones para retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal, y establece por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Tras su paso de la ponencia, el proyecto incorporó el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que prevé un aumento temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social de 0,6 puntos durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar el Fondo
de Reserva de cara a la jubilación de las generaciones del baby boom. Este mecanismo ha sido votado por separado, a petición de Ciudadanos, y ha sido avalado con votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y Compromís, mientras que PP, Vox, Ciudadanos y la CUP votaron en contra.
Otros cambios incorporados en fase de ponencia es la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho, y el reconocimiento
0,6
El nuevo mecanismo de equidad incorpora un aumento temporal de las cotizaciones del 0,6%
de un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros mensuales.
Auditoría de gastos
Por otro lado, la reforma de pensiones mandata al Gobierno por ley a revisar los criterios para determinar la cuantía de las pensiones mínimas para garantizar su suficiencia, a reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para personas discapacitadas y a auditar los gastos asumidos por la Seguridad Social, de naturaleza contributiva y no contributiva.