El rechazo de los empresarios zarandea a Escrivá

Según está actualmente la legislación, sí solo aportase el trabajador, o solo el empresario, el máximo sería de 1.500 euros anuales, por lo que esos 301 euros equivaldrían al 20% de la aportación del empresario. Si se compara con 2013, se reduciría de la base los 1.500 euros, con un ahorro en la cuota de 473,25 euros, más otros 150 euros en sociedades, con un ahorro total de 623,25 euros, el 41% de la aportación.

Sin embargo, la ley actual permite que ese límite se incremente en 8.500 euros, es decir, hasta 10.000 euros, siempre que tal aumento provenga de contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión.

Coeficientes para el empleado

El nuevo texto sometido a los agentes sociales con los que está negociando el Ministerio que dirige José Luis Escrivá -aunque el Anteproyecto también será firmado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño- permite que los trabajadores aporten más dinero que la empresa, aunque con limitaciones en función de la cantidad que done la empresa al plan.

Así, establece unos coeficientes que determinan cuál es la aportación tope que puede ingresar el empleado al plan de forma voluntaria. Si el empresario pone menos de 500 euros, el coeficiente es el 2,5, lo que permite un añadido de hasta 1.250 euros del trabajador; entre 500,01 y 1.000 euros el coeficiente baja a 2, permitiendo un máximo de 2.000 euros al asalariado; entre 1.001,01 y 1.500 euros, el coeficiente es del 1,5 con un tope de 2.250 euros al trabajador, y si el empresario aporta más de 1.500 euros, el trabajador sólo podrá igualar esa cantidad.

Eso implica que para llegar al tope de los 10.000 euros que establece la norma, cada parte debería aportar 5.000 euros al año al fondo.

Con fecha de febrero, pero sin día

El Anteproyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones que modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes de Fondos de Pensiones (de 2002) lleva ya meses de retraso.

El ministro José Luis Escrivá anunció a finales del año pasado que estaría aprobado antes de enero. Desde entonces, el rumor semanal es que se presentará en el “próximo” Consejo de Ministros. De hecho, entre las fuentes consultadas por este diario, unas apuntan que podría ser aprobado este próximo martes 8 de febrero, mientras que otras hablan del siguiente. Desde el Ministerio se habla de aprobación inminente.

Fuentes de los negociadores apuntan a este medio que en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha caído como un jarro de agua fría el fuerte rechazo mostrado por la patronal CEOE al texto hasta el punto de que no descartan recurrir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) e, incluso, acudir a instancias judiciales. Lo que podría retrasar su aprobación en busca de una redacción que genere mayores consensos.

Aunque el primer plazo impuesto por Escrivá, el mes de enero, no pudo cumplirse, el segundo intento es no pasar de febrero. Algo que queda patente en el propio borrador, al que ha tenido acceso este diario, que encima de las firmas de los ministros José Luis Escrivá Belmonte y Nadia Calviño Santamaría aparece como fecha de aprobación este mes. Aunque, como es usual en los borradores de normas, va sin día.

El Gobierno entregó un último borrador del Anteproyecto al que tuvo acceso ‘elEconomista’

Una norma que se presenta como necesaria en la propia Exposición de Motivos que desvela un dato inexistente en los anteriores borradores: “llama la atención que en España el nivel de ahorro a través de los planes de pensiones de empleo no llegue al 1% de la masa salarial de la población activa”.

Trabajador en los años previos a la jubilación.